El excandidato en las presidenciales de 2014 en Panamá, José Domingo Arias, fue retenido cuando trataba de abandonar el país y conducido este martes a la fiscalía, que lo investiga por posibles donaciones de la constructora brasileña a su campaña, informó su abogado.
Arias, del partido del exmandatario Ricardo Martinelli, fue interceptado en el aeropuerto Internacional de Tocumen y enviado a la Fiscalía Anticorrupción para aportar a la indagatoria.
"Él no tiene ningún tipo de medida cautelar hasta este momento. Se ha girado una orden de conducción a fin de cumplir con una comparecencia ante el ministerio público (fiscalía)", dijo a periodistas Armando Fuentes, abogado de Arias.
"Realmente no sabemos cuáles son las razones que tiene la fiscalía para ordenar esta conducción y retenerlo en el aeropuerto", añadió.
Arias, quien perdió la elección ante el actual mandatario Juan Carlos Varela, era el candidato oficialista en las elecciones de 2014 por el partido Cambio Democrático (CD, derecha), cuyo titular era Martinelli.
La fiscalía también investiga por el caso a los esposos brasileños Joao Santana y Mónica Moura, quienes llevaron la estrategia de campaña de Arias.
Santana y Moura, presos en el marco de la operación anticorrupción "Lava Jato", confesaron haber recibido millones de dólares en Panamá para financiar campañas presidenciales.
Moura habría contado a los fiscales brasileños que en 2012 se reunió con Martinelli para fijar el costo de la campaña en 21 millones de dólares, de los que 16 millones serían pagados por Odebrecht, según las acusaciones.
Martinelli (2009-2014), detenido en Miami, es reclamado por la justicia panameña por espionaje y es investigado por múltiples casos de corrupción.
Arias, quien ha declarado en varias ocasiones ante la fiscalía, ha mantenido que no recibió donaciones de la constructora brasileña y que regresará a la fiscalía "todas las veces" que sea necesario para aclararlo.
La fiscal jefe, Kenia Porcell, anunció el pasado 1 de agosto que Odebrecht acordó pagar a Panamá una sanción de 220 millones de dólares y colaborar con investigaciones en su contra por corrupción.
La compañía brasileña reconoció haber pagado 59 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno de Panamá entre 2010 y 2014.