La empresa brasileña Odebrecht pagó 131 millones de dólares de deuda de impuestos en Perú, en coincidencia con los testimonios de sus exdirectivos a fiscales peruanos en Brasil, informó el jueves la Superintendencia Tributaria (Sunat).

"La Sunat informa que Odebrecht canceló su deuda en cobranza coactiva por poco más de 434 millones de soles" (unos 131 millones de dólares), dijo el organismo en Twitter.

El pago lo hizo con recursos de la venta a un grupo chino de las acciones de una filial peruana de la brasileña, la empresa de Generación Huallaga, concesionaria de la central hidroeléctrica Chaglla, en la selva central de Perú.

En agosto del 2017, Odebrecht había acordado vender las acciones al grupo liderado por China Three Georges para pagar esta deuda, tras verse envuelta en el escándalo de aportes ilegales de campañas electorales y sobornos para conseguir contratos de obras públicas en Perú.

"El pago de la deuda se efectúa en el marco del acuerdo de colaboración suscrito entre el gobierno peruano y la empresa brasileña", agregó Sunat.

En marzo del 2018, fue promulgada una ley para garantizar el pago de las deudas a favor del Estado peruano de empresas involucradas en hechos de corrupción y delitos conexos. 

Esta deuda fue además uno de los compromisos que asumió recientemente Odebrecht en un convenio de colaboración con la fiscalía peruana y la procuraduría (que representa judicialmente al Estado peruano).

Soborno a gobernadores en Perú 

El exjefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declaró el jueves a fiscales peruanos que la empresa brasileña sobornó a gobernadores del país andino, además de presidentes, para obtener contratos de obras públicas.

Barata "ha corroborado el pedimento de un soborno del 3% del valor referencial de la obra" (una ruta) por parte del entonces gobernador del Cusco (2011-2013), Jorge Acurio, dijo el fiscal peruano Germán Juárez, en el tercer día de testimonios del exhombre fuerte de Odebrecht de Perú en la sede de la procuradoría federal en Curitiba, sur de Brasil.

"Ha sido la más corta de las diligencias, él ha corroborado datos", resumió Juárez.

En los días previos, Barata confirmó que la constructora aportó dinero en 2006 a la campaña electoral del expresidente Alan García, quien se suicidó la semana pasada cuando iba a ser detenido, y que luego le pagó más de cuatro millones de dólares a su secretario en la Presidencia, Luis Nava.

La fiscalía peruana sospecha que el destinatario final de este dinero era Alan García, versión que el exmandatario siempre negó.

Los nuevos testimonios de Barata también salpican al expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), quien huyó a Estados Unidos, donde enfrenta una solicitud de extradición a Perú.

"Vía de la muerte" 

El soborno pagado al gobernador del Cusco ascendió a tres millones de dólares por el contrato de 100 millones de dólares por la construcción de la llamada "Vía de Evitamiento", según había revelado Odebrecht en 2018 a la fiscalía peruana.

De ese monto, Acurio, quien está detenido por este caso, recibió 1,5 millones de dólares y el resto fue repartido entre otros funcionarios del gobierno regional, según la prensa limeña.

La "Vía de Evitamiento", construida en 2012, es una ruta periférica de 10 km de longitud en la ciudad andina de Cusco, la antigua capital del imperio inca y meca del turismo en Perú. 

Esta ruta es popularmente llamada ahora "vía de la muerte" por el mal estado en el que se encuentra. 

Acurio era miembro del Partido Nacionalista del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), investigado por lavado de activos por recibir tres millones de dólares de Odebrecht para su campaña, según Barata.

Humala, quien estuvo con su esposa Nadine nueve meses en prisión preventiva por este caso, niega haber recibido ese dinero, que según Barata provenía de la caja de fondos ilícitos de Odebrecht.

Barata también confirmó este jueves la existencia de un cartel de empresas peruanas, llamado el "club de la construcción", que se repartía licitaciones pagando sobornos. 

Los testimonios de Barata forman parte de un acuerdo de cooperación con la fiscalía peruana, según el cual Lima no lo perseguirá en tribunales a cambio de delatar a los funcionarios peruanos corruptos.