La firma de un acuerdo de colaboración judicial entre la brasileña Odebrecht y el equipo fiscal del caso Lava Jato-Perú, que estaba prevista para el 11 de enero, se postergó por la crisis interna que atraviesa el Ministerio Público peruano, informó el jueves el fiscal José Domingo Pérez.
"El 11 no nos vamos a constituir a Brasil y el 13, 14, 15 y 16, que se iba a tomar las declaraciones de Jorge Barata, quien fue representante de Odebrecht en Perú, y otros funcionarios tampoco se van a realizar", dijo Pérez, uno de los fiscales del equipo especial, al canal estatal TV Perú.
Mediante el acuerdo de colaboración eficaz (delación premiada), Odebrecht se comprometía a entregar información y documentación relevante sobre el pago de coimas de esa firma a funcionarios peruanos de todos los niveles.
Según el fiscal Pérez, uno de los protagonistas de la crisis institucional junto a su colega Rafael Vela, las decisiones del fiscal general Pedro Gonzalo Chávarry -quien los destituyó y los repuso un día después- "han afectado el regular desarrollo de las investigaciones del caso de la constructora brasileña".
El fiscal Vela, coordinador del equipo especial, está en conversaciones con Odebrecht y los diversos actores, como la Procuraduría, para fijar nuevas fechas, agregó Pérez.
La firma del acuerdo se realizaría el 11 de enero. Además, a mediados de enero estaban previstos interrogatorios en Brasil relacionados a las investigaciones que involucran a los expresidentes Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, así como a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.
Mientras tanto la crisis en la fiscalía subsiste ante la resistencia del fiscal general a dejar el cargo, en medio de acusaciones de presunto encubrimiento a líderes políticos salpicados por el escándalo Odebrecht.
El fiscal supremo Pablo Sánchez, exfiscal general, instó el miércoles a renunciar a Chávarry, apuntando que "su decisión ha afectado las investigaciones en el caso Lava Jato".
Por su lado, el Congreso se reunirá el 7 de enero para debatir una propuesta de ley del presidente Martín Vizcarra para que se declare en emergencia al Ministerio Público por obstruir las investigaciones a los casos de corrupción.