LA desaprobación del presidente chileno Gabriel Boric y el apoyo al nuevo texto constitucional van de la mano: en caída libre. Todas las encuestas así lo señalan, encaminándose a ser una oportunidad perdida para cambio prometido por el gobierno izquierdista.
A 58 días de la obligatoria cita en las urnas de los chilenos y sin socializarse los 388 artículos de la Carta Magna que se gestó con el fin de solucionar la desigualdad existente, presuntamente heredada de la que impuso hace décadas Augusto Pinochet, la desilusión ciudadana con la misma es tal que corre el riesgo de no ser aprobada.
Presentada como un “catálogo de derechos sociales” y que considera al país como un Estado social de derecho, plurinacional, intercultural y ecológico, comenzó a perder apoyo casi desde el mismo momento en que se escogieron a los convencionistas constitucionales por la variopinta de ideologías y con mayoría izquierdista que dejó por fuera propuestas claves como el referendo revocatorio, la nacionalización de la minería y la reelección presidencial, entre otros.
En cambio, contempla la eliminación del Parlamento bicameral, específicamente el Senado, que lo reemplaza por una Cámara de las Regiones, la consagración constitucional del derecho al agua y lo que calificaron como innovador la mayoría de los convencionistas: que el Estado brinde "las condiciones para una interrupción voluntaria del embarazo". Vale destacar que en ninguna parte de este artículo se refiere al mismo como aborto.
Para Tomás Jordán, abogado constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado y otros expertos, el funcionamiento en dos cámaras impedía que las reformas se tramitaran adecuadamente, mientras respecto al tema ambiental agrega que “El cambio más profundo es en la forma de administrar los bienes naturales”.
Por su parte el analista económico Rodrigo Espinoza, de la U. Diego Portales, destaca que "Chile es el único país del mundo cuya Constitución consagra el derecho de propiedad del agua a un privado”.
Pero la nueva Carta Fundamental que inició su recta final tiene un empinado camino por el sostenido aumento en la desconfianza ciudadana con la misma y con Boric, quien desde que asumió -hace cuatro meses- ligó el éxito de su gestión a la aprobación de ese texto.
Así, del entusiasmo que hace exactamente un año despertó la instalación de la Convención Constitucional se pasó a una desilusión creciente, primero por escándalos en su interior y, luego, por un texto largo, complejo y que en concepto tanto de analistas como de dirigentes políticos no representa el cambio que se anhelaba.
A ello se debe sumar la escalada inflacionista que registra Chile (al igual que el resto del mundo producto de la guerra en Europa) y la disparada inseguridad (la peor en tres décadas) que hizo cambiar las preocupaciones ciudadanas y aumentar la desaprobación del gobierno.
Afectados en el bolsillo y en su seguridad, los chilenos se han vuelto a concentrar en sus problemas cotidianos. Según sicólogos y analistas ello ha hecho que las emociones dominen el actual escenario y, de allí, su desacuerdo con el trabajo de los convencionistas, su producto final (texto constitucional), sus pocas efectivas soluciones a la problemática nacional y la poca acción gubernamental a la misma.
Y eso se ve reflejado y maximizado en las redes sociales, el principal vehículo tanto de información como de desinformación ciudadana. Por ejemplo, uno de los más activos en ellas es el movimiento “Amarillos por Chile”, cuya cara más visible es el presentador Cristián Warnken, quien pese a admitir que desconoce los artículos de la nueva Carta no está de acuerdo. También un estudio del Observatorio de Política y Redes Sociales de la Universidad Central revela que casi un 50% de los internautas están en esa misma posición.
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En picada
Así las cosas, todas las mediciones de intención de voto para el plebiscito de salida, que se verificará el 4 de septiembre con voto obligatorio coinciden en el aumento sostenido del rechazo a la nueva Carta Magina y en el ascenso de la desaprobación a la gestión del gobierno.
Ese día habrá una sola pregunta: “Aprueba o rechaza la nueva Constitución”. Y con base en la misma la encuesta de Cadem Plaza Pública reseñó este 3 de julio que el rechazo se ubicaba en 51%, seis puntos porcentuales más que el mismo día del mes anterior, en tanto el apoyo a la misma pasó de 42% a 34%.
En la consulta de Studio Público se evidencia el salto que ha dado el rechazo con el correr de los días.
En marzo, era de 35% y en mayo fue de 52%. La aprobación cayó diez puntos, ya que en la primera medición estaba en 40$.
Para otra firma, “Tu influyes”, que también realiza mediciones mensuales, el rechazo al nuevo texto constitucional pasó del 38% al 45% de marzo a mayo. Mientras la consulta de Pulso Ciudadano de la semana anterior ubica la no aprobación en 44% frente a un 25% que le daría su aval.
Igual caída libre se registra en la desaprobación al gobierno de Boric, quien asumió el mando chileno apenas hace cuatro meses, en medio de una gran expectativa y esperanza por el cambio prometido, máxime que su liderazgo se basó en el estallido social de 2019 que dio origen al proceso constitucional actual y el triunfo presidencial de la izquierda.
Ha sido progresiva la pérdida de apoyo al otrora líder estudiantil. Cadem Plaza Pública en su medición de hace una semana reseña que la desaprobación a la gestión de Boric aumentó a 62%, unos 15 puntos más que la de hace un mes y superior en tres puntos a la registró la última semana de junio (59% desaprobación y apoyo de 34%).
El 17 de junio tales guarismos se ubicaban en 54% y 40%, respectivamente.
La misma línea la refleja la encuesta de Pulso Ciudadano, ya que en la encuesta del 12 de junio el 50.3% de los indagados rechazó la gestión de Boric y en la realizada quince días después esa cifra subió a 56.4% contra solo un 24.3% que lo respaldaron.
Bajo esa óptica no sólo la izquierda sino su líder, Gabriel Boric están en la antesala de recibir un portazo a esa ventana de oportunidad y cambio que prometieron desde el mismo momento en que estallaron las violentas protestas sociales y que, como reseñamos, llevaron a que el entonces presidente, el conservador Sebastián Piñera, gestara un acuerdo nacional para promover las transformaciones reclamadas por los chilenos quienes mayoritariamente culparon a la Constitución vigente, heredada de Pinochet, de todos los problemas.
Pese a todo ello hay un sector político que conserva el optimismo frente al plebiscito de salida y el proceso iniciado hace dos años. Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constitucional que concluyó su labor el pasado lunes sostuvo que "pase lo que pase el 4 de septiembre, Chile ya cambió" y recordó que la "Constitución perfecta no existe y esta no es la excepción".
Al recibir el texto constitucional y dar el pistoletazo al plebiscito de salida, el presidente Boric indicó que "será nuevamente el pueblo quien tendrá la última palabra sobre su destino”. De mantenerse la tendencia actual, esa palabra en las urnas será ‘Rechazo’.