DESCONTADA la reelección de Daniel Ortega con su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo en la farsa electoral que hoy se verificará en Nicaragua, el interrogante es hasta cuándo durará esa dictadura que es peor que la instaurada en Venezuela.

Él iniciará su cuarto mandato consecutivo rondando los 76 años y ella -a quien llama copresidenta- tiene 70 cumplidos. Gozan de buena salud, pero sobre todo de perpetuarse en el poder, un fin que alcanzaron sin como dice el refrán importar los medios. Así ‘descabezaron’ a la oposición, bien encarcelándolos o forzándolos al exilio, modificaron la Constitución a su medida, cooptaron los poderes públicos e implantaron un régimen de terror, violando todos los derechos fundamentales.

Hoy se oficializarán ‘cinco años más’ de sufrimiento, represión, desespero y crisis económica para la mayoría de los nicaragüenses. No habrá sorpresa en las urnas porque este exguerrillero que otrora combatió a la dictadura de Anastasio Somoza, está ahora, décadas después, atrincherado en el poder, sin importarle que ello le cueste ser comparado con el personaje que él mismo ayudó a derrocar.

De los ideales sandinistas que en su juventud combatió con convencimiento y energía no le queda nada, según sus antiguos compañeros de lucha, quienes lo acusan de haber deformado los principios del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional bajo el cual llegó por primera vez al poder en 1980. Desde hace más de una década (14 años exactamente) parapetado en la revolución socialista del siglo XXI enaborlada por el fallecido Hugo Chávez, implementó su táctica y estrategia para volver a la Presidencia y quedarse allí.

Al igual que el dictador venezolano, Nicolás Maduro, enfrenta el repudio internacional, sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea.  Pero Ortega ha ido más allá porque cuando hace tres años iniciaron las protestas sociales no dudó en usar mano de hierro para disolverlas (más de 300 muertos), así como en encarcelar a cualquiera que se atreviera a pensar distinto. De allí que, desde líderes cívicos, estudiantes, periodistas y empresarios hasta candidatos presidenciales estén hoy tras las rejas acusados de delitos que se inventó en una manipulada reforma judicial.

Los detenidos están acusados de atentar contra la soberanía, promover sanciones contra Nicaragua, "traición a la patria" o "lavado de dinero", conforme a leyes aprobadas en 2020 por el Congreso, bajo control oficialista, al igual que el poder judicial y electoral.

Más de 100.000 nicaragüenses se exiliaron, principalmente en Estados Unidos y Costa Rica, en medio de la crisis política. Para Ortega, los más de 150 opositores detenidos desde 2018 no son políticos, sino "golpistas" patrocinados por Washington.

La arremetida iniciada en junio desató el temor en este empobrecido país centroamericano de 6,5 millones de habitantes, donde más que la apatía electoral reina el miedo y la zozobra por lo que ocurrirá en los próximos cinco años bajo el régimen de los Ortega.

Afectados por la pandemia, el costo de vida, el desempleo y la crisis política, los nicaragüenses están desesperados y desesperanzados. "Aquí la pobreza reina (...) Si no trabajo no como…Aquí no puedes hablar en contra porque vas preso", dijo un hombre mayor, comerciante ambulante en Masaya a la AFP.

Para la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, hay un "Estado policial" para el "control social de la población" y la "represión de opositores".

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La estrategia opositora

Con sus líderes y candidatos en la cárcel, los que lograron salir del país antes de que los alcanzara la mano del régimen emprendieron una ofensiva centrada en promover la abstención. La premisa es que "si Ortega le ha quitado el derecho a la ciudadanía a ejercer su derecho, a elegir quiénes van a ser sus autoridades, el pueblo tiene el derecho de abstenerse de llevar a cabo su voto, sobre todo porque todo el sistema está viciado", sostuvo en una entrevista con Europa Press Alexa Zamora, miembro del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, la formación que se perfilaba como principal oponente al oficialismo antes de que su aspirante fuera encarcelado.

Pero no solo esto, sino que "la simple asistencia de un ciudadano incluso a ejercer su voto nulo puede ser manipulada por los operadores del régimen en las juntas receptoras de votos para consolidar y respaldar los resultados que Ortega ya tiene listos", alertó Zamora, algo que ha venido denunciado la oposición en los últimos meses ante lo que se considera un resultado ya predeterminado.

En este sentido, "el miedo de Ortega es perder el poder por la vía electoral si hubiese condiciones mínimas de libertad para el ejercicio de la voluntad ciudadana en los comicios", por lo que el ahora presidente se ha asegurado de "ya tener los resultados y alzarse el 7 de noviembre como presunto ganador", ha criticado, a su vez, Héctor Mairena, portavoz de la formación Unión Democrática Renovadora - Unamos.

En concreto, Ortega "se convenció desde finales del año pasado, que cualquier posibilidad electoral iba a ser aprovechada por la población nicaragüense para liberarse del orteguismo", por lo que decidió "aniquilar la posibilidad de que esas elecciones fuesen libres", ya que "la existencia de condiciones mínimas significaría su derrota electoral por la vía cívica".

¿Y la comunidad internacional?

Si bien diferentes organizaciones y la comunidad internacional han venido denunciando las condiciones en las que tienen lugar las elecciones, e incluso la UE o Estados Unidos han adelantado que se preparan para no reconocer los resultados que emanen de estas, desde la oposición les piden que "las declaraciones se manifiesten en acciones más concretas", como lo ha expresado Zamora.

Lo primero en lo que se debe trabajar es "que no haya cinco años más de Ortega", algo que puede adelantar la comunidad internacional ya que "tiene la capacidad de establecer un aislamiento en términos de cerco diplomático, no reconociendo los resultados de estas votaciones, por tanto, ni a Ortega ni a las autoridades que resulten de este proceso", instó desde la Unidad Nacional Azul y Blanco.

"Al no ser elecciones libres no tienen ninguna legitimidad, es más, ni siquiera son elecciones porque no se va a elegir nada", argumentó por su parte Mairena, que adelantó que Ortega "otorgará algunos curules a la 'oposición' para intentar superar la gran presión internacional que hay".

En especial, ha recordado Zamora, "organismos financieros internacionales, que aún continúan brindando fondos a Ortega".

Estados Unidos consideró esta semana que Nicaragua consolidará una "dictadura" con el previsible triunfo de Daniel Ortega en las elecciones de este domingo que calificó de "a farsa", y anticipó que se necesitará todo el peso legal y diplomático para restaurar la vía democrática.

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Reto poselectoral

Independientemente de nuevas sanciones o mayor cerco que la comunidad internacional pueda ejercer sobre Ortega, sus contradictores como Mairena sostienen que “el gran desafío que tiene la sociedad nicaragüense es precisamente ejercer la oposición, relanzar la resistencia física y lograr arrancar a la dictadura elecciones libres y transparentes, ya que la vía para conquistar y restituir la democracia en Nicaragua es la vía pacífica, la vía electoral".

En este sentido, tanto él como Zamora coinciden que debe darse una confluencia de todos los “anti-Ortega”, respetando la pluralidad y diversidad, para promover el desconocimiento internacional del régimen y abrir caminos para el retorno de la democracia.

Sin embargo, llevar a la práctica este planteamiento no será fácil ni inmediato porque, como reseñamos, las cabezas visibles de la oposición están en la cárcel o en el exilio. Además, se desconoce como seguirá Ortega operando su política represiva y de miedo para atornillarse en el poder.

Por lo pronto se convocó para hoy que todos los nicaragüenses en el mundo salgan a manifestarse contra el fraude que representan estas elecciones. Y más que contarse en las calles lo que se busca es avivar a la comunidad internacional para que estreche el cerco sobre un régimen que silenció a sus ciudadanos.