Comercios, bancos y empresas privadas de Nicaragua acogieron este viernes un paro convocado por la opositora Alianza Cívica, para exigir al gobierno de Daniel Ortega la excarcelación de cientos de personas detenidas en los últimos cuatro meses por participar en las protestas, que dejan más de 320 muertos.

La mayoría de los 20.000 negocios del populoso Mercado Oriental, el mayor centro de compras del país, cerraron sus puertas, con pocas personas caminando o limpiando las calles, constató un equipo de AFP.

"El paro está excelente, así apoyamos a los muchachos que están presos, que están siendo torturados, que no tienen por qué estar en la cárcel sólo por andar protestando", dijo a la AFP Geidy Áreas, una comerciante de 38 años.

Al menos 300 personas están siendo procesadas por su participación en las protestas contra el gobierno, de los cuales 85 fueron acusados de "terrorismo", denunció la semana pasada el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

El paro busca que el gobierno cese la persecución de manifestantes y los secuestros, y que excarcele a los "presos políticos", dijo la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que integran estudiantes, empresarios y diferentes grupos sociales.

La concurrida carretera a Masaya, al sur de Managua, donde funcionan cientos de negocios y restaurantes, lució más desolada de lo normal.

Los colegios privados también se sumaron al paro, no así los centros públicos, donde los alumnos acudieron a clases.  

Las librerías y cines se unieron a la huelga, mientras que gran parte de las gasolineras cerraron en horas de la tarde.

No obstante, el tráfico de vehículos y autobuses de transporte público era mayor que en los paros opositores de junio y julio pasado.

La huelga tuvo mayor fuerza en los departamentos de León (occidente) y Masaya (sur), que fueron fuertemente golpeados por la represión durante las protestas, así como en la zona norte del país, y el turístico puerto de San Juan del Sur.

"Considero que el paro es un éxito porque la gente respondió al llamado de la Alianza", valoró el sociólogo Cirilo Otero a la AFP.

Las protestas iniciaron el 18 de abril contra una fallida reforma al sistema de pensiones, que luego se transformaron en una demanda hacia el gobernó de Ortega para dejar el poder debido a la violencia que ejerció contra los manifestantes.

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"No podemos dejar de trabajar"

Muchas ferreterías, cafeterías y negocios situados al norte y este de la capital, una importante zona económica, no acataron el llamado al paro, con muchos comerciantes y trabajadores argumentando la necesidad de generar ingresos para sus familias.

"No podemos dejar de trabajar porque tengo una niña de dos años", dijo María Muñoz, quien vende bebidas gaseosas frente al colegio Maestro Gabriel, de Managua.

"Uno tiene que luchar porque tiene deudas con los bancos y hay que dar de comer a los hijos", afirmó a la AFP Johana Blandón, una vendedora de comida de las afueras de las maquilas de una Zona Franca del este de la capital, donde miles de obreros llegaron a trabajar.

Las oficinas del gobierno también trabajaron de manera normal, mientras que el Instituto de Turismo aprovechó el paro para hacer una feria sobre una importante avenida de Managua.

El paro pretende también insistir en la importancia de reanudar el diálogo entre el gobierno de Ortega y la Alianza opositora, estancado desde junio pasado debido a la negativa del gobierno de discutir la democratización del país.

Los opositores exigen adelantar las elecciones de 2021 a 2019 como salida a la crisis, pero Ortega, un exguerrillero de 72 años que gobierna de manera consecutiva desde hace 11 años, ha rechazado anticipar su salida del poder y acusa a los manifestantes de "golpistas".

Una encuesta realizada recientemente por la ONG local "Ética y Transparencia" indica que 81% de los nicaragüenses está de acuerdo con anticipar las elecciones.

El diálogo inició en mayo con la mediación de los obispos católicos para buscar una salida a la crisis que vive el país a raíz de la represión que el gobierno ejerció contra las protestas.

La oposición acusa a Ortega y a su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo de instaurar una dictadura, marcada por la corrupción y el nepotismo.