LA primera vez que una mujer llegó a ser vice-presidente en Guatemala, terminó en la cárcel.  Fue toda una gran decepción para quienes creemos en el avance de los derechos humanos, en la equidad de género y del lugar preponderante que las mujeres deben tener en la sociedad, en este nuestro Siglo XXI que anda casi ya, en su tercera década.

Ahora, esa mujer que fue primera vice-presidenta, Roxana Baldetti (1962 -) se encuentra en prisión.  Lo que fue algo promisorio para el aparente desarrollo político de Guatemala -que una mujer haya llegado a esa posición en la dirección nacional- se convirtió de nuevo, en factor de desesperanza y apatía entre el electorado. Fue el 8 de octubre de 2018, cuando a Baldetti se le condenó a 18 años de cárcel por cargos de corrupción. 

El presidente de ese entonces, depuesto en 2015, también está en la cárcel.  Es Otto Pérez Molina, un militar implicado en el tenebroso clima de represión que asoló ese país centroamericano de 108 mil kilómetros cuadrados y 16 millones de habitantes.  

Ahora en marzo, se ha dado inicio a la campaña presidencial, cuyos comicios correspondientes se tendrán en la elección del próximo 16 de junio.  Se han postulado casi 27 binomios presidenciales -candidatos para presidente y vice-presidente del país-El punto a resaltar aquí es que entre quienes están en los primeros puestos en las tendencias de voto, en la actualidad, se ubican tres mujeres: Sandra Torres, Thelma Aldana y Zury Ríos.

En una situación tan inestable como la guatemalteca, cualquier cosa, literalmente cualquier cosa, puede pasar. Sin embargo, en la perspectiva de que los mencionados comicios lleguen a ocurrir, lo que se tiene en el país es la apuesta de avance -así sea de avance por poco centímetros- en la vida política y social de la nación, o bien de retroceso con un retorno lúgubre, al pasado de represión o de estancamiento en los amplios pantanos de represión, corrupción e impunidad generalizadas.

Sandra Torres busca de nuevo la presidencia.  Fue primera dama de la nación, cuando estuvo casada con Álvaro Colom, cuya presidencia 2008-2012, significó ciertos adelantos en un país donde la política tiene un dantesco tinte ultra-reaccionario.  Es un escenario de extremo conservador, donde unas ocho familias controlarían las instancias políticas en el país.  Esa concentración de poder tiene una de sus manifestaciones en la toma de decisiones nacionales, en la cúpula de los grandes empresarios: el Comité Coordinador de Cámaras Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

Sandra Torres debe cargar con el peso de señalamientos de corrupción y de oportunismo político, tal y como analistas locales señalan, en particular en los diarios guatemaltecos: La Hora, El Periódico y Prensa Libre.

Quién más podría representar a los atrasados sectores empresariales sería Zury Ríos.  Se trata de la hija de Efraín Ríos Montt (1926-2018) quien fue condenado por genocida.  Se ha reiterado el funesto clima de abierta represión que vivió el país del 23 de marzo de 1982 al 7 de agosto de 1983. 

En ambas fechas se produjeron golpes de Estado en Guatemala, el primero posibilitó el ascenso al poder del militar Ríos, en el segundo de los mencionados, este personaje fue depuesto del cargo de presidente de facto.  La marea de sangre del conflicto guatemalteco -de 1961 a 1996- se calcula que conllevó unos 45,000 homicidios, unas 412 aldeas borradas del mapa y otros 200,000 desaparecidos.

La tétrica situación de Guatemala no ha mejorado en demasía. Se estima que la pobreza, tanto total como la indigencia, afecta al 60 por ciento de la población.  Tan sólo en 2018, unas 3,881 personas fueron asesinadas.  La Organización de Naciones Unidas (ONU) estima que la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes es de 22 en el país.  Es de tomar en cuenta, tal y como lo documenta el investigador Alberto Padilla, que al sobrepasar un país la tasa de 10 homicidios por cada 100,000 personas, la ONU considera el escenario como de “pandemia” de violencia.

Las condiciones de exclusión y de racismo están a la orden del día.  Los gobiernos en general no han podido -o querido- revertir la tendencia de concentración de ingresos y de generalización de pobreza en los diferentes grupos sociales.  Es de subrayar cómo Guatemala, junto con Nicaragua, Honduras, Guyana, ahora Venezuela, y Haití, conforman el grupo o “clúster” de países más vulnerables, o más pobres en América Latina y el Caribe.  Esto contrasta con el grupo más funcional en términos sociales y económicos en la región: Uruguay, Costa Rica, Trinidad y Tobago y hasta cierto punto Chile.

Thelma Aldana representaría la tendencia más modernizadora del país.  Es la única que ha enfatizado que de asumir el poder, reforzaría el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Es una instancia de Naciones Unidas que fue respaldada durante la campaña del actual mandatario guatemalteco Jimmy Morales.

En esta era de analfabetismo funcional, donde predominan las mentiras -fake news suena más sofisticado- el imperio de lo efímero y de las campañas como concursos de popularidad -como ampliamente lo ha detallado el sociólogo francés Gilles Lipovetsky (1944 -) es poco lo que se puede avizorar como mejoras en la política de Guatemala. 

¿Se podrá avanzar así sea un mínimo de trecho en la lucha contra la corrupción, la impunidad y los abusos que vienen desde tiempos de la Colonia? A saber.  Uno siempre tiene la terquedad de la esperanza, aunque las fuerzas más retrógradas e ignorantes, traten de ir siempre, a contra pecho de la historia, del bienestar y del desarrollo sustentable.

*Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard. Profesor, Facultad de Administración de la Universidad del Rosario. El contenido de este artículo es de entera responsabilidad del autor por lo que no compromete a entidad o institución alguna.