El gobierno mexicano reiteró este martes ante la CIDH su "voluntad" de lograr el "esclarecimiento total" de la desaparición de 43 estudiantes en 2014, días después de que defendiera la discutida hipótesis oficial de que fueron asesinados e incinerados.

"El Gobierno de la República (...) refrendó la firme voluntad de agotar todas las líneas de investigación para lograr el esclarecimiento total de los hechos ocurridos y procurar el castigo de todos los responsables en el caso", indicó en un comunicado oficial.

El pronunciamiento se dio tras una reunión entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y representantes de los estudiantes, con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía general), el ministerio de Gobernación (Interior) y la Cancillería de la administración saliente en México, cuyo periodo de gestión culmina el 30 de noviembre.

El 1° de diciembre asumirá la presidencia el izquierdista Andrés Manuel López Obrador.

El titular de la PGR, Alberto Elías Beltrán, agradeció al mecanismo de seguimiento que la CIDH conformó para este caso especial "su manifiesto interés para que haya plena claridad de lo ocurrido a los jóvenes estudiantes".

"Existe plena concordancia entre lo que buscan tanto las autoridades como los familiares, ya que el objetivo es el mismo: que se haga justicia", dijo Elías Beltrán, citado en el comunicado.

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Pero el miércoles pasado, el presidente saliente Enrique Peña Nieto sostuvo que "existen evidencias claras y contundentes" de que los estudiantes de magisterio de la escuela rural de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en el convulsionado estado de Guerrero (sur), fueron asesinados y quemados por criminales, como determinó la PGR.

"Con el dolor que causa y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción de que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó", dijo Peña Nieto en un video difundido como parte de su informe anual de gobierno.

Tras este mensaje, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) acusaron a Peña Nieto de insistir en "ocultar" la verdad.

Según la hipótesis oficial, denominada "la verdad histórica", los jóvenes estaban en Iguala apoderándose de autobuses para usarlos en sus movilizaciones cuando fueron detenidos por policías locales.

Los uniformados los habrían entregado a narcotraficantes, quienes los habrían asesinado para luego incinerar sus cuerpos y arrojar las cenizas a un río.

Esta conclusión fue cuestionada por los padres y distintas organizaciones, lo que condujo al gobierno a aceptar y financiar una investigación independiente de expertos de la CIDH.

Ese grupo refutó la investigación fiscal, que sigue abierta, e hizo una serie de recomendaciones.