Los abogados del encarcelado expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva presentaron este miércoles un recurso ante el Supremo Tribunal Federal (STF) -el tercero en 24 horas- contra la invalidación de su candidatura en las elecciones del 7 de octubre.
El Tribunal Superior Electoral (TSE) le había denegado esa posibilidad el 31 de agosto, por 6 votos a 1, basándose en una ley que impide presentarse a cargos electorales a personas condenadas por un tribunal de apelaciones.
El exmandatario (2003-2010), de 72 años, purga desde abril en Curitiba (sur) una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero.
Sus abogados buscan que el STF -corte suprema de Brasil- le conceda una medida cautelar para poder competir en los comicios. Invocan para ello una decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que el 17 de agosto instó a Brasil a permitir que Lula pueda ser candidato y hacer campaña, aunque permanezca detenido.
Esa decisión fue respaldada por el único magistrado del TSE que votó a favor de Lula.
Los abogados también realizaron gestiones ante el Comité de la ONU para que reitere su posición, que fue desoída.
Ninguno de los recursos presentados tiene plazo para ser juzgado.
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El Partido de los Trabajadores (PT) tiene hasta el 11 de setiembre para anunciar un sustituto de Lula, que probablemente será su compañero de fórmula y exalcalde de Sao Paulo Fernando Haddad.
La situación de Lula mantiene en vilo a todo el país -electores y candidatos- a apenas un mes de la primera vuelta.
Dos consultoras de opinión pública decidieron aplazar la publicación de sus encuestas esta semana debido a dudas sobre la legalidad de incluir el nombre de Lula en sus cuestionarios.
Los recursos contra la invalidación de su candidatura en la justicia electoral van en paralelo a los que buscan su liberación y cuestionan su sentencia.
El líder político fue condenado como beneficiario de un apartamento en el litoral paulista ofrecido por una constructora a cambio de mediaciones para obtener contratos en Petrobras.
Pero Lula, que enfrenta otras cinco causas penales, se declara inocente en todas y denuncia una persecución judicial y mediática para evitar que vuelva al poder.