La ley que permite el retiro excepcional de hasta 10% de los fondos privados de pensiones será promulgada este viernes tras la decisión del presidente Sebastián Piñera de no de vetar la iniciativa ni someterla a revisión del Tribunal Constitucional. 

Después de una dura derrota política el jueves en el Congreso, el presidente Piñera decidió promulgar rápidamente la iniciativa debido a "su intención y voluntad -dada la difícil situación económica y social que viven muchas familias y compatriotas- de facilitar y agilizar el retiro de estos fondos de ahorros previsionales por parte de las personas habilitadas", según un comunicado de la Presidencia chilena. 

El riesgo de frenar esta ley era el retorno de las protestas masivas y violentas a las calles de Chile, donde la iniciativa cuenta con más del 80% de respaldo popular. Su tramitación en el Congreso fue precedida de masivos cecerolazos de apoyo.

Este respaldo ciudadano al retiro anticipado de los fondos obedece a la pérdida de ingresos para grandes sectores de la sociedad obligada al confinamiento dese marzo, sobre todo en la clase media, donde hasta ahora no se ha concretado ninguna ayuda oficial de las anunciadas por el presidente Piñera.

"Me parece que el presidente Piñera no tenía otra opción que promulgar esta ley, que ha sido un tsunami ciudadano", estimó el presidente del opositor Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, a la Televisión Nacional de Chile.

Contundente aprobación

La promulgación de la ley será posible tras su aprobación definitiva el jueves en el Congreso con 116 votos a favor, 18 en contra y 5 abstenciones en la votación final en la Cámara de Diputados, tras su tercer trámite legislativo en dos semanas.

Desplegando banderas y entonando el himno nacional, varios diputados celebraron en el Congreso una votación impensada hace cuatro meses, menos aún con el apoyo de parlamentarios de la derecha chilena, a quienes Piñera intentó sin éxito convencer, mejorando su propuesta de medidas para la clase media con un bono de 630 dólares y un crédito blando de 1.900 dólares que se discute todavía en el Congreso.

"No siento que uno experimente una derrota cuando lucha con convicción y con fuerza por lo que cree es mejor para Chile y los chilenos", dijo más temprano el mandatario, consultado por la prensa.

Dos retiros

La ley aprobada permite a los 10,9 millones de afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), creadas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), retirar hasta un máximo de 4,3 millones de pesos (5.400 dólares) y un mínimo de un millón de pesos (1.250 dólares) de sus fondos de pensión. Quienes tengan ahorrado menos de ese mínimo podrán retirar la totalidad de su fondo.

Se calcula que el retiro promedio rondaría los 1.600 dólares.

La normativa estableció que el retiro quedará exento del pago de impuesto. La mitad de los fondos se entregarán en un máximo de 10 días desde que se presente la solicitud y el resto en otros 30 días, con un plazo máximo de un año para concretar la operación.

Si bien es una medida excepcional, representa la primera gran transformación de este sistema privado instaurado 1981, pionero en establecer la capitalización jubilatoria absolutamente individual y que se convirtió en uno de los motores del sistema económico chileno.

Pero a punto de cumplir 40 años de funcionamiento, el sistema es fuertemente cuestionado por las bajísimas pensiones que entrega y por incumplir su promesa de igualar para este año 2020 el último salario del trabajador, pese a que ha logrado acumular 200.977 millones de dólares, equivalentes al 80% del PIB chileno.

A junio, el sistema entregó una pensión promedio de 195.000 pesos (250 dólares), casi 40% por debajo del salario mínimo.

Estimaciones oficiales cifran entre 17.000 y 20.000 millones de dólares el máximo que podría salir del sistema una vez que se concrete la ley de retiro, que tendría un impacto en el monto futuro mensual de las pensiones de entre un 5 y un 10%.