No sólo Lula, quien cumple seis meses en la cárcel, la pasa mal. Investigada en seis causas, un juez argentino le ha dictado prisión prevista a Cristina Fernández de Kirchner por ser la “jefa” de una “asociación ilícita”. En la misma semana, la defensa de Correa, hoy intentando asilarse en Bélgica, se ha presentado a la audiencia donde se definen sus vínculos por presuntos hechos de corrupción

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En la región se ha confirmado una tendencia: casi todos los presidentes que hicieron parte del ‘Socialismo del Siglo XXI’ son investigados o están en la cárcel.

El lunes, el juez argentino Claudio Bonadio expidió una orden de detención preventiva contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por su presunta participación en los “cuadernos de la corrupción”, un entramado ilegal que buscaba la financiación de campañas a través de dineros de empresas privadas.

En seis causas está siendo investigada la dirigente peronista, quien hoy tiene un asiento en el Congreso, activando los fueros parlamentarios que de momento la blindan de cualquier detención.

Tras salir del poder la dirigente argentina no ha sido la única que ha tenido que visitar los tribunales para defender su inocencia. En la misma línea, pero con un desenlace prematuro, Luiz Inácio Lula da Silva fue enviado a la cárcel en abril de este año. Mientras, Rafael Correa enfrenta dos casos en su país que han puesto en tela de juicio su popularidad.

Hay otros casos que por razones políticas o porque no son corruptos, demuestran que todos aquellos que han sido parte de esa corriente política fundada por Hugo Chávez no están siendo investigados. Es claro que sobre Nicolás Maduro pesan numerosas denuncias que no se han hecho efectivas por la coacción de la rama judicial venezolana, al mismo tiempo que a Evo Morales no se le ha demostrado ningún acto que ponga en duda su legitimidad en Bolivia.

No deja de ser cierto en todo caso, que lejos de ser un fenómeno esporádico, la condena de Lula, las investigaciones contra Cristina Fernández y las causas en contra de Rafael Correa confirman que pese a los avances en materia social y económica, la mayoría de los dirigentes del ‘Socialismo del Siglo XXI’ gobernaron a través de estructuras que sacaron provecho de su posición privilegiada.

Los cuadernos de Cristina

El caso más sonado de las últimas semanas ha sido el de Cristina Fernández, sin dejar de lado a Rafael Correa, quien en los últimos días ha tenido que defenderse en los tribunales. Sobre ella hay seis investigaciones abiertas que van desde el presunto encubrimiento de ciudadanos iraníes por el atentado AMIA hasta “los cuadernos de la corrupción”, que han dejado en evidencia una estructura criminal que llegó a darle millones de dólares a cambio de contratos públicos.

El lunes fue un día difícil para la expresidenta. A pesar de los rumores sobre la imposibilidad de que la justicia ordenara su detención, el juez Claudio Bonadio, quien también lleva otras cuatro causas en su contra, determinó que ordenaba la prisión preventiva de Fernández de Kirchner.

En la explicación de la medida, Bonadio dijo que la expresidenta era “jefa de una asociación ilícita”, que cobraba sobornos de obra pública para financiar ilegalmente campañas electorales del kirchnerismo, y sobre todo para “engrosar su patrimonio personal”. Según la Fiscalía, los sobornos habrían alcanzado los 160 millones de dólares.

Este caso ha sido el más sonado por una persona en particular, Oscar Centeno, chofer de un miembro del gabinete de la expresidenta, quien anotó en ocho cuadernos cada movimiento que hizo para recoger el dinero pagado por empresas privadas y llevarlo a  las dependencias presidenciales.

Cristina Fernández también tiene otros cincos procesos abiertos en la justicia argentina. Por su presunto encubrimiento de iraníes acusados por el atento al centro judío AMIA, en 1994, la hoy Senadora ha sido imputada por “traición a la patria”.

En la acusación hecha por Bonadio, en la causa conocida como “Memorandúm de Irán”, se denuncia que la exmandataria creó una “comisión internacional” para investigar a los acusados, unos altos exfuncionarios del gobierno iraní, con el fin de entorpecer las investigaciones locales.

Además, el mismo juez investiga el caso “Los Sauces”, en el que Fernández de Kirchner habría montado una “asociación ilícita” con su hijo Máximo Kirchner, hoy diputado, para recibir favores a cambio de beneficios para empresarios cercanos a la familias.

Otros casos en los que igualmente está envuelta la expresidenta son el de “Obra Pública”, el “Hotesur”, “el dólar futuro” y la “Ruta del dinero K”, todos encarrilados en la justicia argentina.

La Senadora dijo esta semana que es inocente de todos los señalamientos hechos por Bonadio. “Podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la Patagonia argentina o donde mejor se les ocurra, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme, porque jamás me apoderé de dinero ilícito alguno”, sostuvo.

Brasil sin Lula

En abril, rodeado de numerosas personas vestidas de camisetas rojas, Luiz Inácio Lula da Silva se dio por vencido. Después de aguardar en su casa por varios días, pensando que el juez Sergio Moro iba a sobreponer sus derechos políticos por encima de la condena en su contra, se entregó a la justicia.

Unos días antes, el juez Moro había condenado al popular dirigente y fundador del Partido de los Trabajadores (PT) a nueves años y seis meses de prisión, por “corrupción pasiva” y lavado de activos.

En estricto sentido, el expresidente fue enviado a prisión por recibir sobornos de la constructora OAS por un valor de 3,7 millones de reales, entre 2006 y 2012. Se trató de un pago que tuvo como propósito la remodelación de un apartamento suyo en Sao Paulo.

La estructura criminal de la que era participe Lula se asemeja a la que lideraba presuntamente Cristina Fernández. En el auto de procesamiento, Moro explicaba que era “el líder máximo” de una estructura que “desviaba” y “otorgaba sobornos” mediante la petrolera Petrobras para financiar sus campañas y las de su partido.

A sus 71 años, Lula da Silva permanece en una cárcel en la ciudad de Curitiba y ha desistido de aspirar a la presidencia de Brasil luego de que los recursos que presentara ante la justicia local fueran negados a pesar del llamado de la ONU a que se le permitiera participar.

 

 

El incómodo Correa

Perseguido político. Esa es la frase que Rafael Correa ha usado para definir su situación legal en Ecuador. Desde que salió del Palacio de Carondelet, en Quito, su vida ha sufrido una trasformación radical, pasando de ser el hombre más popular de su país al más investigado.

Al igual que Cristina Fernández con Mauricio Macri, Correa ha dicho que se trata de un montaje de su sucesor, Lenin Moreno, para apartarlo de la política. Pero la justicia ecuatoriana le ha abierto dos causas por sus presuntos vínculos con Odebrecht y supuestamente ser el autor mediato de la tentativa de secuestro de un disidente llamado Fernando Balda, ocurrido en Bogotá.

En 2012, hombres armados se estacionaron en el norte de Bogotá al frente de la vivienda de Fernando Balda e intentaron montarlo a una camioneta. Entre el forcejeo y los gritos, un taxista que transitaba por la zona llamó a la policía que inmediatamente activó una operación y evitó la retención del opositor.

Frustada la operación, Colombia deportó a Balda aduciendo que su estatus legal en el país era ilegal. Seis años después la Fiscalía ecuatoriana determinó que Correa era el “autor mediato” de la tentativa de secuestro contra Balda. Tras recaudar el suficiente material probatorio, que incluyó el testimonios de un hombre clave en el caso, Raúl Chicaiza, el ente investigador dijo que se habían usado “fondos públicos y funcionarios públicos” para cometer la acción.

Aún en etapa preliminar, un tribunal penal suspendió un llamado preparatorio que buscaba resolver la llamada a juicio del expresidente. El viernes, después de tres días de suspendida, la juez Daniella Camacho reactivó la audiencia que según El Universo de Guayaquil duraría varios días.

Este mismo tribunal dictó meses atrás una orden de privación de libertad sobre el expresidente, pero esta no se ha hecho efectiva porque Correa vive en Bélgica.

También otro proceso cursa en la justicia ecuatoriana contra el expresidente. Como el resto de la región, Odebrecht también tocó su gobierno y aparentemente hizo que Correa montara un esquema criminal, según ha dicho la justicia.

“Lo que se ha demostrado es que durante el Gobierno de Rafael Correa la corrupción no fue un hecho aislado sino que se trataba de un esquema organizado, de corrupción institucional”, enfatizó César Motúfar, un exasambleísta que ha sido pieza clave en el proceso iniciado por la juez Ruth Palacios el pasado 6 de septiembre.

De acuerdo a la denuncia presentada por Motúfar, el expresidente diseñó una estrategia a través de reformas legales para nombrar funcionarios, crear instituciones y así poder moverle el esquema delictivo a su antojo. Según información publicada por Estados Unidos sobre el caso de Odebrecht, Correa “hacía un pago de sobornos a funcionarios públicos de 33 millones de dólares”, con el fin de hacer contraprestaciones a favor de la constructora.

 

Otros casos, y tendencias

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no ha sido investigado formalmente por la justicia, pero exfuncionarios del chavismo como Luisa Ortega Díaz han dicho que también se benefició de los dineros de Odebrecht, además de otra serie de denuncias.

En Julio, Maduro denunció que se trata de un “complot” contra la izquierda latinoamericana.  “Primero Cristina, luego Lula, ahora Rafael Correa”, escribió en su cuenta de Twitter refiriéndose a la oleada de investigaciones contra sus aliados.

Ortega acusó al Presidente venezolano de “estar incurso en la comisión de los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales” durante una audiencia del Tribunal Supremo en el Exilio, que tuvo lugar en Bogotá. “Más de 35.000 millones de dólares y más de 2.300 millones de euros” por 11 obras que están “inconclusas” le entregó la constructora al chavista, declaró la exfuncionaria.

El viernes los cancilleres de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú firmaron una carta para pedirle formalmente a la Corte Penal Internacional (CPI) que abra una investigación contra Nicolás Maduro por los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante su gobierno.

Esta denuncia, que eventualmente se presentaría el martes, hace parte de una serie de acusaciones que la comunidad internacional ha presentado ante la CPI contra Maduro.

Lula está en la cárcel, Cristina tiene seis investigaciones y Correa busca asilo en Bélgica. Hay suficiente razones para decir que el ‘Socialismo del Siglo XXI’ avanzó en materia social, pero al mismo tiempo sus líderes se enriquecieron a costa de una aparente buena voluntad.