Esta no ha sido la mejor semana para la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien, tras ser acusada por corrupción, ahora enfrenta la solicitud de la Fiscalía de que se le den 12 años de cárcel.
Por su parte ella, una abogada de 69 años que ocupó la Casa Rosada entre el 2007 y el 2015, ha jugado la carta de que este no es un juicio en su contra sino “al peronismo y a los gobiernos nacionales y populares. Quieren tomarse una revancha en tanto que esto disciplina a la clase política para que nadie se atreva a hacer dos veces lo mismo", afirmó poco después de que se conociera el dictamen del ente fiscal.
Y aunque ella goza de un fuero parlamentario (figura debatida en el país) es muy probable que no salga bien librada de este último embate, pues el ente judicial también solicitó que sea inhabilitada para ejercer cualquier cargo público por el resto de su vida.
En otras palabras, después de este capítulo Fernández, quien tiene una carrera política de más de treinta años que comenzó cuando fue elegida para su primer cargo electivo como diputada provincial de Santa Cruz en 1989, podría quedar proscrita de la vida pública en forma vitalicia.
Ahora la vicepresidenta y ex mandataria de la nación, tiene por delante su exposición de defensa a partir del próximo 5 de septiembre, y por lo que reste de juicio seguirá jugando la carta según la cual está siendo víctima de persecución política.
"Nada, absolutamente nada de lo que dijeron los fiscales fue probado y cuando dije que tenían la sentencia escrita, me quedé corta", dijo Kirchner en un discurso de más de dos horas transmitido por redes sociales desde su despacho de la presidencia del Senado el martes, un día después de que conociera a lo que se atiene.
Este notorio caso lo han seguido los argentinos en un ambiente de fuerte polarización, el cual se tradujo, en lo corrido de la semana, en cientos de seguidores de su corriente del peronismo de izquierda que se manifestaron para apoyarla a las puertas de su casa en Buenos Aires.
Las acusaciones en su contra
No obstante, y pese a que la vicepresidenta ha sostenido que este es un tema de condena y de estigmatización, y que “si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo", ¿cuáles son los cargos por los cuales está siendo acusada?
Para responderse a esta pregunta, hay que remitirse al pasado 1 de agosto, cuando comenzaron los alegatos en su juicio por supuesta corrupción cuando fue mandataria (2007-2015) y a este respecto toca dejar claro que la Fiscalía estimó en unos mil millones de dólares la suma que habría sido defraudada al Estado.
En específico, la acusación ha establecido que Kirchner integraba "una asociación ilícita" para defraudar al Estado durante su gobierno, en presuntos delitos que comenzaron en la presidencia de su difunto esposo, Néstor Kirchner (2003-07), fallecido en el 2010.
El Ministerio Público "tiene por acreditado que existió entre 2003 y 2015 una asociación ilícita que tuvo en la cúspide de su funcionamiento a quienes fueron jefes de Estado", dijo el fiscal Diego Luciani.
El ente acusador también está investigando si hubo un direccionamiento en la adjudicación de obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz, cuna política de los Kirchner, concedidas al empresario Lázaro Báez, y también si hubo sobreprecios.
El fiscal Luciani adelantó que a lo largo de las siguientes audiencias de alegatos se propone "probar cómo los imputados planearon y ejecutaron esta maniobra que provocó perjuicio colosal al erario y a todos los argentinos".
Así mismo, según el Fiscal, "hubo un acuerdo para mantener una puesta en escena entre todos los involucrados" para la realización de las obras que, aseguró, generaron "inconmensurables pérdidas para el Estado" y "siguen sin terminarse".
Sin embargo, una auditoría realizada a pedido de la justicia por Vialidad Nacional, una entidad adscrita al Ministerio de Obras Públicas determinó que los trabajos fueron finalizados.
La Unidad de Información Financiera (UIF) había considerado "irresponsable avanzar en una acusación" al desestimar los argumentos de la Fiscalía sobre la existencia de los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita.
El fiscal manifestó su descontento con la decisión de UIF, a la que acusó de "tergiversar de manera grosera el sentido de la prueba. Si la UIF fue querellante era esperable que si absolvía explicara por qué descartó la cantidad de prueba", dijo.
El presidente argentino, Alberto Fernández, quien fuera jefe de gabinete en los gobiernos de los Kirchner, declaró personalmente en la causa en febrero pasado y respaldó a la vicepresidenta al afirmar que "no hubo nunca reparto arbitrario de fondos".
Vale referir que el juicio se inició el 21 de mayo de 2019, contó con más de un centenar de testigos y debió ser suspendido temporalmente en 2020 por la pandemia de covid-19.
Adicionalmente, en octubre pasado se desestimó una causa en la que se acusaba a la exmandataria de encubrir a los responsables del atentado contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires, ocurrido en 1994 y que dejó 85 muertos y 300 heridos.
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Opositores critican su postura
Por el contrario, la declaración de Kirchner fue criticada por varios dirigentes de la oposición de centro-derecha, entre ellos Patricia Bullrich, presidenta del Pro, el partido del exmandatario Mauricio Macri (2015-19).
"En vez de defenderse de las acusaciones, habla de otra cosa totalmente distinta. Típica maniobra de dilación. El Tribunal será quien decidirá si lo que ha dicho el Fiscal es suficiente o no. La vicepresidenta tiene que esperar, y luego tendrá la posibilidad de ir al Tribunal de Casación", dijo Bullrich a la prensa.
Vale recordar que el proceso judicial comenzó en 2019 y se estima que el veredicto de los jueces se conocerá hacia fines de año. En caso de condena, Kirchner puede apelar. Hasta que no haya una sentencia firme de la Corte Suprema y debido a su inmunidad política como vicepresidenta y titular del Senado, no iría presa ni tampoco quedaría inhabilitada.
Kirchner ha sido sobreseída en varias causas por presuntos delitos ocurridos cuando fue presidenta, pero aún enfrenta cinco procesos.
Amenazas contra jueces y fiscales
Paralelamente al juicio, ayer la Policía argentina tuvo que reforzar la vigilancia de los jueces y los fiscales que están participando en el proceso abierto por supuesto fraude contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, después de que en redes sociales se publicaran amenazas y llamamientos para seguir a los funcionarios.
La medida fue solicitada por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que aludió a la "mayor exposición mediática", de acuerdo con el diario La Nación.