Un juez federal de Estados Unidos ha ordenado este miércoles al estado de Texas retirar antes del 15 de septiembre las boyas colocadas en el río Bravo, que hace frontera con México, cuyo objetivo era evitar la llegada de migrantes.
La Justicia estadounidense, además, ha prohibido al estado construir o colocar nuevas boyas en la zona, en respuesta a una demanda interpuesta por la Administración de Joe Biden contra la instalación del gobernador republicano Greg Abbott, donde se han encontrado los cuerpos de al menos dos personas.
El magistrado, David Ezra, ha fallado que las boyas obstruían la libre navegación en el río Grande, violando así una ley histórica que rige las vías navegables controladas por el Gobierno federal. Texas necesitaba haber obtenido permiso por parte de una agencia federal, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.
No obstante, Ezra ha matizado que no se trata de una "eliminación total" de las barreras flotantes, sino que ha pedido a las autoridades estatales que las muevan a la orilla del río, en el lado estadounidense.
El juez también ha considerado "poco convincente" el argumento de la autodefensa de Texas, ya que Abbot rechazó retirarlas alegando una "invasión" de inmigrantes: "Texas utilizará plenamente su autoridad constitucional (estatal) para afrontar la crisis que habéis causado. Texas le verá en los tribunales, señor presidente", apuntó Abbot.
Tras el fallo, la oficina del gobernador de Texas ha anunciado en un comunicado que apelará el fallo, al considerarlo incorrecto, asegurando que "la decisión de hoy simplemente prolonga la negativa del presidente Biden a reconocer que Texas está legítimamente dando un paso al frente para hacer el trabajo que debería haber estado haciendo todo el tiempo".
Las autoridades del estado de Texas comenzaron a principios de julio a instalar una cadena de boyas gigantes en el río Bravo para intentar impedir la entrada de migrantes desde territorio mexicano. Ante la negativa de retirar las boyas, Biden demandó al Gobierno federal alegando incumplimiento de la Ley de Uso Indebido de Ríos y Puertos.