La policía francesa se enfrentó ayer a acusaciones de uso excesivo de la fuerza después de que utilizaran gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar un campamento informal de inmigrantes en pleno centro de París.
El ministro del Interior, Gérald Darmanin, declaró que "algunas imágenes de la dispersión del campamento ilícito... son chocantes" e indicó que solicitó un "informe" para conocer "la realidad de los hechos" al prefecto de la policía.
El gobierno francés ya se enfrenta a una lluvia de críticas sobre una nueva legislación en materia de seguridad que está siendo actualmente debatida en el parlamento y que penalizaría la difusión malintencionada de imágenes de operaciones policiales.
La policía dispersó el lunes por la noche a centenares de migrantes y activistas que habían instalado tiendas de campaña en el centro de París para reclamar más refugios de emergencia.
Tras el desmantelamiento del campamento que acababa de ser levantado en la plaza de la República de la capital francesa, entre 200 y 300 personas, sobre todo activistas y una minoría de migrantes, convergieron hacia el centro de la ciudad, rodeados por un imponente dispositivo de seguridad.
La alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo, escribió una carta a Darmanin denunciando el "uso brutal y desproporcionado de la fuerza" por parte de las fuerzas de seguridad.
Las ministras de Ciudadanía y Vivienda de Francia, Marlène Schiappa y Emmanuelle Wargon, emitieron una declaración conjunta en la que afirmaban que los migrantes debían ser tratados con "humanidad y solidaridad".
El 17 de noviembre fue desmantelado un gran campamento próximo a París, donde vivían 3.000 migrantes. Una parte fue trasladada a gimnasios y centros de acogida de emergencia. Pero según asociaciones, entre 500 y 1.000 personas se quedaron en las calles.
Canarias: centro de acogida
Por otra parte, más de 18.000 migrantes, alrededor de la mitad el último mes, han llegado al archipiélago canario este año en peligrosas travesías por el océano Atlántico desde África.
Los acuerdos europeos con Turquía, Libia y Marruecos para restringir la ruta mediterránea desviaron el flujo de migrantes a este archipiélago, que revive la crisis de 2006, cuando desembarcaron 30.000 migrantes a las islas.
Como entonces, el gobierno español despliega su diplomacia en África para frenar las salidas de embarcaciones y reactivar las repatriaciones, paralizadas por la pandemia.
Al mismo tiempo, trata de mitigar la saturación realojando los migrantes en instalaciones turísticas, en su mayoría vacías, y habilitando campamentos provisionales con capacidad de hasta 7.000 plazas.
Ideado como primer punto de acogida para los migrantes el muelle llega a albergar más de 2.000 personas en condiciones que una juez calificó de "deplorables" y que fueron duramente criticadas por Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Frío invernal en Lesbos
Finalmente, el invierno en la isla griega de Lesbos está al acecho y la salud de los refugiados más vulnerables "empeora cada día", advierte un médico del campo de Kara Tepe, donde más de 7.300 migrantes enfrentan el frío, el viento y la humedad en precarias condiciones.
Sobre un terreno inundable y en pleno viento, el campo de Kara Tepe fue levantado en tan solo unos días, después de que la mega estructura de Moria, el campamento más grande de Europa fuera devorado por las llamas a principios de septiembre.
Más de 7.300 solicitantes de asilo, incluyendo niños, personas con discapacidad o enfermos, viven hacinados en carpas sin calefacción ni agua caliente.
"Con el invierno y las condiciones meteorológicas que se degradan, se deben suplir algunas carencias", recalcó la jefa de la misión del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU (ACNUR) en Lesbos, Astrid Castelein, quien ofreció su ayuda a las autoridades griegas para "acelerar las cosas".
La agencia de la ONU sugirió "transferir a los solicitantes de asilo más vulnerables a centros donde los contenedores están actualmente vacíos", una solución temporal hasta que los migrantes sean trasladados al continente.