Hernández fue reelecto pero persisten dudas del resultado por lo que OEA aconsejó nuevas elecciones, lo que ni siquiera se ha contemplado

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El pasado  18 de diciembre, por fin el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras dio a conocer que, de conformidad con sus registros, el vencedor en las pasadas elecciones del 26 de noviembre pasado fue el actual Presidente Juan Orlando Hernández (1968 -), sobre su contendor, el líder de la oposición Salvador Nasralla (1953 -).  El primero habría conseguido un 42.9 por ciento de los sufragios, en tanto que un 41.4 por ciento habrían favorecido a la oposición.

El veredicto del TSE hondureño ocurre a contravía de la comunidad internacional.  Evidencia de esto es que el Secretario General de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro, ha insistido en que “lo más oportuno sería realizar nuevas elecciones”.  La presión en las calles no cesa por parte de los opositores, incluso con el agregado que, en las últimas movilizaciones, cuerpos de seguridad se han negado a ejecutar las tradicionales acciones de represión contra los civiles.

Lo que aquí se tiene, de nuevo es un problema de legitimidad en la política hondureña, problemática que puede generalizarse a los países centroamericanos, con la excepción alentadora de Costa Rica.  Como todo en la vida, las situaciones pueden estudiarse desde dos perspectivas complementarias: procesos y resultados.  En las condiciones centroamericanas, en especial en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, las estructuras sociales en general y políticas y económicas en particular, emergen desde los tiempos coloniales.

Los españoles en general se entusiasmaban por “hacer la América” a partir de encontrar fortunas tan cuantiosas, como fáciles, efectivas y rápidas.  De aquí surge el intransigente deseo de muchos grupos conservadores latinoamericanos por el rentismo.  Algo que no escapa a grupos que se reparten los gobiernos con élites burocráticas en no pocos casos, corruptas.  Un ejemplo contemporáneo de ello, el conjunto de escándalos como reacción en cadena que ha traído Odebrecht. 

En Guatemala se quedó lo más rancio, lo más añejado de los grupos hegemónicos con los derechos de conquista.  En toda Centroamérica no se encontraron tanto minerales preciosos como sí fue el caso de Potosí, en Bolivia -toda una montaña de plata, lista para ser explotada a fuerza de tarea física limpia, contabilizando con ello la vida de indígenas cargadores.  Pero en Guatemala había indígenas -los grupos del preclásico y del clásico maya.  Los españoles se distribuyeron tierra e indios para trabajarla.

Otro tanto se tuvo en El Salvador; Honduras y Nicaragua quedaron relativamente aisladas.  A Costa Rica llegaron los españoles pobres que no pudieron agenciarse indígenas.  En Costa Rica la región -para aquella época, entre 1524 y 1560- era marginal.  De allí que los costarricenses fueron estructurando las bases de su nación de manera más equitativa.

En lo que se ha dado en llamar el Triángulo Norte de Centroamérica -Guatemala, El Salvador y Honduras- el poder político lo ejercen grupos cerrados de “buenas familias” por lo general conglomerados que se forjaron con base en derechos de la conquista, regulados en ese entonces por las dos instituciones hispanas más importantes: (i) el Consejo de Indias; y (ii) la Casa de Contratación de Sevilla.  Una exposición bastante detallada de esto la realiza el profesor e intelectual guatemalteco Severo Martínez (1925-1998) en sus obras “La Patria del Criollo” (1970) -un ensayo clásico sobre la realidad colonial de América Latina- y “Motines de Indios: La Violencia Colonial en Centroamérica y Chiapas” (1985).

Por otra parte, es de reconocer que todo Estado tiene una triple misión fundamental: (i) establecer la cohesión y la integración social; (ii) la legitimidad política en el uso del poder; y (iii) la conformación de condiciones económicas en función de la producción, distribución y consumo de bienes en la sociedad.  Las tres dimensiones están íntimamente entrelazadas.

De nuevo el problema de Honduras es de legitimidad política y se enraíza en condiciones en las cuales se tienen estados premodernos -como la mayor parte de América Latina y de España, véase el inepto manejo de la situación catalana-.  Es decir, un estado que no se rige por la racionalidad social, por las leyes y la representatividad surgida del intelecto.  En vez de ello prevalecen la tradición, los componentes míticos, representativos y religiosos, tiende a prevalecer el caudillismo.

Otro rasgo es que los grupos hegemónicos se mantienen por lo general de espaldas a las condiciones de vida de los grupos pobres, indígenas, menos favorecidos o capas medias de la población.  No hay mayor preocupación por la capacidad de demanda de los mercados internos.  Mucha de la competitividad se basa en la búsqueda de mercados internacionales, en dar prioridad a la demanda foránea.

Resultado de todo ello, son las condiciones de pobreza: Guatemala un 68 por ciento de la población; El Salvador un 58 por ciento -véanse asociadas a esto el problema trágico y cotidiano de “las maras”- Honduras un 62 por ciento; Nicaragua un 77; Costa Rica, 22; y Panamá con 35 por ciento.

Por lo general cuando llega un líder más moderado a la presidencia, se le tilda de “populista”.  Los grupos de la más rancia oligarquía no ceden casi en nada.  Cuando por otro lado hay patrones de corrupción cotidianos que erosionan aún más, si esto es posible, las condiciones de ejercicio del poder, la gobernabilidad de la sociedad y la gobernanza, en función de un desempeño coordinado de los entes del gobierno en los países.

En muchas ocasiones un escándalo es cubierto por la emergencia de uno nuevo, y así la cotidianidad se va librando secuencialmente, en un mundo cuyas esperanzas de mejora a medida que transcurre el tiempo, se van desvaneciendo.  Evidencia del desespero y de la carencia de oportunidades es la violencia estructural de estas sociedades centroamericanas.  En términos de homicidios por cada 100,000 habitantes, se tiene que las tasas de criminalidad son: Guatemala 34; El Salvador 61; Honduras 74; Nicaragua 14; Costa Rica 12; Panamá 9.

Muchos de estos problemas de homicidios se asocian a la presencia de redes criminales y narcotráfico que habrían penetrado las instancias de poder y de cuerpos de seguridad.  Todo ello, con base en una demanda notable de cerca de 40 millones de personas consumiendo drogas ilícitas en Estados Unidos; una demanda que es inelástica y para la cual no hay substitutos.

Los hondureños merecen que mínimamente los gobernantes puedan tener la legitimidad de votos.  Es lo esencial y medular. Una nueva votación puede ser realista y contundente, puede mostrar datos categóricos, incuestionables, aún para el Presidente Orlando Hernández, que busca la reelección.

*Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard.  Profesor, Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario.  El contenido de este artículo es de entera responsabilidad del autor por lo que no compromete a entidad o institución alguna.