El Ministerio de Exteriores de Argentina emitió un comunicado en el que rechazó la decisión de la Asamblea Nacional nicaragüense de privar de personería jurídica a nueve organizaciones de la sociedad civil que defienden la institucionalidad, la libertad y los derechos humanos en Nicaragua.

En el mismo comunicado, la Cancillería de Argentina manifestó que repudia los allanamientos y saqueos a las instalaciones de esas organizaciones, así como a las oficinas de medios de comunicación independientes.

En la madrugada del pasado viernes la policía de Nicaragua allanó sedes de cuatro de las ONG clausuradas sin presentar orden judicial.

La Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) condenó los hechos. Las cuatro entidades allanadas fueron el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh); el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade); el Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILS); la Fundación del Río, y la Fundación para la Promoción y el Desarrollo Municipal (Popol Na).

Los líderes de las entidades reportaron que entraron violentamente a las instalaciones, se llevaron computadores, carros, teléfonos celulares y otros objetos de valor.

En este contexto, el Gobierno argentino indicó que: “nuestro país se une a la comunidad internacional comprometida con la situación en Nicaragua y reitera el llamamiento a sus autoridades para detener la violencia y solucionar la crisis política a través del diálogo con la participación de todos los sectores de la sociedad”. 

El país centroamericano vive una grave crisis en la que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 325 personas han perdido la vida desde que comenzaron las protestas el pasado 18 de abril.

Para la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) van 545 fallecidos, mientras que el presidente Daniel Ortega dice que han muerto 195 individuos.

La ANPDH reportó el pasado 20 de noviembre que 4.533 personas se encuentran heridas entre graves, menos graves y leves. Hay 1.315 ciudadanos secuestrados por grupos paramilitares.