La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación derivada de las diligencias abiertas en diciembre de 2108 por Anticorrpución para aclarar el destino de 80 millones de euros que según la empresaria Corinna Larsen, de casada Corinna zu Sayn-Wittgenstein, se habrían repartido entre otros el Rey emérito por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011.

En una nota remita este lunes, la Fiscalía General del Estado (FGE) explica que esta investigación se centra, precisamente, en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el Rey Emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado.

"Resulta preciso, pues, la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al Rey Emérito, quien -como es sabido- se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo", añade la nota.

El pasado día 5 de junio la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado dictó un Decreto en el que designa para esta investigación al Fiscal de Sala del Tribunal Supremo de la especialidad de Delitos Económicos, Juan Ignacio Campos Campos, de quien la nota de la Fiscalía señala que "pertenece a la más alta categoría de la carrera fiscal y reúne una extraordinaria cualificación y experiencia". Además, estará auxiliado por un equipo conformado por tres fiscales del Tribunal Supremo, que asumirán la innegable complejidad técnica de estas diligencias de investigación.

Fuentes de la fiscalía Anticorrupción han señalado a Europa Press que la decisión se ha adoptado a pesar de que este departamento no ha recibido aún el resultado de la comisión rogatoria remitida a Suiza hace ya varios meses solicitando información sobre este asunto, si bien se ha tenido en cuenta que, al afectar las peticiones de información que podrían afectar a Juan Carlos I, era mejor que el asunto se residenciara ya en el departamento fiscal al que correspondería finalmente la causa en el caso de que ésta fuera judicializada.

Las finanzas del Rey Juan Carlos llevan años bajo sospecha, si bien a mediados del pasado mes de marzo, apenas decretado el estado de alarma por pandemia de covid-19, este asunto volvió a primera línea informativa tras diversas informaciones publicadas en la prensa suiza y británica, provocando que la Casa Real anunciara que Felipe VI renuncia a la herencia que podría percibir de su padre y suspendiendo su asignación anual.

Fue la apertura de la pieza 5 del 'caso Tándem' o 'caso Villarejo' en el verano de 2018 la que hizo que se empezaran a investigar judicialmente posibles comisiones ilegales o la existencia de testaferros tras la difusión de una serie de audios grabados en 2015 por el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo en una conversación con el empresario Juan Villalonga y la examiga de Don Juan Carlos Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

En esa charla, grabada en Londres, ella afirmaba que el Rey emérito había cobrado comisiones por la negociación de la adjudicación a una UTE española de las obras del AVE a la Meca y señalaba a la mujer de un difunto traficante de armas como la encargada de repartirlas.

La pieza 5, conocida como 'Carol', se cerró provisionalmente en la Audiencia Nacional sólo dos meses después debido a la falta de pruebas y a la inviolabilidad de la que gozaba Don Juan Carlos en el momento de los hechos por ser jefe del Estado. Desde que abdicó en Felipe VI, el exmonarca es aforado ante el Tribunal Supremo.

A pesar del archivo de esta pieza, el juzgado dio traslado a la Fiscalía Anticorrupción para investigar la adjudicación del AVE a la luz de aquellos audios, pues en la conversación se identificaban tanto el contrato como personas, importes y posibles mordidas en una información que se complementaba con "otros documentos hallados" durante la instrucción judicial.