Más de una veintena de expresidentes iberoamericanos, entre ellos José María Aznar y Felipe González, han secundado un llamamiento en el que instan a la comunidad internacional a seguir reconociendo la legitimidad de la actual Asamblea Nacional venezolana y a su líder, Juan Guaidó, por considerar "fraudulentas" las elecciones convocadas por el chavismo el pasado domingo.

La Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), que agrupa a estos antiguos líderes políticos, ha señalado que "los gobiernos democráticos del mundo", así como Naciones Unidas y la Unión Europea, deben "mantener su reconocimiento" a la Asamblea y al "encargado de la Presidencia" venezolana, en alusión a Guaidó.

En este sentido, consideran que "la Asamblea Nacional y sus autoridades legítimas habrán de permanecer ejerciendo la representación democrática de los venezolanos hasta tanto se alcancen unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas, competitivas, observadas internacionalmente y bajo las seguridades de un Estado democrático y de Derecho".

Los comicios del domingo fueron en cambio un "farsa", en opinión de los expresidentes, que han aludido a la elevada abstención como una forma de rechazo contra la "dictadura" de Nicolás Maduro. Asimismo, han criticado que el Gobierno organizase los comicios "con un órgano electoral bajo su control", aumentando "inconstitucionalmente" los escaños y "confiscando" partidos políticos.

"Luego de violar abiertamente la Constitución y hacerla desaparecer, esgrime ahora sus plazos para poner fin a la Asamblea Nacional que se le opone, que fue resultado de una voluntad popular incuestionable", han defendido los expresidentes, al aludir a las elecciones parlamentarias de 2015.

IDEA ha lamentado la "persecución" ejercida contra los diputados y la retirada de competencias al órgano legislativo durante estos últimos años, hasta el punto de quedar anulado 'de facto' a nivel interno tras ser declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela.

Sigue el éxodo

De otra parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha llamado a atender de forma "urgente" las necesidades de los migrantes y refugiados venezolanos y ha advertido de que entre 500 y 700 personas siguen abandonando Venezuela cada día, con "niveles sin precedentes de trauma y desesperación" y, en su mayoría, en "condiciones extremas".

Un día después de que las agencias de Naciones Unidas anunciasen un plan de respuesta humanitaria por valor de 1.440 millones de dólares (casi 1.200 millones de euros) para atender a los migrantes venezolanos y las comunidades de acogida, desde ACNUR se ha insistido en que las necesidades se han exacerbado en los últimos meses, en gran medida por la pandemia de COVID-19.

"Muchos llegan en condiciones extremas a comunidades que ya se han visto fuertemente golpeadas por la pandemia. Se necesita apoyo urgente para protegerlos y ayudarlos", ha advertido este viernes el portavoz de ACNUR, Babar Baloch, en una declaración ante los medios.

La ONU estima que 5,4 millones de venezolanos están fuera de su país. El cierre de fronteras ha llevado a parte de los migrantes a atravesar rutas informales, "donde operan actores armados ilegales y redes de tráfico". Quedan por tanto "expuestos a un mayor riesgo de sufrir violencia, explotación y tráfico", con casos ya denunciados de robo, extorsión o abusos.

Quienes llegan a Colombia lo hacen en su mayoría --un 70 por ciento-- a pie, "algunos solo con las prendas que cargan a la espalda", según Baloch. "Dado que las condiciones dentro de Venezuela siguen deteriorándose, muchos llegan a Colombia débiles y con un mal estado nutricional, después de haber sufrido la pobreza y las carencias durante muchos meses", ha advertido.

El personal de ACNUR en zonas fronterizas ha detectado un "notable incremento" en el número de personas que llegan "en estados extremadamente precarios", también menores no acompañados. Haber entrado de forma irregular en Colombia complica en la mayoría de los casos la regularización y, por extensión, el acceso a servicios básicos.

"El miedo a ser detenidos o deportados inhibe a algunos refugiados y migrantes de acercarse a las organizaciones humanitarias para pedir ayuda, al igual que a las autoridades competentes", ha explicado Baloch.