La Justicia de Bolivia ha decidido ampliar durante cinco meses más la detención preventiva de la expresidenta Jeanine Áñez por acusaciones de delitos de terrorismo, sedición y conspiración en el marco del denominado 'caso golpe de Estado'.
La medida afecta también a los exministros de Justicia, Álvaro Coimbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, que permanecen detenidos en la cárcel de San Pedro, en la Paz, acusados de los mismos delitos.
El abogado que presentó la denuncia contra Áñez tras la crisis postelectoral de 2019, Marcelo Valdez, ha lamentado la decisión, ya que considera que el caso requiere de más tiempo de investigación.
"Nosotros estamos en contra de esta situación, vamos a apelar, tenemos 72 horas, y lo haremos por escrito. Consideramos que la investigación es muy compleja y muchos de los que han participado falta que declaren. La resolución debía indicar seis meses, no solo cinco meses", ha declarado el abogado, según recoge el medio boliviano 'La Razón'.
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En cambio, la hija de Áñez, Carolina Ribera, ha denunciado en redes sociales que se trata de una ampliación "ilegal" y "sin ningún tipo de criterio jurídico ni pruebas".
Ribera ha relatado que en la última visita halló a su madre "en posición fetal, temblando como una hoja, al borde de la inanición". Si fallece, será responsabilidad del Gobierno del presidente Luis Arce y del sistema judicial.
La defensa de Áñez ha solicitado que sea examinada por su médico personal, pero la solicitud ni siquiera fue recibida y temen que la situación de salud de la exmandataria se agrave.
Comparecencias
La semana próxima han sido convocados a declarar en el marco del 'caso golpe de Estado' el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y su padre, José Luis Camacho.
La expresidenta Áñez reveló este viernes durante la audiencia para decidir si se ampliaba la prisión preventiva que padece "anorexia nerviosa", y avisó de que el Gobierno boliviano "busca" y "logrará" su "muerte a corto plazo".
Durante la audiencia, Áñez sufrió una descompensación, por lo que el acto fue aplazado hasta el sábado, cuando finalmente se ha dirimido que la prisión preventiva se mantendrá al menos cinco meses más.