La Fiscalía de Ecuador formuló cargos este jueves contra una exdiputada por supuestamente intentar presionar a una testigo para que cambie su testimonio en el caso de secuestro que involucra al expresidente Rafael Correa.

La exasambleísta Sofía Espín, quien fue destituida de la Asamblea Nacional en noviembre por el mismo caso, será procesada por el presunto delito de oferta de tráfico de influencias junto a Yadira Cadena, abogada del exmandatario. 

Ambas enfrentan una pena de hasta cinco años de cárcel, según la legislación ecuatoriana.

Espín y Cadena "presuntamente visitaron a la testigo protegida Diana F. para ofrecerle su ayuda a cambio de que se retracte de su versión que implicarían al expresidente de la República en el secuestro a Fernando Balda" ocurrido en Colombia en 2012, señaló la Fiscalía en un comunicado.

De su lado, la Corte Nacional de Justicia dictó prohibición de salida del país para las dos procesadas y ordenó que se presenten periódicamente ante las autoridades.

Espín "aparentemente ofertó tramitar la ayuda correspondiente con la Organización de las Naciones Unidas y asilo en Bélgica" para la testigo -una exagente de inteligencia- y su familia "a cambio de que declare a favor" de Correa (2007-2017), agregó la Fiscalía.

La entidad indicó que Cadena supuestamente ofreció sus servicios profesionales para defender a la exagente en el proceso por secuestro, en el que también está implicado otro uniformado y Pablo Romero, un exdirector de la Secretaría de Inteligencia que está en España.

Correa, quien vive en Bélgica y niega su participación en el fugaz secuestro de Balda, fue llamado a juicio el 7 de noviembre. El exmandatario es considerado un prófugo de la justicia, y solo será enjuiciado si es llevado ante un tribunal, pues la ley impide su juzgamiento en ausencia por ese delito.

La primera semana de diciembre se conoció que la Interpol rechazó el pedido de la justicia ecuatoriana para emitir la difusión roja con fines de extradición contra Correa. La solicitud se hizo en julio luego de que el expresidente incumplió una orden judicial de presentarse periódicamente ante un tribunal, en el marco del proceso por secuestro.