El último reducto opositor al gobierno provisional de Bolivia se mantiene con un bloqueo de rutas en una región cocalera que sigue reconociendo a Evo Morales como su presidente, mientras la fiscalía libra órdenes de detención contra varias figuras clave de la anterior administración.

Los cortes viales son dirigidos por "un pequeño sector radical" de campesinos cocaleros que tiene en su poder "unos 250 kilómetros bloqueados", dijo Andrónico Rodríguez, de 29 años, vicepresidente de los sindicatos cocaleros del Chapare y considerado por muchos como sucesor de Morales.

Los cocaleros, que siguen reconociendo como presidente de Bolivia al "hermano Evo" y piden la salida de la mandataria interina, Jeanine Áñez, son "un sector radical al que nos va a costar hacer entender que deben suspender" el bloqueo, dijo Rodríguez.

A pesar de su cercanía con Morales, el joven dirigente marca distancia con esos grupos y aboga por "pacificar el país".

En pos de reducir la conflictividad, el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, logró la noche del lunes un acuerdo con algunos sindicatos de campesinos y obreros. Dos de los ocho puntos firmados compromete al gobierno a dar garantías a las organizaciones sociales y conformar una comisión para liberar a los detenidos durante los conflictos políticos.

El secretario general de la ONU, António Guterres, saludó a través de un vocero "los avances positivos (...) hacia una solución pacífica y democrática de la crisis en Bolivia".

Mientras el país retomaba desde el lunes su pulso habitual, el tramo de la ruta que une Santa Cruz (este) con Cochabamba (centro) seguía interrumpido al tránsito de vehículos, según un reporte de la estatal Autoridad Boliviana de Carreteras (ABC).

"Existen sectores radicales que están lastimando la Red Vial Fundamental que une occidente con oriente, (...) impidiendo el tránsito de unos 6.000 camiones que están en Santa Cruz", la rica región agrícola en el este del país, protestó el principal dirigente del sindicato de camioneros, Gustavo Rivadeneira.

El grueso de los seis sindicatos de cocaleros del Chapare, donde Morales labró su carrera política hasta llegar al poder en 2006, pactó con las autoridades la suspensión de las protestas, pero un sector desconoció el acuerdo, pues pide justicia para nueve compañeros muertos en un operativo militar-policial en esa región.

En un cabildo en esa región cocalera, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, arengó: "ni olvido ni perdón, justicia", mientras la concentración coreaba la consigna. 

De inmediato un "grupo de vecinos" afines al gobierno interino ocupó momentáneamente la oficina central de ese órgano público encargado de proteger los derechos de los bolivianos, en La Paz, pidiendo la dimisión de Cruz.

En línea con la promesa de "impunidad a nadie" de Áñez, la fiscalía boliviana ha ordenado la detención de varias autoridades del anterior gobierno. 

Tras la detención el fin de semana de Gerardo García, vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Morales, el lunes fue librada una "orden de aprehensión" contra el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, hombre fuerte del exmandatario, por sedición y terrorismo.

Quintana había dicho que "Bolivia se va a convertir en un gran campo de batalla, un Vietnam moderno" si el mandatario resultaba destituido. Acosado por un movimiento civil que lo acusó de fraude en los comicios de octubre y luego de que los militares y la policía le quitaran su apoyo, Morales dimitió el 10 de noviembre y llegó asilado a México dos días después