La estrategia de Estados Unidos para que Cabo Verde acepte extraditar al detenido empresario colombiano Álex Saab, sumó un nuevo y poderoso argumento. Ahora la justicia lo acusará de nexos con una organización mexicana que habría recibió más de 200 millones de dólares en petróleo venezolano a cambio de maíz y camiones cisterna para agua potable.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que investiga el caso, asegura que con este sistema se han despachado más de 30 millones de barriles de crudo, una operación que viola las sanciones estadounidenses sobre Venezuela.

Washington sostiene que los intermediarios mexicanos no solo fueron piezas clave para evadir las sanciones sino que también los señala como cómplices de una red de corrupción liderada por el colombiano Alex Saab.

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Según el Departamento del Tesoro, las transacciones se dieron con el conocimiento de Tareck El Aissami, uno de los hombres más cercanos a Maduro y el ministro de Petróleo de Venezuela y a quien ese Departamento sancionó en 2017 por nexos con el narcotráfico y es uno de los hombres más buscados por la Justicia estadounidense.

Sobre el acuerdo se ha sabido que la empresa mexicana se comprometía a enviar 1.000 camiones cisterna por un valor aproximado de 140 millones de dólares y 200.000 toneladas de maíz blanco, por lo que recibirían más 200 millones en crudo.

Estados Unidos sostuvo que los 30 millones de barriles de crudo se enviaron bajo un esquema denominado como “petróleo por comida”, un sistema en el que las contrapartes evitaban el uso de dinero para eludir las sanciones y disfrazaban las transacciones como ayuda humanitaria. A cambio del crudo, la empresa mexicana Libre Abordo y su filial Schlager Business Group enviarían al gobierno venezolano los camiones y provisiones. Sin embargo “esto no corresponde con la cantidad de petróleo entregada por PDVSA y que fue revendido por Libre Abordo y Schlager Business Group, en más de 300 millones de dólares”, concluyó el Departamento del Tesoro.

• En contexto: Cabo Verde autorizó la extradición de Álex Saab

Entre tanto el Tribunal Supremo Constitucional de Cabo Verde prepara el fallo que definirá el futuro de Álex Saab.

Como se recordara, el gobierno de Cabo Verde autorizó la extradición a Estados Unidos del presunto testaferro del dictador Nicolás Maduro, pero dicho procedimiento debe ser ratificado por el Tribunal Supremo caboverdiano quien tiene la última palabra y que decidirá en última instancia.

Tras la autorización que diera el gobierno, la defensa del barranquillero, encabezada por el español Baltazar Garzón y el holandés Rutsel Martha radicó, en días pasados, un documento ante el alto tribunal para intentar detener el procedimiento y se espera un pronunciamiento definitivo en los próximos días.

Como se recordará Saab fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala en una de las islas del país africano, a raíz de una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por presuntos delitos de blanqueo de capitales.

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Tras la detención de Saab el gobierno de Venezuela indicó que el detenido era un ciudadano venezolano y un agente del gobierno, que se hallaba en tránsito en Cabo Verde para regresar al país. En ese argumento se basan los alegatos del equipo de la defensa de Saab, quienes arguyen que el detenido goza de inmunidad jurisdiccional internacional.

Corrupción en los CLAP

Las acusaciones a Saab cubren una amplia y variada gama de contratos firmados con el gobierno venezolano, pero salta a la vista el de los CLAP, cajas de comida subsidiadas que entrega el Gobierno venezolano a sus ciudadanos.

Se estima que entre 2016 y 2018 el detenido obtuvo contratos millonarios de la estatal Corpovex para la compra de las cajas o despensas de comida, de muy baja calidad nutricional, que fueron enviadas a Venezuela por precios astronómicos.

Las irregularidades del negocio fueron detectadas hace casi dos años por la Fiscalía mexicana, país de donde provenían los alimentos, que denunció que se trataba de un “esquema fraudulento” con “operaciones inusuales”, además de productos de “baja calidad” con “sobreprecios”.

Pese a la gravedad de las acusaciones, la defensa de Saab espera que se le conceda la prisión domiciliaria mientras aguarda el fallo definitivo y ha pedido al tribunal a considerar que el detenido tiene pasaporte diplomático y es un enviado especial del gobierno venezolano, razón por la cual solicita que no sea usado como una herramienta de presión política contra el régimen de Nicolás Maduro.

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Cabo Verde ya le ha negado a Saab dos habeas corpus y ratificó la legalidad de su captura mientras realizaba una parada técnica en su vuelo de Teherán a Caracas y ahora corresponde al Tribunal Supremo tomar la decisión definitiva frente a la solicitud de extradición hacia Estados Unidos.

Esta decisión podría cerrar aún más el cerco contra el régimen de Maduro y se suma a los reveces que cada vez lo dejan con un menor margen internacional de maniobra.

El empresario de origen libanés, está relacionado con varias empresas acusadas de vender alimentos y víveres al régimen de Maduro y el gobierno de los Estados Unidos presentó cargos contra Saab por el delito de blanquear hasta 350 millones de dólares del sistema de control cambiario y que fueron trasferidos a cuentas bancarias estadounidenses, razón por la cual Washington tiene jurisdicción en el caso.

Como si los cargos no fueran suficientemente graves, el abogado Baltazar Garzón ha anunciado que va a “liderar un proceso de indemnización contra el Estado de Cabo Verde por daños patrimoniales y de imagen” de Saab, con una reclamación que se situaría entre los 5 y los 12 millones de dólares.