En menos de 24 horas Estados Unidos redobló la presión política, diplomática y económica contra el gobierno del nicaragüense Daniel Ortega. Primero, el martes, el presidente Donald Trump sancionó a través de una Orden Ejecutiva a la vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo.

En horas más recientes se conoció que el Senado de Estados Unidos aprobó la “Ley Magnitsky Nica”, diseñada para castigar a la administración sandinista de forma más amplia.

Aunque las sanciones contra la vicepresidenta Murillo causaron revuelo en Managua, las penalidades que trae la “Magnitsky Nica” serían las más problemáticas para el gobierno de su esposo, Daniel Ortega.

Las sanciones contra la también primera dama son de carácter individual y congelan su patrimonio personal que esté bajo el sistema bancario estadounidense. Mientras que “Ley Magnitsky Nica” incluye no solo sanciones individuales contra los allegados del gobierno sandinista, sino uno de los puntos más peliagudos de la norma, que establece el condicionamiento del Ejecutivo estadounidense para que sus representantes no apoyen préstamos al gobierno de Nicaragua en organismos internacionales, como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las arcas nicaragüenses dependen en gran medida de estos organismos.

La “Magnitsky Nica” ha recorrido un largo camino en la tubería legal de Estados Unidos. Nació como una idea de la congresista Republicana Ileana Ros-Lehtinen. En 2017 fue ratificada por el Congreso y fue hasta este año que su paso se aceleró debido a las protestas que fueron violentamente reprimidas por el gobierno Ortega-Murillo.

El proyecto de ley inicial se llamó “Nica Act”. Sin embargo al pasar al Senado estadounidense fue fusionado con el proyecto de ley llamado “Derechos Humanos y la Lucha contra la Corrupción en Nicaragua”, impulsado por el senador demócrata Bob Menéndez.

El nombre oficial de la ley combinada es “H.R.1918 - Nicaraguan Investment Conditionality Act”, aunque popularmente es llamada la “Magnitsky Nica”, en referencia a la ley Global Magnitsky, que castiga a nivel global actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, que ya fue aplicada a tres funcionarios cercanos a la pareja presidencial centroamericana en el mes de julio.

Con la aprobación unánime de “Magnitsky Nica” en el Senado estadounidense, la iniciativa regresará al Congreso para revalidarla. El último paso para convertirse en ley es que el presidente Trump la firme.

“Felicito al Senado por aprobar mi NICA Act. Ninguna nación responsable debe ser cómplice en permitir que Ortega use dinero internacional para subsidiar sus tácticas represivas. Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados mientras el régimen mantiene control sobre el poder”, celebró la congresista Ros-Lehtinen.

Se convertirá en ley

Fuentes en Washington aseguraron a la Agencia Anadolu que la aprobación en la Cámara Baja y la rúbrica de Trump se dan por descontadas, ya que hay una decisión consensuada en La Casa Blanca y el Capitolio de sancionar y presionar más al gobierno Ortega-Murillo.

Las fuentes señalan que la “Magnitsky Nica” se convertirá en ley el próximo mes, antes de que cambie la actual legislatura en el país del norte.

Tanto las sanciones individuales contra Murillo y las de la “Magnitsky Nica”, demandan a Ortega ponerle fin a la represión contra la ciudadanía y buscar una salida negociada a la crisis sociopolítica, que deja más de 350 muertos, más de 550 presos políticos, un éxodo de más de 50 mil nicaragüenses hacia Costa Rica y una economía devastada.

Estados Unidos ha exhortado al gobierno de Ortega a adelantar elecciones para solventar la crisis, tal como lo demandan sectores opositores nacionales. Pero la administración sandinista se ha negado rotundamente a esa posibilidad.

Los analistas consideran que estas sanciones contra Managua también son aceleradas por la nueva política para Latinoamérica de la administración Trump, anunciada a principios de noviembre por su asesor de seguridad John Bolton, durante una conferencia de prensa en Miami.

Bolton catalogó al gobierno de Ortega, al de Nicolás Maduro en Venezuela, y al régimen castrista en Cuba como la “troika de la tiranía latinoamericana”.

En Managua, analistas locales coincidieron que la amenaza en ciernes de la “Magnitsky Nica” es una advertencia para el gobierno de Ortega para renegociar su salida del poder.

Por ahora, el gobierno de Ortega solo ha rechazado las sanciones contra la vicepresidenta Murillo.