La pandemia ha castigado las finanzas de millones de hogares estadounidenses que tienen dificultades para pagar sus alquileres, lo que hace temer una ola de desahucios si el Congreso no alcanza rápidamente un acuerdo sobre nuevas ayudas.

La crisis de la vivienda "ya se parece a un tsunami", afirma Bambie Hayes-Brown, de la coalición de asociaciones Georgia Advancing Communities Together.

Esas organizaciones, que intentan ayudar a las familias con problemas de alojamiento en Georgia, en el sur del país, gastaron rápidamente las subvenciones recibidas desde el inicio de la pandemia. "Nos hemos visto superados por el número de peticiones" de ayudas, dice Hayes-Brown.

Según los datos de la oficina del censo, cerca del 30% de los estadounidenses dicen confiar poco o nada en su capacidad para poder pagar el alquiler el mes siguiente.

Hasta 40 millones de personas podrían ser desalojadas en los próximos meses, calcula el centro de reflexión Aspen Institute.

En ocasiones, los inquilinos dejaron de pagar sus alquileres hace meses, pero las moratorias sobre las expulsiones decretadas en varios estados se van levantando poco a poco.

Y la ayuda de 600 dólares por semana otorgada por el gobierno federal a las personas que perdieron sus ingresos termina el 31 de julio.

El lunes unos 50 manifestantes protestaron para reclamar la anulación de los alquileres impagos ante el tribunal de asuntos inmobiliarios del Bronx.

La amenaza es aún más fuerte en esos barrios populares donde viven sobre todo minorías y donde el Covid-19 ha provocado las mayores pérdidas de empleo.

En Nueva York, los desahucios están prohibidos hasta el 1 de octubre, pero los arrendadores ya pueden presentar sus demandas de expulsión ante los tribunales.

Los inquilinos neoyorquinos tienen, sin embargo, el derecho a suspender el pago de su alquiler si hay un problema en la vivienda.

Pero ese derecho no existe en Georgia, recuerda Erin Willoughby, directora del centro de recursos jurídicos sobre asuntos inmobiliarios del Clayton Housing Legal Resource Center.

Si los inquilinos no responden en el plazo de una semana a una carta que les exige el pago del alquiler, el proceso de expulsión empieza enseguida, lamenta Willoughby.

En Arkansas, el último estado del país que condena penalmente a los inquilinos que no pagan su alquiler, éstos tienen pocos derechos.

En el mejor de los casos pueden evitar que la expulsión aparezca en sus antecedentes judiciales, dice John Pollock, coordinador de la Coalición Nacional por el Derecho a un Abogado.

Según él, el país afronta una "catástrofe épica" si los dirigentes políticos no logran un acuerdo.

Los republicanos y la oposición demócrata en el Congreso no han logrado un proyecto de ayudas común.

Los demócratas proponen dedicar 100.000 millones de dólares a los alquileres impagos y extender la ayuda de 600 dólares semanales a los desempleados, propuestas que los republicanos consideran demasiado generosas.

Entre tanto las negociaciones entre la Casa Blanca y los demócratas sobre un nuevo plan para reactivar la economía siguen estancadas. Razón por la cual el presidente Trump, firmó, la semana pasada, un decreto para ayudar a los inquilinos y los arrendadores afectados por la pandemia.