El expresidente de la Corte Constitucional y actual miembro del tribunal continental hace una radiografía de la coyuntura sobre la violación y respeto de las garantías fundamentales, qué pasa con la propuesta de reforma hecha por Bogotá y otros países y cómo se están cumpliendo las condenas a los Estados

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La democracia es un sistema fundamental para preservar los derechos humanos. Así lo recalca el magistrado colombiano Humberto Sierra Porto que hace parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que el pasado viernes culminó un periodo de sesiones en Colombia.

El también expresidente de la Corte Constitucional sostiene que la queja de los Estados frente a los fallos del tribunal es natural, pero que eso no implica que haya una desobediencia hacia el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

EL NUEVO SIGLO:- Al cumplirse 70 años de la adopción de los Convenios de Ginebra, a los que luego se adicionaron los Protocolos ¿Cuál es el balance que se puede hacer de estos en el continente americano?

HUMBERTO SIERRA PORTO:- Estamos celebrando los 60 años de la Comisión Interamericana, los 50 años de la convención y los 40 años de iniciación de actividades de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una época de esas efemérides.

Las conclusiones son numerosas: podemos destacar como las principales que se ha consolidado un Sistema Interamericano de defensa de Derechos Humanos, que a través del trabajo de la Comisión Interamericana recibe denuncias de casos extremos en donde los estados no han dado respuestas apropiadas o han dado respuestas incompatibles con la defensa de los derechos humanos. Esas han podido ser revisadas por la Comisión o por la Corte.

Hoy podemos decir que existe un mecanismo de protección multinivel de derecho, es decir: que los derechos de los ciudadanos pueden ser defendidos tanto a nivel nacional como internacional. Y lo más importante: los ciudadanos tienen, además de las instituciones nacionales, un derecho que es el derecho internacional como un mecanismo para defenderse.

Hoy en día la Constitución colombiana no solo tiene en sus elementos lo que dice la Carta, sino también lo que ha hecho la Comisión Americana que hace parte de ella. Entonces este sistema adiciona, en calidad y en cantidad, los derechos en todas nuestras constituciones con las normas del derecho internacional.

En ese sentido ha sido un éxito la implementación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Además del impacto político que ha tenido la labor de la Comisión Interamericana y de la Corte porque las sentencias y las decisiones de estos órganos sirven como una especie de impulso, un catalizador positivo de transformaciones a nivel nacional que permiten mejorar las condiciones para la defensa de los derechos humanos.

Hemos realizado investigaciones en temas de desapariciones forzadas, investigaciones para evitar la arbitrariedad de los funcionarios públicos cuando privan de libertad a los ciudadanos, para solo colocar algunos ejemplos. Todo esto hace parte de los resultados que se han generado con la jurisprudencia y las decisiones de la Corte Interamericana.

ENS:- ¿Estamos hablando del bloque de Constitucionalidad?

HSP:- Este es uno de los resultados más palpables de las consecuencias que tiene la existencia del Sistema Interamericano y de la Convención Americana de Derechos Humanos.

ENS: ¿El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ya ha analizado la carta que varios países enviaron meses atrás en la que pedían reformas tanto a la Comisión como la Corte?

HSP:- Esa carta no se nos ha comunicado a la Corte, no hay una comunicación oficial por parte de los Estados. Sabemos que hay noticias sobre ese documento, pero nosotros como institución no lo hemos recibido así que por eso no ha habido pronunciamiento sobre ese particular. Hemos tenido la oportunidad de ser invitados por Colombia a nuestras sesiones y lo que puedo decir es que hemos recibido por parte del Gobierno una grata respuesta y un gran compromiso del Estado con la existencia de la Corte y con su funcionamiento.

Panorama continental

ENS:- ¿Cómo está el panorama de los derechos humanos en el continente? ¿Cuáles son las mayores violaciones en el hemisferio?

HSP:- La verdad es que el estado actual de los derechos humanos en el continente sigue siendo preocupante. Ha cambiado un poco en la manera en que se percibía la situación cuando empezó la existencia de la Comisión y consiste, principalmente, en que la mayor parte de los países de América Latina, en ese momento, eran dictaduras y ahora son democracias. Sin embargo, siguen existiendo graves problemas en materia de las condiciones de la población carcelaria, en las ejecuciones extrajudiciales, los abusos y las deficiencias del sistema judicial para tomar decisiones prontas frente a los ciudadanos. Es decir, en un sistema democrático se sofistican los mecanismos de los Estados para la vulneración de derechos, es una evolución en comportamiento a las costumbres estatales que conllevan a vulneraciones de derechos y que también tienen que ser reflejadas en la manera en que la jurisprudencia y el Estado luchan contra este tipo de vulneraciones.

 

“En cualquier órgano judicial cualquier decisión implica una reacción de ese tipo y si hay condenas no es extraño que los Estados muestren indignación, molestia o incomodidad”

 

ENS:- ¿Pero aún con las democracias, que se suponía ayudarían a terminar los abusos de derechos humanos, estos siguen existiendo?

HSP:- Por supuesto, la inexistencia de democracia genera un caldo de cultivo, un ambiente, un contexto que es favorable a una mayor actividad para vulnerar los derechos de los ciudadanos. La democracia es un presupuesto para la vigencia de los derechos humanos, pero es un presupuesto sin equa non (sin la cual no). Es decir, se requiere de un sistema democrático, pero todavía nuestras democracias requieren muchos elementos para desarrollarse, son democracias incipientes en muchas circunstancias. Además, las sociedades tienen una dinámica donde las vulneraciones de derechos humanos no solo están determinadas por el diseño del sistema político.

¿Demasiada injerencia?

ENS:- Hay gobiernos que sostienen que algunas decisiones de la Corte y la Comisión son invasivas y atentan contra la soberanía judicial ¿Cuál es la respuesta de la Corte?

HSP:- En cualquier órgano judicial cualquier decisión implica una reacción de ese tipo y si hay condenas no es extraño que los Estados muestren indignación, molestia o incomodidad cuando se castiga a sus autoridades o la actuación que estas realizan. Creo que en ese contexto el hecho de que los Estados se quejen de su autonomía, se quejen de las condenas, que puede que no reflejen las buenas intenciones y los desarrollos que pretenden mejorar las condiciones de derechos humanos, es natural. Lo que no significa para nada que haya un cuestionamiento básico del funcionamiento del Sistema. Este tipo de reacciones son normales a todas las decisiones y mucho más si son decisiones condenatorias.

ENS:- Hay quejas de algunos tribunales nacionales en torno a que quedan supeditados a lo que dice la Corte ¿Cómo resolver esa situación?

HSP:- El tema de fondo es que hoy en día la Corte ha desarrollado la institución del control de convencionalidad, lo que significa que los jueces nacionales para resolver casos concretos, además de la constitución y las leyes nacionales, deben usar la Convención y la jurisprudencia de la Corte, lo que ha generado un cambio copernicano en la manera de resolver los conflictos en materia de derechos humanos por todos nuestros Estados.

Hoy en día la Corte Interamericana se relaciona de una manera muy fluida con los tribunales nacionales. En este periodo de sesiones la Corte Interamericana visitó la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia durante esta sesión y siempre acostumbra a realizar este diálogo. No lo hizo con el Consejo de Estado porque están en su congreso en Santa Marta.

El punto está en que, como ha sucedido en Colombia, en una primera etapa donde se empezó a usar la figura del control de constitucionalidad había dificultades para ajustar el alcance de los avances de la Corte Constitucional con otros tribunales, pero con el paso del tiempo se ha ido regularizando esa situación.

Lo mismo ocurre con el caso del Sistema Interamericano y los tribunales internacionales. La realización de un diálogo judicial es indispensable para encontrar el rol de cada uno en la defensa de los derechos. Hay que decir que esto se puede ver como un conflicto o como un diálogo, un proceso de ajuste, y esta última es mi perspectiva.

Nivel de cumplimiento

ENS:- En ese contexto ¿qué tan efectivas son las condenas de la Corte contra los Estados? ¿Se están cumpliendo?

HSP:- Las sentencias de la Corte se cumplen. El grado de cumplimiento de las sentencias, por lo menos en aspectos como las condenas económicas, es de un nivel prácticamente total, son muy altos. Los Estados reparan a las víctimas económicamente por instrucciones de la Corte.

En ocasiones, las decisiones de la Corte requieren de un compromiso o un acuerdo de medidas de satisfacción (elaboración de monumentos, por colocar un ejemplo), y esto supone la necesidad de que haya un acuerdo entre las víctimas y el Estado para realizar este tipo de actividades. Esto puede generar un proceso de negociación de la sentencia que puede retrasar el cumplimiento.

En otras ocasiones las decisiones de la Corte son de carácter estructural e imponen la necesidad de que el Estado implemente leyes o realice políticas públicas y para ese tipo de decisiones se requiere la intervención de distintos órganos del Estado y este es un proceso que requiere de tiempo para concretarse.

Dependiendo de la naturaleza de las decisiones que dicta la Corte tienen un mayor o menor tiempo para su cumplimiento, pero sin duda los Estados hacen parte del Sistema porque tienen plena convicción de que este tipo de órdenes no solo son un mecanismo que declara lo negativo, sino que son mecanismos que se convierten en una oportunidad del Estado para impedir que se reproduzcan las condiciones que generaron las vulneraciones de derechos. Son un mecanismo de activación de la sociedad y las reformas necesarias que se deben dar en una sociedad es un impulso del derecho internacional para hacer transformaciones internas que beneficien a los derechos humanos.

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La reforma que piden cinco países

El pasado 11 de abril los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Paraguay enviaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una “declaración” pidiendo reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Si bien las cinco naciones reafirmaron su inequívoco compromiso permanente con la promoción y protección de los derechos humanos y reconocieron el aporte de la Comisión y la Corte, advirtieron que el Sistema “tiene, como cualquier empresa humana, fallas y en particular en los últimos años los países firmantes hemos registrado serios problemas”.

Según estos, es urgente adoptar medidas para reducir el atraso en el trámite de peticiones ante la CIDH y mejorar la economía procesal en los casos ante la Corte, así como una estricta aplicación de principios fundamentales del Sistema, como son el principio de subsidiariedad o el margen de apreciación de los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Tras recalcar que en los cinco países “impera el Estado de Derecho y hay una institucionalidad sólida y eficaz que consagra mediante procesos democráticos un amplio espectro de derechos y garantías”, se llamó a que “se respete el legítimo espacio de autonomía de cada Estado y, en especial, a que los órganos del Sistema tomen en consideración las realidades políticas, económicas y sociales de los Estados, en especial al momento de decretar medidas de reparación, las cuales deben guardar una debida proporcionalidad y respetar los ordenamientos constitucionales y las exigencias propias del estado de Derecho”.

Por último los cinco gobiernos recalcaron en la carta -de la que la CIDH acusó recibo y prometió analizar, pero no ha respondido- que ninguno de ellos “puede ser acusado de buscar un debilitamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Todos nos hemos esforzado en dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión y hemos sido objeto de condenas por parte de la Corte, debiendo adoptar una gran variedad de medidas de reparación, algunas veces en condiciones muy difíciles”.

Por lo tanto, reiteraron que estas propuestas van dirigidas a mejorar y fortalecer los procedimientos existentes en el Sistema, por lo que deben ser consideradas de buena fe y sin prejuicios o preconcepciones.