El decreto que se toma como una medida preventiva busca, entre otras cosas, que ningún ciudadano británico o español quede desprotegido.

El gobierno español anunció este viernes la adopción de un decreto para minimizar los efectos de un eventual Brexit sin acuerdo en la vida de los más de 300.000 británicos residentes en el país y preservar sus derechos.

A cambio, Madrid exigió a Londres que haga lo mismo de su parte para los 150.000 españoles residentes en el Reino Unido.

El objetivo es "que ningún ciudadano británico o español quede desprotegido, ni él ni sus familiares", insistió en rueda de prensa Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno del socialista Pedro Sánchez.

España es uno de los países de la Unión Europea con una mayor colonia de británicos.

Calvo enumeró medidas en materia de residencia, empleo, sanidad, entre otras, que deben complementar las adoptadas por la UE.

El decreto también "establece las medidas necesarias para proteger a los trabajadores y pensionistas cubiertos por los sistemas de seguridad social británico y español".

"Esperamos que no tenga que utilizarse" este compendio de medidas, indicó Calvo, asegurando que solo se aplicaría "si el Reino Unido decidiera salir de la Unión Europea por la ventana".

La vicepresidenta señaló que se prestará atención particular a la zona del Campo de Gibraltar de Andalucía, en el sur de España, para garantizar un "flujo rápido" para los 9.000 trabajadores transfonterizos españoles que se desplazan casi a diario al enclave británico de Gibraltar.

Los empleos en este pequeño y próspero territorio británico ubicado en el sur de España son vitales para los habitantes de las empobrecidas áreas españolas que lo circundan.

Pero estos trabajadores también son indispensables para el buen funcionamiento de la economía del Peñón.

A menos de un mes del Brexit, previsto teóricamente para el 29 de marzo, el Reino Unido se arriesga a una salida sin acuerdo después de que sus diputados rechazaran masivamente en enero el pacto de divorcio arduamente negociado entre la primera ministra Theresa May y Bruselas.