Cifras de la CIDH indican que son 647 presos, el gobierno reconoce 350 detenidos y un comité de familiares presentó una lista de 807.

El gobierno y la oposición regresaron el jueves a la mesa de negociación para dar una salida a la crisis política que vive Nicaragua, un proceso que pondrá a prueba el compromiso del presidente Daniel Ortega de liberar en 90 días a cientos de detenidos en las protestas.

Las delegaciones retomaron este jueves las pláticas en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), en el sur de Managua, tras llegar el miércoles a un acuerdo de liberar a todos los opositores detenidos en un máximo de 90 días.

Este acuerdo es "un gran avance" y ese es el primer punto de la agenda del jueves, dijo a la AFP el estudiante Max Jérez, delegado de la alianza opositora.

El lunes pasado, la oposición se levantó de la mesa luego de que la policía reprimiera con violencia el sábado anterior a manifestantes opositores que pretendían marchar en demanda de la liberación de presos políticos.

El gobierno se comprometió a liberar a todas las personas que han sido detenidas en el contexto de las protestas que estallaron el 18 de abril del año pasado. 

Según un listado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son 647 presos, mientras que el gobierno reconoce 350 detenidos y un comité de familiares de los detenidos presentó una lista de 807.

Ortega, de 73 años, enfrentó la peor crisis en sus 12 años seguidos de mandato por las protestas iniciadas el año pasado contra una fallida reforma a la seguridad social, que fueron reprimidas con fuerza y derivaron en demandas masivas por su salida del poder.

El período de 90 días fue recibido con recelo entre familiares y organismos de derechos humanos que consideran que la liberación de los presos debe ser inmediata.

"Estoy, triste, confundida y furiosa, veo a nuestros presos políticos como fichas de intercambio ¿Cómo manejarán esa agenda? Serán rehenes escogidos, uno a uno mientras se discuten los puntos de agenda", dijo a periodistas a través whatsapp, Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

"El gobierno ha mostrado repetidamente que su meta es hacer lo menos posible en las negociaciones. Creo que serán necesarios un monitoreo y presión continuos para asegurar que todos los detenidos sean liberados en los próximos 90 días", comentó a AFP Geoff Thale, vicepresidente del centro de estudios WOLA (Oficina de Washington para América Latina).

En el mismo sentido, el economista Juan Sebastián Chamorro, de la alianza opositora, sostuvo en Twitter que "no se hará un llamado a levantar sanciones (internacionales) hasta que la totalidad de los derechos sean restituidos", incluida la libertad de manifestación y de prensa.

La agenda de negociaciones incluye también reformas electorales, el fortalecimiento de derechos y garantías ciudadanas, así como el establecimiento de la verdad, justicia y reparación por los abusos cometidos en los 11 meses de protestas.

Desde el estallido de las protestas antigubernamentales, la represión ha dejado al menos 325 muertos, 2.000 heridos y 52.000 exiliados, según organismos de derechos humanos.

País colapsado

De acuerdo con expertos, el gobierno se habría visto obligado a ceder, bajo presión de recibir más sanciones por la represión que ejerció nuevamente en medio de negociaciones con la oposición.

Las presión para que Ortega haga concesiones a la oposición viene de frentes internos como el sector empresarial que tradicionalmente fue su aliado, y de fuentes externas, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, con sanciones que han golpeado la deteriorada economía nicaragüense, indicó Thale.

El gobierno de Ortega "está erosionado, colapsado y aislado internacionalmente, no tiene mas remedio que abrir la puerta a empujones para que se restablezca la democracia en Nicaragua", dijo de su lado a la AFP, la exguerrillera e historiadora Dora María Téllez.

El acuerdo del miércoles es señal de que "Ortega acepta que tiene presos políticos y que tiene que liberarlos", lo que contradice la narrativa oficial de que el gobierno enfrentó un intento de golpe de Estado.

Sus detractores acusan al gobierno de Ortega de instaurar una dictadura marcada por la corrupción.