La novela británica 1984, de George Orwell, caracterizaba una sociedad distópica en la que las personas tenían restringido el pensamiento independiente y eran víctimas de una vigilancia constante.

Publicada en 1949, la obra se planteaba como una profecía futurista con un tema de fondo: “El Gran Hermano te vigila”, algo que parece estar haciéndose realidad en 2021.

Ahora parece que vivimos en el ambiente de “1984”, donde todos nuestros movimientos son controlados esta vez por cámaras de vigilancia colocadas en las calles de las grandes ciudades como Nueva York, en las autopistas, en los parques públicos, en el metro, en los centros comerciales y en los aparcamientos, violando la privacidad personal y los derechos civiles.

Un artículo publicado en The New York Times (TNYT) en septiembre, destaca que el Departamento de Policía de Nueva York ha continuado con su vigilancia masiva e ininterrumpida, desde que comenzó a hacerla sistemática tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Centre de Nueva York.

Según el diario neoyorquino, los residentes en la metrópoli realizan su vida cotidiana mientras conviven habitualmente -y la mayoría inadvertidamente- con herramientas de vigilancia digital, como programas de reconocimiento facial, lectores de matrículas o furgonetas móviles de rayos X que pueden ver a través de las puertas de los automóviles.

Además, drones de vigilancia sobrevuelan las manifestaciones masivas y los manifestantes dicen haber sido interrogados por agentes antiterroristas después de las marchas.

Pero Estados Unidos no está solo en esta emulación de la distopia orwelliana.

Quizá se esté convirtiendo en un fenómeno mundial a medida que la vigilancia electrónica se extiende por todos los continentes, sean los países del Norte industrial o del Sur global.

Según un nuevo estudio de la Red Africana de Derechos Digitales, publicado hace una semana, los gobiernos de seis países africanos -Egipto, Kenia, Nigeria, Senegal, Sudáfrica y Sudán- están llevando a cabo una vigilancia masiva y las leyes vigentes no protegen los derechos legales de los ciudadanos ante ese espionaje.

El estudio, descrito como la primera comparación sistemática de las leyes de vigilancia en África, llega en un momento en que aumenta la preocupación por la proliferación de la vigilancia digital a medida que las tecnologías se vuelven más sofisticadas y más intrusivas en la vida de la población.

Muchos gobiernos han ampliado sus facultades de vigilancia y acceso a los datos personales durante la pandemia de la covid-19, señala el estudio.

La Red Africana de Derechos Digitales aglutina a 30 activistas, analistas y académicos de 12 países africanos centrados en el estudio de la ciudadanía digital, la vigilancia y la desinformación, y forma parte del Instituto de Estudios para el Desarrollo (IDS, en inglés), un grupo con liderazgo mundial en la reflexión sobre investigación y política.

Tony Roberts, investigador del IDS, con sede en Londres, y coautor del informe, afirma que los Estados necesitan poderes de vigilancia para prevenir atrocidades terroristas, pero que, para ser coherentes con los derechos humanos, dichos poderes deben estar estrechamente orientados a los delitos más graves, utilizarse cuando sea estrictamente necesario y ser proporcionales a las necesidades.

Señala que los ciudadanos deben ser más conscientes de sus derechos a la intimidad y de las actividades de vigilancia emprendidas por sus gobiernos. La legislación puede ser útil para definir controles y equilibrios que protejan los derechos de los ciudadanos y proporcionen transparencia.

“Pero la sociedad civil necesita la capacidad de controlar las prácticas de vigilancia y hacer que el gobierno rinda cuentas ante la ley”, subrayó en una entrevista con IPS.

El especialista aseguró que esa vigilancia promovida por los gobiernos no es solo algo de Estados Unidos y otro grupo de países, sino que “la vigilancia estatal de los ciudadanos está aumentando en Europa occidental”.

Señaló que las tecnologías digitales han facilitado y abaratado la vigilancia de los ciudadanos por parte de los Estados. Antes se necesitaba todo un equipo de personas para vigilar un objetivo, intervenir las líneas telefónicas, grabar, transcribir y analizar los datos de un solo objetivo.

“Ahora, las búsquedas en Internet y en las comunicaciones móviles están automatizadas mediante inteligencia artificial (IA) y algoritmos”, destacó Roberts.

En ese sentido, consideró que el escándalo de Cambridge Analytics mostró cómo la vigilancia de las redes sociales es utilizada por los partidos políticos en Reino Unido o Estados Unidos.

“Las revelaciones de Edward Snowden mostraron cómo los gobiernos de Europa occidental y Estados Unidos realizan sistemáticamente una vigilancia masiva de los ciudadanos. El caso del programa espía (israelí) Pegasus mostró cómo los Estados utilizan programas maliciosos para espiar al presidente francés, a los líderes de la oposición, a los jueces y a los periodistas”, añadió.

Mientras tanto, la División de Inteligencia de la Policía de Nueva York, rediseñada en 2002 para enfrentarse a las operaciones del grupo islamista Al Qaeda, utiliza ahora tácticas antiterroristas para luchar contra la violencia de las bandas y la delincuencia callejera en Nueva York.

Según TNYT, el Departamento de Policía ha invertido recursos en la ampliación de sus capacidades de vigilancia. El presupuesto de la división de inteligencia y antiterrorismo se ha cuadruplicado con creces, gastando más de 3000 millones de dólares desde 2006, y más a través de fuentes de financiación difíciles de cuantificar, incluidas las subvenciones federales y la secreta Fundación Policial, una organización sin ánimo de lucro que canaliza el dinero y los equipos hacia el departamento a través de benefactores y donantes.

Funcionarios y exfuncionarios de la policía afirman que estas herramientas han sido eficaces para frustrar docenas de atentados. Y el departamento tiene la obligación, dicen, de reutilizar sus herramientas antiterroristas para la lucha diaria contra el crimen, dijo TNYT.

Donna Lieberman, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, dijo al diario que su organización ya estaba preocupada por la vigilancia policial sigilosa en la década de los 90. Ya poco antes de los ataques, su organización había trazado un mapa de todas las cámaras que pudo encontrar en la ciudad. En retrospectiva, reconoció, fue una labor ingenua.

“Hicimos un mapa, y teníamos puntos, teníamos chinchetas en ese momento donde había cámaras. Y cuando lo hicimos, había un par de miles”, dijo Lieberman.  “Repetimos la encuesta en algún momento después del 11-S, y había demasiadas cámaras para contarlas”, añadió.

Mientras tanto, el nuevo informe también identifica a Egipto y Sudán como los países en los que los derechos de los ciudadanos a la privacidad estaban menos protegidos. Esto se debe a una combinación de protecciones legales débiles, una sociedad civil débil para pedir cuentas al Estado y una mayor inversión estatal o gubernamental en tecnologías de vigilancia.

Por el contrario, a pesar de que el gobierno de Sudáfrica también viola la ley de privacidad, la determinada sociedad civil del país, los tribunales independientes y los medios de comunicación obligan con éxito al gobierno a mejorar su ley y sus prácticas de vigilancia.

En general, la investigación identificó seis factores que significan que las leyes de vigilancia existentes no protegen los derechos de privacidad de los ciudadanos en cada uno de los seis países analizados:

• La introducción de nuevas leyes que amplían los poderes de vigilancia del Estado,
• la falta de precisión jurídica y de garantías de privacidad en la legislación sobre vigilancia,
• el aumento de la oferta de nuevas tecnologías de vigilancia que facilitan la vigilancia ilegítima,
• los organismos estatales que llevan a cabo regularmente actividades de vigilancia al margen de lo permitido por la ley,
• la actual impunidad de quienes cometen actos ilegítimos de vigilancia,
• la debilidad de la sociedad civil, incapaz de hacer que el Estado rinda cuentas ante la ley.