El cuarto presidente de Perú en menos de cinco años ha tomado posesión esta semana. Francisco Sagasti, ingeniero y técnico con más de veinte libros publicados, ha reemplazado a Martín Vizcarra en un intento por aunar la tensión en el país tras dos muertos y 60 heridos. Sagasti ha llegado al poder empujado (sí, desde las calles) por la mayor movilización popular de la historia de Perú y un descrédito descomunal de la clase política. Luego de su posesión el martes, algunos ven en él un posible reformador de la política peruana.

¿Qué está pasando en Perú? No es recomendable lanzarse con un argumento central para explicar estas dos semanas en las que, por cuarta vez, un presidente ha salido antes de tiempo de la Casa de Gobierno. Los riesgos son muchos porque, a diferencia de Chile, este proceso se puede explicar por múltiples causas; aunque se encuentran, sin duda alguna, ciertos paralelos entre ambos. Los dos países tienen constituciones hechas por gobiernos autoritarios o semiautoritarios que delimitaron estructuras constitucionales capaces de perdurar en el tiempo y limitar su capacidad de reforma.

Es cierto que muchas veces la constituyente termina siendo una obsesión de los movimientos sociales y políticos. Pero las causas que explican por qué se ha llegado a discutir su eventual realización van mucha más allá que la intención de cambiar la Constitución.  En los momentos previos a que se hablara de un proceso constitucional, ya existía un complejo contexto político e institucional que es, en mi opinión, lo más interesante de Perú.

Una reorganización política

En Perú, la política parece no entenderse más como la hemos visto desde afuera. Alberto Fujimori y ese legado conocido como “el fujimorismo” tiene cada vez menos fuerza. Visto como la herencia de Haya de la Torre, el APRA, aquel partido que llegó a liderar la socialdemocracia latinoamericana con Acción Democrática en Venezuela y el PRI en México, hoy está reducido a un puñado de representantes. Y la izquierda nativista que tuvo como gran líder a Alejandro Toledo y, de cierto modo se extendió con Ollanta Humala, tampoco tiene la fortaleza para gobernar de nuevo.

Dirán muchos que todos estos casos los une una misma línea narrativa: la corrupción. Sí, la corrupción en Perú explica muchas cosas. Eso sí, no todas, por lo que dar otras explicaciones sobre este proceso político es más que necesario. Por sus asociaciones o colusiones con la multinacional brasileña Odebrecht, cuatro expresidentes han sido juzgados en las cortes nacionales. Lo que de inmediato abre numerosas preguntas. ¿Si los presidentes han sido juzgados, no es una muestra de la independencia y seriedad del sistema judicial de Perú? De entrada, uno creería que sí. Pero el sistema político, como dice cualquier ciudadano en la Plaza de Armas de Lima, tiene tentáculos que tocan a todo el régimen político, y que no perdonan el pasado.

Acusado de haber recibido 654.000 dólares cuando era presidente regional en 2014, Vizcarra  fue declarado “en vacancia” por su “incapacidad moral” para dirigir el país. Este fue de hecho el argumento esgrimido por Sagasti estando en el Congreso, quien llegó a la política hace tres años, y a quien la gente por ahora le cree por no ser parte del mismo sistema que se favoreció del monstruo de Odebrecht, y de otros tantos monstruos.

Vizcarra, sin embargo, ha sido una figura muy particular. Se ha beneficiado supuestamente de la corrupción enorme de su país, pero por él millones de peruanos han marchado para que no fuese destituido por un Congreso (que tiene 63 investigados por corrupción) al que consideran peor que el mismo líder del Ejecutivo. Antes de salir de la casa presidencial, Vizcarra gozaba del 77% de popularidad. Lo que resulta francamente difícil de explicar. Una posible hipótesis de esta, llamémosla peculiaridad política, es que él mismo era el principal promotor de las reformas política que delicadamente tocaban al Congreso.

El Congreso es el eje central de lo que está pasando en Perú. En él persisten figuras del fujimorismo (sus hijos), del APRA, y de otros partidos asociados a una clase política en firme declive. En una disputa permanente desde asumió la presidencia en 2018, Vizcarra no logró obtener el respaldo del parlamento en muchas de sus reformas y aprobación presupuestal, y, ante la obstrucción, decidió cerrar el Congreso. Con una coalición gobiernista golpeada por la salida de Pedro Pablo Kuczynski y aquella decisión, la enemistad entre el ejecutivo y legislativo terminó por agotarse y derivó en investigaciones preliminares que cesaron a Vizcarra del cargo.

Las reformas de Vizcarra, él mismo cesado por corrupción, buscaban ampliar los requisitos para postularse al Congreso. En proyectos bloqueados por las mayorías que controlan la institución, se intentó que ninguna persona que tenga un récord penal o prontuario criminal aspire al parlamento y que cumpla con un mínimo de educación. Aunque no pasaron, la intención del cesado presidente caló en la ciudadanía peruana. Encuestas publicadas por medios locales dicen que alrededor del 73% de los peruanos apoya las protestas contra el Congreso y su decisión de declarar la vacancia de Vizcarra.

Reformar normas para la elección de congresistas fue el detonante de lo que ha pasado esta semana. En vez de pedir reformas, la ciudadanía ahora busca el cambio de una clase política inmóvil y cooptada por las viejas formas heredadas de Fujimori y García. Esta clase política ha encontrado por décadas en el Congreso su mayor aliado para blindarse de cualquier asomo de cambio. Ejecutar la figura de “vacancia” por “incapacidad moral” ha sido su herramienta para que opinión, ciudadanía e instituciones se centren en la figura presidencial como el eje del entramado corrupto peruano, cuando este, como se sabe, está enganchado en todas las instituciones, como el Congreso.

El recién posesionado Sagasti llega a ponerle calma a esta tensión entre el poder legislativo y ejecutivo. Se trata de un gobierno de transición que, principalmente, se centrará en la crisis del Covid- 19 y llevar a cabo las reformas educativas y políticas que ya venía en marcha. En abril, debe citar a elecciones generales para elegir su sucesor.

En seis meses, sin embargo, puede hacer lo que pocos se han atrevido: reformar la Constitución o abrir un proceso constituyente. Con su perfil técnico y alejado de la clase política, y el apoyo popular que eventualmente herede Vizcarra, Sagasti puede pasar de ser un reputado ingeniero en lo privado a un reformador del tristemente vapuleado sector público. 

Candidato a MPhill en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Oxford.