EN TAN SOLO dos semanas y en las postrimerías de su administración, el presidente demócrata de Estados Unidos ha tomado tres decisiones claves que estrechan el cerco contra el régimen venezolano de Nicolás Maduro.

Tras hacer múltiples concesiones, desde levantar las sanciones al petróleo y otros combustibles a cambio de que convocara y realizara unas “elecciones libres y transparentes” hasta liberar el 20’ de diciembre pasado a Alex Saab, un aliado de Maduro y que enfrentaba ante la justicia estadounidense un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero por la entrega de diez ciudadanos norteamericanos presos en Caracas sin justificación alguna, el gobierno Biden optó por medidas fuertes y de gran significación política.

Tras dar un compás de espera para que el Tribunal Electoral de Venezuela, cooptado por el régimen, divulgara las actas de la presidencial verificada el pasado 28 de julio y en las que según demostró la oposición el ganador, con un contundente mandato, fue su candidato Edmundo González Urrutia, Estados Unidos reconoció el 19 de este mes a este diplomático, forzado a exiliarse, como el presidente electo.

El nominado al cargo de jefe de Seguridad Nacional para Trump II, el republicano Mike Waltz, ha sido un férreo defensor de esta iniciativa que surte su trámite en el Senado, donde se da por descontada su aprobación para la respectiva sanción presidencial.

“Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo” es el título del proyecto  que específicamente prohíbe a Estados Unidos firmar contratos con personas que realicen negocios "con el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro" o con cualquier otro "no reconocido como legítimo por Estados Unidos".

El régimen Maduro que criticó duramente el nombre que tiene dicha iniciativa, tildándolo como una ofensa contra el renio más grande la historia americana (Bolívar), sostiene también que la misma está destinada a “impedir la cooperación económica entre ambos países y viola la Carta de la ONU, sumándose a las más de 930 medidas coercitivas unilaterales y extraterritoriales impuestas a Caracas”.

A exactamente 42 días que tenga lugar la posesión del presidente electo de Venezuela (10 de enero) que según Maduro es él, pero la oposición y varios gobiernos sostienen que es Edmundo González tras un evidente fraude, el gobierno Biden sancionó a 21 miembros del entorno cercano a Maduro por la violenta y continua represión poselectoral.

La medida cobija desde altos mandos militares y policiales, hasta ministros e, inclusive, a la hija del ministro del Interior.

El anuncio lo hizo la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del departamento del Tesoro explicando que se sanciona a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que utilizaron "sus armas de fuego para reprimir a los manifestantes, arrestar y golpear a menores, y llevar a cabo detenciones". arbitrarias", la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Milicia Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Señala el comunicado del Departamento del Tesoro que todos ellos se sancionan porque mantienen vínculos con las autoridades del país y han "apoyado y contribuido a sacar adelante las órdenes de Maduro para reprimir a la sociedad civil en sus esfuerzos por declararse ganador de forma fraudulenta de las elecciones venezolanas".

Entre otros destacan los jefes del servicio de inteligencia, Alexis José Rodríguez Cabello, de la Dgcim, el general Javier José Marcano Tábata, y de la policía nacional, el general Rubén Santiago.

Los muy temidos Sebin y la Dirección de Contrainteligencia Militar suelen ser responsables de detenciones de activistas opositores por acusación de "conspiración" contra el gobierno de Maduro. Han sido cuestionados por organizaciones de derechos humanos y por la misión de expertos de Naciones Unidas encargada de investigar abusos en Venezuela.

La policía nacional actúa, por su parte, en el control de manifestaciones y eventos de orden público.

Las sanciones apuntan a varios ministros como el de Comunicación, Freddy Ñáñez, uno de los propagandistas del régimen, presente en casi todas las intervenciones de Maduro; el del Despacho de la Presidencia, el contralmirante Aníbal Coronado Millán, el de Planificación, Ricardo Menéndez, y el del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa.

También fue incluida Daniella Desiree Cabello, hija del ministro del Interior Diosdado Cabello. Desde septiembre está a cargo de la Agencia de Promoción de Exportaciones, que sustituye en la práctica a la autoridad del control de cambio que estuvo vigente en Venezuela por más de 15 años.

Restricción de visa

Los sancionados "han apoyado y llevado a cabo las órdenes de Maduro para reprimir a la sociedad civil en sus esfuerzos por declararse fraudulentamente ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio", afirma el Tesoro.

De esta manera ignoran "la voluntad de la abrumadora mayoría de los venezolanos votados que eligieron a Edmundo González Urrutia como su próximo presidente", añade.

Entre las tácticas utilizadas por estos funcionarios objeto de sanción se encuentran los arrestos arbitrarios. "Todo esto supone un intento desesperado de silenciar las voces de los ciudadanos", indicó el subsecretario del Tesoro para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley T. Smith.

Fue claro en señalar que "Estados Unidos seguirá señalando a aquellos que usan la violencia y la intimidación para socavar la democracia y el derecho legítimo a la libertad de expresión”, al tiempo que enfatizó que los sancionados se han visto implicados en actos de corrupción o haber violado los Derechos Humanos del pueblo venezolano.

La oposición reivindicó la victoria de González Urrutia asegurando que tenían el 80% de las copias de las actas que demostraban su triunfo. El estallido de protestas contra Maduro se saldó con 28 muertos, 200 heridos y más de 2.400 detenidos.

El opositor terminó exiliándose en España, pero ha prometido que será investido como presidente el próximo 10 de enero en Venezuela.

Cuatro meses después de las elecciones, "Maduro y sus representantes siguen proclamando falsamente su victoria y violando los principios democráticos", afirma, por su parte, el jefe de la diplomacia, Antony Blinken, en otro comunicado.

El Departamento de Estado impuso por su parte restricciones de visa a "individuos alineados con Maduro".

Con estas medidas hasta la fecha casi 2.000 personas se ven afectadas por restricciones de visa.

Las sanciones implican el "bloqueo de propiedad y suspensión de entrada" en Estados Unidos "por ser funcionarios actuales o anteriores" del gobierno de Venezuela, informa el Tesoro.

"No se trata simplemente de responsabilizar a Nicolás Maduro" sino a los funcionarios "que actúan ilegalmente para mantener este régimen basado en tácticas represivas", declaró un funcionario gubernamental que pidió el anonimato.

Como era de esperarse, el régimen venezolano reaccionó indignado. "Las anunciadas el día de hoy -por Estados Unidos- son un acto desesperado de un gobierno decadente y errático, que busca ocultar su rotundo fracaso electoral y la grave crisis social en la que deja al país", señala un comunicado la Cancillería tras rechazar las sanciones contra el "grupo de patriotas".

Licencias petroleras

Pese a las medidas anteriormente mencionadas, Washington sigue sin tocar a las licencias petroleras, pese a que la líder opositora venezolana María Corina Machado lo reclama con insistencia.

La industria petrolera de Venezuela está sancionada desde 2019, pero Washington otorga licencias individuales para operar en Venezuela a varias compañías, como la estadounidense Chevron.

"Esto es algo que estamos revisando continuamente mientras buscamos alcanzar nuestros objetivos de política exterior en Venezuela", afirmó el funcionario.

"Porque no hayamos tomado ninguna acción hasta ahora no significa que no tomaremos una en el futuro", precisó a periodistas otro funcionario que también pidió el anonimato.

En los últimos días ha aumentado la presión internacional sobre el chavismo.

El G7, integrado por Estados Unidos, Canadá, Italia, Alemania, Reino Unido, Japón y Francia, consideró a González Urrutia como el ganador de las elecciones.

Esto llevó a Maduro, presuntamente reelecto para un tercer mandato (2025-2031) sin presentar el detalle de las actas electorales, a plantearse revisar las relaciones con estos países.

La nueva ‘vuelta de clavija’ del gobierno estadounidense al régimen Maduro si bien aumenta la presión no llevaría a un cambio en sus planes de asumir, pese al evidente fraude, un tercer mandato este 10 de enero. Sin embargo, la oposición, dentro y fuera de Venezuela, tendría una estrategia y de allí el llamado de María Corina Machado a los ciudadanos de permanecer alerta para “actuar en el momento indicado” y “como corresponda”. La incertidumbre es total y la esperanza de la transición sigue viva.