ESTE mes que está por concluir ha traído y traerá sorpresas, además de importantes repercusiones en el campo político latinoamericano. Se tendrán influencias que pueden ser muy duraderas, a partir de las medidas de Bolsonaro sobre la Amazonía, los eventos electorales en Argentina, Bolivia, Colombia y Uruguay, hasta los acontecimientos del México de Andrés López Obrador, y desde luego, el trasiego actual de agitadas dinámicas populares en el Ecuador de Lenin Moreno.

Es sobre este último caso en el cual pueden percibirse con mayor actualidad, los problemas, retos y salidas -al menos, momentáneas- que tiene la gobernabilidad de Ecuador.  No es de olvidar que este país petrolero tiene la influencia notable de la organización popular e indígena, y el desafío de un relativamente bajo crecimiento económico que desde ya está poniendo en jaque a las finanzas de gobierno.

Ecuador, al igual que muchos países de la región, no cuenta ahora con el empuje de precios altos de materias primas.  Algo que sí ocurrió para la región latinoamericana, en especial, durante el período 2003 a 2014.  Estos ingresos no tributarios del gobierno parecen haber forzado a la administración Lenin Moreno a eliminar subsidios a los combustibles.

Esto último, con un incremento a la gasolina y al diésel de 123 por ciento, prendió el fuego del verano en la seca pradera de la oposición al gobierno.  Las marchas no se hicieron esperar. Y como normalmente ocurre, las fuerzas represivas del gobierno -policía antimotines y ejército- actuaron con violencia, como se ha hecho normal en esos casos. 

Lo importante, al final, es que el gobierno dio marcha atrás con las disposiciones y se desarrolla en la actualidad un proceso de diálogo, pero sin tener en ejecución las medidas, motivo de la controversia.  Un logro importante de la sociedad civil y una lección que se puede aplicar con motivo de la presión de ciudadanía en el cambio de medidas de gobierno, tal y como también ocurrió en la Guatemala de 2015.

Uno de los aspectos a resaltar en todo esto como componente interpretativo de la condición socio-política es la legitimidad.  Un gobierno puede tener legitimidad formal al ser electo mediante sufragio universal, pero debe desempeñarse con legitimidad concreta. Este último tipo de legitimidad es lo que ha sido, por lo general, un problema recurrente para muchas de las democracias latinoamericanas.  Se ha convertido en un problema de fondo y de contenido en los procesos y mecanismos democráticos de la región. 

La legitimidad concreta se basa en los resultados, en las mejoras efectivas -eficientes y eficaces- que se tengan para la sociedad en su conjunto.  De esa cuenta la protesta social se hace sentir cuando las medidas de los gobernantes no se perciben como las más pertinentes u oportunas.

Estos conceptos han contado con un desarrollo fundamental, entre otras obras, con el aporte clásico del estudio “Crisis de Legitimidad” (1973) de Jürgen Habermas (1919 -) o también el tratamiento del tema de gobernabilidad política en su obra “Dialéctica de la Secularización” (2005), libro este último que lo escribió con Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI.

Como parte de los problemas de legitimidad y conducción del Estado en Latinoamérica se tendrían tres grandes aspectos: (i) medidas coyunturales que van contra los intereses de la mayoría social, que es el caso específico, de lo ocurrido con el aumento reciente a los combustibles en Ecuador; (ii) la revocabilidad de un mandatario; y (iii) la intermediación social y política, de representación por parte de los partidos políticos.

Respecto al primero de los tópicos mencionados, las movilizaciones de calle pueden detener o revertir medidas del Ejecutivo.  Este es el caso también de Hong Kong, de las protestas en otros países latinoamericanos, incluyendo a Bolivia y México.  Este activismo tiene un efecto que sería muy puntual, determinado o específico.  Se depende de qué tan represivo o terrorista es un gobierno.  Precisamente es el desempeño y respaldo que muestre el ejército lo que puede hacer efectivo o no, un movimiento social de protesta en la calle.

Véase cómo Maduro no cae a pesar de las ejecuciones extra-judiciales en plena calle, con motivo de las protestas, dado que las fuerzas armadas lo respaldan.  Cuando esta institución, que es eje de poder real en la región, muestra un comportamiento más equitativo, por decirlo con cortesía, el espacio de influencia puede ser muy significativo.  Es lo ocurrido en Ecuador y en al menos durante seis meses de protestas de calle en Guatemala en 2015.  No obstante que la población mantiene fresco el recuerdo de masacres y asesinatos, de la represión de las fuerzas armadas, lo que obviamente opera como desestimulo a la participación.

El problema de la revocabilidad de mandatarios es una situación muy difícil de resolver en los sistemas presidencialistas latinoamericanos.  Es decir, en donde la jefatura del Estado y la del gobierno recaen en la misma persona.  Es diferente cuando se tiene -como en casos europeos- regímenes parlamentarios, en donde el jefe del gobierno es el Primer Ministro.  En este caso se puede convocar con relativa mayor facilidad a elecciones de Congreso y con ello revocar el mandato de quienes están al frente del Poder Ejecutivo.

Otro problema estructural es tanto la gobernabilidad -coordinación entre poder Legislativo y Ejecutivo- unido al hecho de que los partidos no son instancias de intermediación política.  Es decir los ciudadanos de “a pie” no se sienten representados por los legisladores.  Resultado: que estos personajes terminan por lo general representándose a sí mismos, con toda la cauda de corrupción e impunidad que en estos casos suele ocurrir.

*Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard. Profesor, Facultad de Administración de la Universidad del Rosario. El contenido de este artículo es de entera responsabilidad del autor por lo que no compromete a entidad o institución alguna.