El gobierno y la oposición de Nicaragua trazaron las reglas de una compleja negociación que deberá concluir el 28 de marzo, con las iglesias católica y evangélica como testigos, para sacar el país de la aguda crisis que ha dejado 325 muertos y un economía en declive.

Después de cinco días de reuniones en las que quedó definida la metodología, el gobierno de Daniel Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) van a comenzar tratar los aspectos sustantivos de la negociación, y se pusieron como fecha límite el 28 de mrazo. 

El gobierno y la ACJD invitaron como "testigos y acompañantes" al cardenal Leopoldo Brenes y al pastor de la iglesia evangélica, Ulises Rivera, además del representante del Vaticano, el nuncio Waldemar Stanislaw Sommertag.

El secretario de la Conferencia Episcopal (CEN), Juan Abelardo Matta, manifestó que el viernes se reunirán de emergencia para decidir si aceptan la invitación de las partes para incorporarse al proceso.

En abril se cumple un año del estallido de las protestas antigubernamentales que detonaron la actual crisis, tras la dura represión a los manifestantes que dejó 325 muertos, centenares de detenidos y miles de exiliados.

Para esa fecha es necesario que el país esté "enrumbado en otra dinámica" que lleve a la reconciliación y a sentar las bases de una refundación de la democracia nicaragüense, dijo a la AFP el analista político Gabriel Álvarez.

Los obispos fueron mediadores y testigos en el dialogo realizado entre mayo y junio que fracaso en medio de fuertes protestas que fueron sofocadas por el gobierno con el uso de la fuerza.

Negociación con dudas

Matta, un férreo crítico del gobierno, expresó a la AFP dudas en el actual proceso negociador, por considerar que entre los delegados del gobierno hay personas sin mayor peso político.

"Da la impresión de que solo están 'tapándole el ojo al macho' y no dan la confianza de que tengan capacidad de decisión", sostuvo el religioso, un férreo crítico del gobierno.

La oposición pidió que la negociación contara con garantes internacionales para velar por el cumplimiento de los acuerdos, pero las partes acordaron incorporarlos después de definir la agenda. 

Fuentes próximas a la delegación opositora dijeron que Ortega se negaba a tener garantes internacionales bajo el alegato de que los problemas deben resolverse entre nicaragüenses.

El diputado del parlamento Europeo, Ramón Jáuregui, quien visitó recientemente Nicaragua, valoró en Twitter como "buena noticia" el comienzo de las negociaciones.

"Es esperanzador ver que el diálogo se abre camino, pero paralelamente hay presos políticos que no deben estar en prisión y conductas represivas que deben cesar. No son compatibles con la negociación", señaló Jáuregui.

Sin embargo, muchos nicaragüenses expresaron en redes sociales su frustración porque después de cinco días de conversaciones se definieron aspectos considerados "triviales", como el local de los encuentros o la mesa que utilizarán.

Azahálea Solís, delegada opositora en el diálogo, expresó en sus redes "comprensión" por las críticas: "Sé la situación en la que estamos. Hay prisa, porque la libertad es una urgencia. Comprendo también las desconfianzas que se expresa".

Para la oposición, la prioridad es la liberación de centenares de presos políticos, el restablecimiento de libertades ciudadanas, reformas electorales y justicia para las víctimas de la represión.

Contra tiempo

"La Alianza Cívica tiene que hacer un gran trabajo y tiene muchos desafíos y obstáculos, sobre todo la voluntad política de Ortega (...) pero es importante que se hayan puesto de acuerdo en estas reglas", dijo Álvarez.

"El tiempo corre contra Ortega, pero lamentablemente corre también contra Nicaragua porque el país está al borde de la ruina total si en ese diálogo no se resuelve la crisis sociopolítica", según comentó el exdiputado y periodista Pedro Joaquín Chamorro en un artículo de opinión.

En la negociación se requiere acuerdos donde "unos pedirán más y otros lo contrario, pero al final se debe encontrar un término que implique un estándar mínimo de garantías para democratizar al país", sostuvo Álvarez.

Ortega llegó a la mesa de negociación presionado por sanciones estadounidenses, con la amenaza de sanciones adicionales de la Unión Europea, y arrastrando un fuerte desgaste económico desde el estallido de las protestas antigubernamentales.

La economía se contrajo un 4% en 2018, más de 300.000 puestos de trabajo se perdieron, más 1.500 millones de dólares de depósitos salieron de la banca y el pronóstico para 2019 es de una caída del 11% del PIB, según gremios empresariales.

La presión pesa más del lado de Ortega, pero "todos tenemos interés que termine (la crisis) lo más pronto posible", consideró Álvarez.

Ortega, de 73 años, está en el poder desde 2007 y sus detractores lo acusan de instaurar una dictadura marcada por la corrupción, junto a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.