“OBESIONADOS con la destitución”, como lo ha calificado el propio presidente Donald Trump, los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dieron ayer un nuevo paso en su intentona de llevar al Mandatario a un juicio político, al aprobar una resolución que formaliza el proceso de investigación por sus presuntas presiones a Ucrania para que investigara a una de sus cartas presidenciales, Joe Biden, y a su hijo, quien brindaba asesorías a una cuestionada empresa de dicho país.

Bajo el control demócrata y liderada por la declarada adversaria política de la Casa Blanca, Nancy Pelosi, , la Cámara de Representantes -donde los demócratas tienen 224 de los 435 escaños- votó ayer a favor de una resolución que da un marco formal a las investigaciones y autoriza la organización de audiencias públicas, tras cinco semanas de interrogatorios a puerta cerrada.

La votación siguió en gran medida las líneas partidarias, con 232 votos a favor contra 196 en contra, para formalizar el proceso de juicio político, que también contempla que si el presidente Donald Trump colabora podrá la bancada demócrata citar e interrogar testigos en su defensa.

Tras conocer la decisión, Trump reaccionó trinando que esta es "la mayor cacería de brujas en la historia de Estados Unidos".

Por su parte la Casa Blanca emitió una declaración más larga, acusando a los demócratas de la oposición de tener una "obsesión desquiciada con esta destitución ilegítima".

"Los demócratas eligen cada día perder el tiempo en un juicio político falso, un intento descaradamente partidista de destruir al presidente", señaló un comunicado de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, que a renglón seguido agrega que "esto es injusto, inconstitucional y fundamentalmente antiestadounidense”.

Antes de la votación, la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, llamó a los republicanos a apoyar la moción para que el proceso sea público.

"Yo no sé por qué los republicanos tienen miedo de la verdad. Todos deberían apoyar que el pueblo estadounidense escuche los hechos por sí mismo", argumentó.

El 24 de septiembre, Pelosi anunció la decisión de su partido de tomar la incierta vía del juicio político, tras conocerse información sobre una polémica llamada telefónica entre Trump y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en la que el mandatario estadounidense pidió a su interlocutor investigar a su rival demócrata Joe Biden y a su hijo Hunter, por sus negocios en Ucrania.

Por esta conversación, hecha pública tras la alarma expresada por un denunciante, los demócratas acusaron a Trump de haber abusado de su poder con fines personales, pues Biden está bien posicionado para eventualmente convertirse en su rival en los comicios presidenciales de 2020.

El mandatario, exasperado, ha sostenido que esa conversación es "irreprochable" y en la mañana llamó a los republicanos a mantenerse unidos.

A puertas cerradas

Para determinar si Trump utilizó recursos del Estado para presionar a Ucrania a que investigara a los Biden, los demócratas ya han entrevistado a una docena de diplomáticos y consejeros de la Casa Blanca a puerta cerrada en la Cámara baja.

Según lo que ha trascendido, embajadores y altos responsables han ofrecido testimonios potencialmente abrumadores para la Casa Blanca en esas audiencias.

Especialmente han revelado los esfuerzos desplegados durante meses por el círculo más cercano del presidente, entre ellos su abogado personal Rudy Giuliani, al margen de la diplomacia oficial, para convencer a Kiev de generar información dañina para la imagen de Biden.

El presidente y su entorno han criticado el secreto de las audiencias, acusando a los demócratas de filtrar elementos seleccionados para dar una imagen distorsionada de la realidad. También les han señalado de violar el derecho de Trump a defenderse y de avanzar en la pesquisa sin haber realizado ninguna votación previamente.

La resolución aprobada ayer autoriza a los republicanos a convocar a sus propios testigos en el marco de la fase de la investigación.

El texto también aprueba la transferencia de pruebas a la Comisión Judicial, encargada de redactar los artículos de la eventual acusación contra el presidente. En ese punto, "la participación del presidente y de sus abogados será autorizada", dice una copia del texto.

 "Fraude"

La defensa de Trump podrá entonces pedir nuevos testimonios o documentos, hacer contrainterrogatorios y presentar objeciones. Pero, si el presidente se niega a cooperar con los requerimientos del Congreso, sus peticiones podrán ser negadas y es por ello que la Casa Blanca ha denunciado que es un "fraude".

Y, en los debates en las comisiones, legisladores republicanos denunciaron además el miércoles un procedimiento "injusto", que según ellos "no es ni abierto, ni transparente".

La Constitución estadounidense solo aborda a grandes rasgos el tema de la destitución presidencial: a la Cámara de Representantes le corresponde hacer la acusación, al Senado el juicio. Considerando la mayoría republicana de la Cámara alta, una destitución parece actualmente improbable.

Entre tanto, los republicanos en el Senado presentaron ayer una resolución para condenar simbólicamente la investigación de los demócratas al presidente Trump, argumentando que el procedimiento es "ilegítimo".

Este texto no vinculante, visto como una prueba de lealtad a Trump de parte de los 53 republicanos que controlan el Senado de 100 miembros, fue redactado por el líder de la mayoría, Mitch McConnell, y el influyente Lindsey Graham, aliado clave del presidente en el Congreso.

La oficina de Graham explicó en un comunicado que la resolución busca "condenar la investigación de la Cámara de Representantes, ilegal y a puerta cerrada, con vistas a la destitución" del presidente republicano.

En otro frente, un juez federal de Washington examina el caso de un testigo convocado por la Cámara de Representantes, que se considera en tensión por los requerimientos del Congreso y de la Casa Blanca.

La presidencia ordenó en efecto a los miembros de la administración no cooperar con la investigación, porque considera necesario proteger el trabajo del Ejecutivo. Así que la decisión judicial tendrá importantes consecuencias sobre el futuro desarrollo de la pesquisa.

El presidente Trump está concentrado ahora no sólo en sus políticas de gobierno, tanto a nivel doméstico como internacional, y el desarrollo de la economía que volvió a registrar un guarismo positivo, el crecimiento de 1.9% en el tercer trimestre interanual –mejor de lo esperado-, sino en la campaña por su reelección que oficializará este fin de semana, un año exacto antes de la elección presidencial.