Los jueces Antonio Serrano Arnal -que instruye la causa por el origen del patrimonio del exvicepresidente Económico del PP Rodrígo Rato-, y Adolfo Carretero -que archivó la causa por espionaje en el PP de Madrid- han recibido las actuaciones instadas tanto por el PP como por el Partido Laócrata de España por presuntos delitos de prevaricación y desobediencia relacionados con el encuentro que mantuvo el pasado 20 de enero en el Aeropuerto de Barajas el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Así ha informado el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ha detallado que en el Juzgado de Intrucción número 31 de Madrid, cuyo titular es Serrano Arnal, ha recaido la querella presentada por los laócratas contra los "funcionarios y autoridades que ordenaron la inaplicación de la Ley de Extranjeria" durante el encuentro del ministro y la mandataria venezolana.
Por otra parte, al Juzgado de instrucción número 47, dirigido por Adolfo Carretero, le han correspondido las actuaciones instadas por el PP este martes en el juzgado de guardia que ordenó a Aena evitar la destrucción de las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeródromo.
Ambos juzgados están a la espera de recibir la documentación y fuentes jurídicas no descartan que el asunto acabe acumulándose en un único órgano judicial. En todo caso, ninguna de las acciones judiciales relacionadas con la actuación de Ábalos han comenzado a investigarse, al estar pendientes de admisión a trámite.
El asunto del denominado 'Delcygate' por la reunión de Ábalos con Rodríguez, que tiene prohibido por viajar al espacio Schengen, tiene ya varios frentes judiciales iniciales, a raíz de denuncias presentadas por el PP, Vox y Cs, además del denominado Partido Laócrata. Todos ellos han presentado iniciativas en diferentes instancias -el Tribunal Supremo, Fiscalía y los juzgaros ordinarios de Madrid- aunque todos en estado muy inicial y sin que se haya abierto ninguna investigación formal por el momento.
El asunto se encuentra más avanzado en los Juzgados de Plaza de Castilla, donde a pesar del éxito de la maniobra instada por el PP el que lleva la delantera es el Partido Laócrata, que presentó una denuncia el pasado día 10 de febrero. En dicha querella los laócratas ya planteaba, no sólo que se evitara el borrado de las cintas de Barajas, si no su incautación y custodia judicial, "para evitar que se pierdan o sean manipuladas", según ha explicado hoy el principal del partido, Sergio Cebolla, durante una comparecencia ante periodistas.
Otro frente es el del Tribunal Supremo, donde se acumulan aún sin admitir a trámite dos querellas presentadas directamente contra Ábalos dada su condición de aforado por ser miembro del Gobierno. Una es también el de este partido, a quien se solicitará una fianza de 12.000 euros para poder ejercer la acusación popular -ya están organizando un 'crowfounding para reunir el dinero- y otra es la presentada este lunes por Vox, que acude directamente al alto tribunal ante la nula respuesta que, según manifestó ayer la diputada Macarena Olona han tenido sus denuncias previas en la Fiscalía General.