LAS  elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua buscan perpetuar al presidente Daniel Ortega en el poder, afirmó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), en un informe publicado esta semana que señala "impunidad estructural" y "crímenes de lesa humanidad" en el país centroamericano.

Los comicios ocurren en un "clima de represión y cierre de los espacios democráticos en el país. Con ello se busca la perpetuación en el poder en forma indefinida y mantener privilegios e inmunidades, en un contexto de represión, corrupción, fraude electoral e impunidad estructural", dijo la CIDH, un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

"Las condiciones anteriores hacen inviable un proceso electoral íntegro y libre", advirtió.

El informe, titulado "Nicaragua: Concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho", describe la "grave crisis política, social y de derechos humanos" en el país, y nota especialmente que no se ha implementado "ninguna" de las medidas para promover elecciones libres planteadas por la OEA.

Para la Comisión, no hay separación de poderes en Nicaragua, "donde el Gobierno tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades". Así, "todas las instituciones responden a las decisiones del Ejecutivo" que encabeza Ortega, aspirante a la reelección.

La Asamblea General de la OEA, el órgano máximo del bloque regional, instó en octubre de 2020 a Nicaragua a impulsar una reforma electoral para garantizar la transparencia de los comicios, pero el gobierno de Ortega rechazó la resolución.

Managua también desestimó por "injerencistas" dos resoluciones del Consejo Permanente de la OEA este año, una el 15 de junio y otra el 20 de octubre, que pidieron la liberación de todos los detenidos por motivos políticos y la organización de elecciones conforme a la Carta Democrática Interamericana, el instrumento regional de defensa de la institucionalidad.

La OEA señaló que puede tomar "otras acciones" con relación a Nicaragua durante la próxima asamblea anual del organismo, del 10 al 13 de noviembre.

 "Régimen de terror"

"El informe de la CIDH muestra los urgentes desafíos para restablecer garantías y libertades, deuda pendiente con la sociedad nicaragüense", tuiteó la secretaria ejecutiva de la Comisión, Tania Reneaum, al difundir el documento.

El reporte destaca que este año, "de manera insólita", fueron detenidas "arbitrariamente" más de 30 personas, incluidos siete precandidatos a la presidencia. Todos permanecen privados de libertad.

Denuncia también la cancelación de las personerías jurídicas de tres partidos políticos, el "continuo hostigamiento" a las organizaciones civiles y de derechos humanos y medios de comunicación, y el acoso y la represión contra todo opositor.

Nicaragua se ha transformado en un "Estado policial", donde el gobierno de Ortega, en el poder desde 2007, "tiene instalado un régimen de terror", con suspensión de los derechos fundamentales y un "intenso y sistemático" ataque a las libertades públicas "a través de las instituciones de seguridad estatales y paraestatales", dijo la CIDH.

El informe subraya además que, al responder a las masivas protestas antigubermentales que estallaron en 2018, el gobierno de Ortega "llevó a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad".

La represión de las manifestaciones dejó al menos 328 muertos, 1.614 detenidos, de los cuales 136 siguen presos, y más de 103.000 exiliados, según la CIDH.

"Rechazo absoluto"

La CIDH dijo que Nicaragua expresó su "no aceptación y rechazo absoluto" del informe, una copia del cual le fue remitida antes de su publicación.

"No es sino una insultante, ofensiva y absurda recopilación de hechos falsos, tergiversados y manipulados que no reflejan la realidad de nuestro país y cuyo único fin es difamar al Estado", dijo el gobierno de Ortega en su respuesta a la CIDH.

Agregó que lo consideraba "una franca obediencia y réplica de los designios lesivos e injerencistas del Imperio Norteamericano, en su pretensión de lesionar nuestra soberanía y autodeterminación, de cara a su próximo proceso electoral".

El informe remonta los orígenes del deterioro institucional de Nicaragua al llamado pacto "Alemán-Ortega" de 1999, sellado entre el entonces mandatario Arnoldo Alemán (1997-2002) y Ortega, quien ya había sido presidente entre 1985 y 1990 tras la revolución sandinista de 1979 que derrotó la dictadura de Anastasio Somoza.

Según la CIDH, este acuerdo instauró un sistema bipartidista que propició la concentración de poder en el Ejecutivo, un proceso que se intensificó en 2007, al asumir Ortega su segundo mandato, y se consolidó a partir de la crisis iniciada en abril de 2018.

Al albor de la "grave crisis" de 2018 y del "profundo deterioro de la institucionalidad democrática" que vino después, la CIDH consideraba que las elecciones de noviembre representaban una oportunidad para "lograr el restablecimiento del Estado de Derecho y la democracia, así como la garantía del derecho a la memoria, verdad y el acceso a la justicia de las víctimas de la violencia estatal".

Sin embargo, considera que "todas las medidas arbitrarias adoptadas por el Ejecutivo y en particular las ejecutadas el presente año dan cuenta que el proceso electoral de las próximas semanas no cumple con los estándares interamericanos para garantizar elecciones libres, justas, transparentes y pluralistas".

La CIDH visitó Nicaragua en mayo de 2018 tras la violencia desatada en el contexto de las protestas sociales. En junio publicó su informe señalando graves abusos de los derechos humanos, e instaló un mecanismo especial de seguimiento de sus recomendaciones a las autoridades. 

El gobierno de Ortega suspendió la presencia de la CIDH en Nicaragua en diciembre de 2018, pero la Comisión ha seguido monitoreando la situación en el país desde su sede en Washington.

La Comisión establece en su informe recomendaciones para las autoridades nicaragüenses, pero también para la comunidad internacional, de tal forma que "exija" al Gobierno que garantice el correcto desarrollo del proceso electoral y ponga fin de manera "inmediata" a la represión política, "así como a todas las demás violaciones a los Derechos Humanos que se vienen registrando en ese país".

Llamado a vecinos

De otra parte, el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, en el exilio en Costa Rica, apeló a la solidaridad de los países vecinos, al señalar que Guatemala y Honduras deben exigir democracia en Nicaragua, al tiempo que urgió  a Estados Unidos y a la OEA a formar un frente común en Centroamérica en favor de cambios en Managua.

"No hay liderazgo en Centroamérica en este momento que se pueda pensar que pueda unir a la región, entonces necesitamos cooperación multilateral", afirmó.

Guatemala y Honduras se abstuvieron la semana pasada de votar una resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) pidiendo a Ortega la liberación de todos los opositores detenidos y la realización de elecciones libres. De los 34 miembros activos de la OEA, 26 apoyaron el texto, y ninguno se opuso. Solo Nicaragua no votó.

Chamorro destacó la alianza entre Costa Rica, Panamá y República Dominicana, que días pasados señalaron "falta de garantías" para las elecciones del próximo domingo en las que Ortega se hará a un cuarto mandato.

También reconoció que El Salvador ha estado apoyando a la oposición nicaragüense. Pero enfatizó que se necesita "a toda Centroamérica unida apoyando al movimiento pro-democracia".

El fundador y director del sitio web Confidencial subrayó además que la comunidad internacional "está en deuda" con la oposición nicaragüense por no hacer rendir cuentas a Ortega del acuerdo firmado en marzo de 2019 para restaurar las libertades democráticas.

Los testigos, Luis Rosadilla por la OEA, y Waldemar Somertag por el Vaticano, "no hicieron nada para garantizar el cumplimiento de este acuerdo", señaló.