De nuevo Argentina ha saltado a los grandes titulares de la prensa internacional.  Para variar, la temática se centra en los problemas económicos y financieros en el ámbito macroeconómico, algo que incuestionablemente afecta a toda la sociedad. De manera actualizada, los desafíos se centran en dos sentidos complementarios, que se retroalimentan mutuamente.

Por una parte, el caudal agobiante de los compromisos con la deuda exterior.  Ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) se debe responder a préstamos que se hicieron al gobierno anterior, en 2018, y cuyos pagos deben realizarse en 2022 y 2023.  El monto total en juego con el FMI sería de 43,000 millones de dólares.

Por otra parte, el endeudamiento con bancos privados coordinados en el Club de París.  Aquí la cifra sería de unos 23,000 millones de dólares.  Se coloca como condicional, serían, dado que la opacidad en el manejo de la información también ha sido parte de la gestión del actual gobierno en Buenos Aires.

Por supuesto, tal y como se puede inferir, el Club de París establece costos más altos en los empréstitos. Los montos se ven directamente afectados por la calificación de riesgo país que hacen las calificadoras respectivas, basándose en las capacidades de pago de los diferentes países. Argentina, como se sabe, desde hace más de 20 años, debe enfrentar altos costos y escasez de fondos disponibles en los mercados financieros globales.

Es cierto que los fondos del FMI son en general, de menores intereses, favorables condiciones de amortización y períodos de gracia. Pero también es cierto que, a cambio de esas ventajosas características, se imponen más drásticas medidas de condicionalidad.  Algo que lesiona por lo general, las asignaciones de recursos destinados a programas sociales para la población más vulnerable. De allí que sean estos sectores los que más se movilizan contra la presencia del Fondo en las diferentes naciones.

A todo esto, se tiene un cuadro que ha sido empeorado por la pandemia del covid-19, con procesos generalizados de elevación de precios a partir de las condiciones la crisis de las cadenas de suministro globales, menor fluidez en el transporte internacional y mayor escasez de productos específicos a partir de la guerra Rusia-Ucrania.

Por cierto, que, a partir de este conflicto, Argentina podría tener la posibilidad de exportar mayor cantidad de cereales, pero en esto las dificultades se van centrando en la oferta que es capaz de poner en los mercados internacionales el país austral. 

La capacidad productiva que puede tener Argentina transita por el obstáculo de requerir de importaciones productivas, algo que limita la eficacia de la devaluación de la moneda como instrumento que puede favorecer las exportaciones.

Lo que se requiere en lo inmediato en el gobierno actual de Buenos Aires, es llegar cuanto antes a un consenso de medidas fiscales que permitiera tener mayor cantidad de fondos. A esto debería sumarse de manera oportuna: (i) un redireccionamiento estratégico del gasto público; (ii) una rápida reingeniería de instituciones estatales; (iii) persecución y castigo a evasores de impuestos.  Con estas medidas, quedaría como última instancia una arriesgada reforma tributaria que podría -sin contar con el consenso de grandes corporaciones- traducirse en una mayor recesión económica y productiva en el país.

En medio de todas estas condiciones, es notoria la ausencia de una oposición política constructiva. Con ello se ratifica uno de los grandes y significativos problemas políticos que tiene la región latinoamericana: los partidos, como expresión de fuerzas políticas en la sociedad, no son instancias de intermediación social. Es decir, los ciudadanos de a pie, no se sienten identificados con los partidos que se disputan los cargos de elección popular. De esto se puede inferir el carácter por demás limitado de la democracia en la región. Al no representar a actores sociales, por parte de los partidos políticos, éstos se terminan representando a sí mismos.

A esta condición general, se debe sumar el hecho de que parecen ir quedando cada vez más atrás en la historia, los grandes partidos históricos, representantes de corrientes ideológicas. Esos eran los casos de los partidos socialcristianos, socialdemócratas o incluso los libertarios y los comunistas -socialismo de planificación centralizada y normativa. Ahora muchas agrupaciones partidarias tienen vidas efímeras. Son como franquicias para las elecciones, se comportan como agencias electorales.

Muchos grupos de presión manejan las palancas del Estado para hacerse rentistamente con los fondos públicos. De esa cuenta, y esto también es atribuible al sistema político argentino, los recursos estatales son vistos como el botín que se ha conquistado por quienes ganan las elecciones.  Con esos recursos los repartos rentistas muchas veces fuera de la ley se centran en contratos y en general mediante procesos de tercerización.

Este cuadro de cosas que también ha afectado a Argentina, lo denomina Max Weber como “capitalismo pirata”.  Uno de los rasgos del Estado premoderno, propicio para el surgimiento y consolidación de caudillos, más que de respeto a la ley y las instituciones. En el caso de Argentina, se debe enfrentar, cuanto antes el fantasma de una inflación -elevación generalizada de precios- de cerca de 11% anualizada para marzo pasado.  Se esperaría que este indicador incluso pudiese llegar a un 43% para diciembre próximo.

De nuevo, un consenso amplio entre el gobierno de Buenos Aires y en particular el sector productivo de las grandes corporaciones se impone, a la brevedad, en la dinámica actual.  A partir de ello se ajustaría una política monetaria, fiscal y crediticia, además de laboral y comercial, que respondiera al manejo de la deuda y a la promoción de una política de competitividad y de crecimiento sostenible en la economía del país austral.

*Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard. Profesor, Facultad de Administración de la Universidad del Rosario

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