La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció el martes la apertura de una investigación preliminar sobre la presunta deportación de rohinyás desde Birmania a Bangladés, después que un grupo de investigadores de la ONU denunciara la "brutalidad" del ejército birmano contra la minoría musulmana.

La fiscal, Fatou Bensouda, informó en un comunicado que llevará a cabo "un examen previo completo de la situación actual".

Esto podría desembocar en una investigación formal de la CPI -que se instauró en 2002 para investigar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad- y en posibles acusaciones.

Este es el primer paso hacia una investigación completa sobre la represión militar de Birmania que provocó que unas 700.000 personas de la minoría de los rohinyás huyeran desde el estado de Rakhín hacia Bangladés.

Este anuncio se conoció el mismo día que una Misión de la ONU sobre Birmania, que no fue autorizada a viajar a dicho país, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe de 444 páginas tras entrevistar más de 850 víctimas y testigos y utilizar imágenes satélite.

La actuación de los militares birmanos se caracteriza por "un desprecio total por la vida humana", declaró el presidente de la misión, Marzuki Darusman, que denunció un nivel de "brutalidad difícilmente concebible".

El gobierno birmano "tiene que seguir el proceso para retirar a los militares de la vida política" impulsando la revisión de la Constitución en ese sentido, pidió.

A pesar de la llegada al gobierno en 2016 de la premio Nobel de la paz Aung San Suu Kyi, los militares siguen teniendo un papel clave en el sistema político de Birmania y controlan tres ministerios (Defensa, Interior y Fronteras).

Además supervisan la atribución de un cuarto de los escaños del Parlamento, lo que le permite bloquear cualquier enmienda constitucional que limite sus poderes.

Reclamos 

Los investigadores de la ONU reclaman también la destitución de los jefes militares. Piden que el jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, y otros cinco uniformados de alto rango sean procesados por "genocidio", "crímenes contra la humanidad" y "crímenes de guerra".

"Asesinatos", "desapariciones", "tortura", "violencias sexuales", "trabajo forzado": el informe detalle una larga lista de crímenes cometidos contra los rohinyás que constituyen "los crímenes más graves de acuerdo al derecho internacional".

También exhorta a que cesen "todas las operaciones militares (...) ilegales, inútiles o desproporcionadas" y pide a las autoridades birmanas "no obstaculizar el regreso seguro y duradero" de la minoría rohinyá.

Más de 700.000 miembros de esta minoría huyeron en 2017 de Birmania y hallaron refugio en Bangladés.

El embajador birmano ante la ONU en Ginebra, Kyaw Moe Tun, acusó a la misión del organismo estar sometida a "una presión enorme" y haber llegado a "una conclusión peligrosa que podría hacer descarrilar el proceso de democratización" en el país.

Críticas contra Aung San Suu Kyi 

Birmania y Bangladés firmaron a fines de 2017 un acuerdo para repatriar a los rohinyás, pero diez meses después el proceso no se inició. Los dos países se culpan mutuamente por ello. Los refugiados rohinyás se niegan a regresar hasta que no obtengan garantías de seguridad y que se garanticen sus derechos.

La ONU pide asimismo a las autoridades birmanas, en coordinación con la Cruz Roja y Bangladés, que identifiquen la cantidad de personas muertas o desaparecidas.

Las informaciones recopiladas por los investigadores sugieren que la estimación de 10.000 muertos, adelantada por Médicos Sin Fronteras, es "prudente".

La misión de la ONU pidió también que sean liberados los dos periodistas de Reuters, Wa Lone y Kyaw Soe Oo, condenados a siete años de prisión por "vulnerar el secreto de Estado". 

Los reporteros investigaban la violencia cometida por los militares. Los investigadores también responsabilizan a Facebook y otras redes sociales por haber sido utilizadas como vector para propagar la propaganda de los militares birmanos durante la crisis.

Los investigadores de la ONU lamentaron a fines de agosto que la premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, no haya "utilizado su posición como jefa de gobierno, ni su autoridad moral, para impedir" la violencia.