La Corte Suprema de Estados Unidos publicó una decisión que frena la orden ejecutiva que dio en 2017 el presidente Donald Trump de poner fin al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que les permite vivir en la nación norteamericana a cerca de 700.000 personas que llegaron cuando eran niños.

El programa protege a los denominados ‘soñadores’ (dreamers), muchos de los cuales no recuerdan su país de origen debido a que llegaron como inmigrantes junto a sus padres a cortas edades.

El fallo le permite a los dreamers estar protegidos de posibles deportaciones del país que los vio crecer y aspirar a obtener permisos de trabajo que deben renovarse cada dos años. Aunque la decisión genera una momentánea tranquilidad para los migrantes, no inhibe a Trump de intentar una nueva orden contra DACA como la de 2017.

Para la Corte, la intención del Gobierno estadounidense es “caprichosa y arbitraria”. El tribunal aprobó el bloqueo a la intención de Donald Trump con una ajustada votación de cinco votos a favor y cuatro en contra.

“Esos jóvenes inmigrantes no tienen estatus legal en los Estados Unidos bajo la ley legal vigente. Viven, van a la escuela y trabajan aquí con incertidumbre sobre su futuro. A pesar de muchos intentos en las últimas dos décadas, el Congreso aún no ha promulgado legislación para permitir el estatus legal a esos inmigrantes”, lamentó la Corte sobre la situación en la que viven los amparados por el DACA.

El programa DACA fue creado por la administración del expresidente, Barack Obama, como una medida para proteger de deportaciones a los jóvenes migrantes ante la ausencia de legislación.

“Bajo el programa, el Poder Ejecutivo se abstiene en general de hacer cumplir ciertas leyes de remoción de inmigración contra los beneficiarios de DACA. Y en virtud de la tolerancia, los destinatarios de DACA también se vuelven elegibles para la autorización de trabajo y otros beneficios”, resaltó el tribunal.

Trump en 2017 anunció que terminaría el programa por considerarlo ilegal al ofrecer estatus migratorio a un gran número de personas bajo la que consideró una violación de las leyes migratorias del país.