ESTA semana se cumplieron 22 años de la firma del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal internacional (CPI). El tratado, suscrito por 139 países, se ha convertido en una de las principales instituciones en el sistema internacional, pues es el primer tribunal capaz de investigar y llevar ante la justicia a las personas que cometan crímenes contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH), como el genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad.

El objetivo de la CPI es garantizar que crímenes internacionales no sean amparados por las normas internas de un Estado y si éste no puede o no quiere administrar justicia, el tribunal puede asumir competencia sobre la materia llevando a juicio a los presuntos responsables directos de los delitos.

Sin embargo, la actuación de la CPI no ha estado exenta de polémicas y ha generado múltiples tensiones con diversos países que se niegan a reconocer su autoridad frente a hechos particulares.

Como se recordará el más reciente choque se presentó el mes pasado cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara sanciones económicas, después de la Corte fallara a favor de la apertura de una investigación por crímenes de guerra contra militares estadounidenses por sus actuaciones en el conflicto de Afganistán.

La postura del mandatario norteamericano se basa en el hecho cierto de que la CPI únicamente tiene jurisdicción en los Estados firmantes del Estatuto y países como Estados Unidos, China, India, Pakistán, Turquía, Israel y Rusia se han negado a suscribirlo para evitar la injerencia de tribunales externos en asuntos que consideran de resorte interno.

El hecho de que grandes potencias no hagan parte del Estatuto resta contundencia a las actuaciones de la corte, pero no debe desconocerse la importancia de la CPI y la trascendencia de sus decisiones en sus años de existencia.

Ámbito de acción

Es importante aclarar que a pesar de que la CPI está lejos de tener una aplicación universal, en regiones como América Latina, Europa y África subsahariana están cerca de la unanimidad en la aceptación de la jurisprudencia y es en esos mismos territorios en los que se han presentado los más importantes fallos e investigaciones contra delitos contra el DIH.

En África, por ejemplo, la CPI ha investigado casos en el Congo, Uganda, la República Centroafricana, Sudán, Libia, Kenia y Costa de Marfil. En América Latina, el Estatuto de Roma ha contribuido a consolidar la aplicación de normas de derecho penal internacional en los ordenamientos jurídicos internos y la tipificación de crímenes internacionales.

En este sentido, tanto los tribunales nacionales como el sistema interamericano de protección de los derechos humanos han interpretado estas disposiciones, a la luz de las normas del DIH, para determinar la responsabilidad internacional de un Estado o para condenar a responsables de cometer crímenes de lesa humanidad como desapariciones forzadas o torturas.

El Estatuto de Roma comienza su año 23 en momentos en que el mundo atraviesa intensas amenazas a la paz y a la seguridad globales. El éxito de la CPI y el sistema de justicia internacional del Estatuto de Roma son más importantes que nunca y en honor a la conmemoración de su aniversario se mencionarán momentos claves del trabajo de la Corte para poner fin de la impunidad por los crímenes contra la humanidad en el mundo.

Casos sobresalientes

Thomas Lubanga, el fundador y ex líder de la Unión de Patriotas Congoleños fue la primera persona en ser condenada por la CPI por enrolamiento y utilización de niños para participar activamente en el conflicto armado, fue sentenciado a 14 años de prisión.

Por otra parte el presidente sudanés Omar al-Bashir fue el primer jefe de Estado en ser acusado de genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad. Aunque su condena no ha sido ejecutoriada, el solo hecho de su promulgación no deja de ser una victoria en el proceso de reparación de las víctimas.

Por otra parte, en marzo de 2016 se emitió la primera condena por ‘responsabilidad de mando’ y violación como arma de guerra contra Jean-Pierre Bemba, el exvicepresidente de la República Centroafricana. Fue el primer fallo por crímenes sexuales y de género, así como por responsabilidad de mando, advirtiendo a los oficiales de alto rango son responsables por las acciones de sus subordinados.

A estos emblemáticos fallos se suman otros en Kenia, Costa de Marfil, Uganda, Mali y Georgia.

Considerando que la CPI ha sido acusada, en repetidas oportunidades, de “apuntar solo a África”, la investigación en Georgia sobre los crímenes cometidos en Osetia del Sur en 2008 durante el conflicto que esa nación sostuvo contra Rusia, es un hito en el accionar del tribunal que también ha tenido avances particularmente significativos sobre situaciones de conflicto que involucran a Ucrania, Afganistán, Palestina, Iraq y el Reino Unido, así como en Colombia.

Como se recordará el caso de Colombia ha sido ampliamente discutido ya que si bien el Gobierno está en capacidad de ofrecer indultos, administrar o establecer mecanismos alternos de justica de cara a un proceso de paz, de demostrarse que dichas medidas o tribunales evitan que se imparta justicia, sus pares internacionales podrían requerir individualmente a las personas responsables de determinados hechos y esta eventualidad pondría en entre dicho negociaciones o acuerdos nacionales que no representen el sentir o anhelo de justicia de los organismos internacionales.

Por razones como éstas, países como China, Estados Unidos o Rusia no aceptan la actuación de la CPI y alegan intereses políticos diversos, que incluyen desde evitar ser procesados por acontecimientos puntuales hasta motivaciones insertas en la tradición política nacional.

Hoy, a pesar de que la CPI y la justicia penal internacional continúan enfrentando muchos desafíos, existe la esperanza de que casos como los mencionados puedan inspirar un mayor apoyo a la visión y los avances de la CPI en la lucha mundial contra la impunidad.

En su corta vida y a pesar de las críticas frente a su accionar, la CPI ha realizado un gran trabajo en la lucha contra la impunidad de crímenes contra la humanidad y ha logrado sentenciar a altos líderes y funcionarios de gobiernos en lugares del mundo en donde el Estado de derecho aún no tiene lugar.