El Tribunal Constitucional (TC) de Perú aceptó este martes una demanda de la oposición contra el cierre del Congreso, y se pronunciará en unas semanas sobre si el presidente Martín Vizcarra violó o no la carta magna al dar tal paso, que fue aplaudido por la ciudadanía.

El TC acordó por unanimidad "admitir a trámite la demanda competencial" sobre la disolución del Congreso, anunció su presidente, Ernesto Blume, tras una sesión a puertas cerradas de sus siete magistrados.

De este modo, el TC deberá pronunciarse en una fecha no precisada sobre la demanda que pide la reapertura del Congreso, disuelto por Vizcarra el 30 de septiembre, lo que amenaza con profundizar una incertidumbre política que tiene efectos nocivos para la economía.

"Como Ejecutivo reiteramos nuestro respeto a las decisiones del TC, las mismas que son clara muestra de que el Estado de derecho y la democracia están plenamente vigentes en nuestro país", reaccionó el gobierno en Twitter.

El popular mandatario ya había adelantado que respetará el fallo del TC en esta disputa legal ultrasensible, que mantiene en vilo a la clase política peruana y amenaza con generar protestas masivas como las de países vecinos.

Aunque acogió la demanda, el TC rechazó las medidas cautelares solicitadas por la oposición para conseguir la inmediata reapertura del Congreso y la cancelación de los nuevos comicios legislativos convocados por Vizcarra para el próximo 26 de enero.

"Espero que la decisión del TC de admitir la demanda no sea solamente como un gesto de saludo a la bandera", reaccionó la parlamentaria opositora fujimorista Karina Beteta. "Hubiera sido importante que también admitan la medida cautelar, pero ya es un gran paso", añadió.

Desde la disolución, continúa en funciones una Comisión Permanente parlamentaria con facultades restringidas de 27 miembros -21 de ellos opositores-, presidida por el propio Olaechea con Karina Beteta como vicepresidenta.

- "Derrota a medias" -

"La admisión a trámite significa que (los magistrados del TC) van a debatir la controversia de si el 30 de septiembre fue golpe como dice el 'fujiaprismo' o uso legítimo de la Constitución como dice el gobierno", explicó a la AFP el analista Augusto Álvarez.

El Congreso estaba controlado por el "fujiaprismo", una alianza conformada por el partido de derecha populista de la encarcelada Keiko Fujimori, hija del condenado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y el Apra del difunto exmandatario socialdemócrata Alan García (1985-1990 y 2006-2011).

La demanda fue presentada por quien fuera el titular del parlamento, Pedro Olaechea, y su aceptación constituye un revés para Vizcarra, aunque no una derrota definitiva según analistas.

"Es una derrota a medias (para Vizcarra), porque a la larga ganará el gobierno porque el TC cerrará el caso", expresó el analista Juan de la Puente a la AFP.

Ahora el gobierno tiene un plazo de 30 días para presentar sus descargos ante la demanda, cuya aceptación mantiene la incertidumbre en este país andino sacudido desde hace tres años por recurrentes choques entre ejecutivo y legislativo.

Después de los descargos, el TC convocará a una audiencia para que ambas partes argumenten sus posiciones y luego tendrá 30 días para dictar su fallo inapelable, lo que podría afectar el cronograma de los comicios del 26 de enero.

 "¿Protestas como en Chile?"

El Congreso es la institución más desprestigiada de Perú, de acuerdo a los sondeos, y su eventual reapertura debilitaría a Vizcarra y profundizaría la crisis política.

De reabrirse el parlamento, miles de peruanos podrían salir a las calles a protestar, tal como ocurre en Chile y Bolivia, y como sucedió en Ecuador a comienzos de mes, según el analista político Fernando Tuesta. 

Si es restituido, "el Congreso va a vacar (destituir) a Martín Vizcarra y la gente no tendría (nuevas) elecciones" parlamentarias en enero, lo que causaría gran desazón en el país, indicó Tuesta a la AFP.

En este caso hipotético, "las protestas harían de Chile solo un niño de teta con lo que se quejarían acá", añadió.

El analista Fernando Rospigliosi discrepa, pues considera que si el TC llegara a fallar en contra del gobierno, "no habría una gran protesta, más allá de los activistas".

El cierre del Congreso había apaciguado la indignación de los peruanos en contra los parlamentarios y la decisión de Vizcarra fue celebrada masivamente en las calles, sin episodios de violencia.  

Esta legislatura, elegida en 2016, mantuvo contra las cuerdas al presidente Pedro Pablo Kuczynski hasta forzarlo a renunciar en marzo de 2018.

Sin embargo, su sucesor Vizcarra optó por enfrentarlo, lo que consolidó su respaldo y su popularidad trepó al 79% tras la disolución, medida apoyada por nueve de cada 10 peruanos, según sondeos.

En caso de que pierda la demanda, la oposición, que tilda el cierre del Congreso de "golpe de Estado", no tendrá más remedio que ir en precarias condiciones a los comicios adelantados, en los que arriesgará la abrumadora mayoría obtenida hace tres años.

La oposición pidió inicialmente que interviniera la Organización de Estados Americanos (OEA), pero ésta propuso recurrir al TC peruano.

Vizcarra, un político de provincia sin partido ni bancada parlamentaria, cerró el Congreso tras una controversia sobre el sistema de designación de nuevos magistrados del TC.