Desde populista hasta inconstitucional han calificado políticos, analistas y la ciudadanía en general el proyecto de reforma constitucional presentado por el presidente Pedro Castillo para que en las elecciones regionales de octubre se pregunte al pueblo si aprueba la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

Redactar una nueva Constitución porque Castillo y su partido Perú Libre consideran que la actual que data de 1993, promulgada por el entonces presidente Alberto Fujimori es la responsable de las inequidades económicas que sufre el país pues consagra un modelo de libre mercado, fue una de las promesas de campaña del mandatario que había aplazado por los múltiples problemas que ha enfrentado, desde el mismo día de su posesión, por el nombramiento de cuestionados ministros.

Con una desaprobación del 76% (inédita para un mandatario en nueve meses de gobierno), cuatro gabinetes y en ciernes de un nuevo cambio y un creciente descontento social, la propuesta de Castillo es más que temeraria porque aviva la confrontación con el Congreso, ahonda la polarización, genera alarma en la población y ahuyenta a los inversionistas. En resumen: genera mayor inestabilidad.

El texto enviado por Castillo y su primer ministro, Aníbal Torres, a la presidenta de la Cámara, María del Carmen Alva, incluye que el proyecto tiene "carácter de urgencia" por lo que debe ser tratado "con preferencia por el Congreso".

El portazo del Congreso a la iniciativa presidencial fue inmediato. Tras recordarle que la actual Carta Magna del país no permite la convocatoria de una Asamblea Constituyente -facultad que recae exclusivamente en el Congreso- le indicaron que para solucionar gran parte de los problemas que tiene el país lo único que se requiere es gobernar.

La presidenta Alva dijo que la propuesta presidencial es “inconstitucional”, “inviable” y además “una distracción" para el objetivo real del mandatario, sino de su mentor político, el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, que es "cerrar" el Parlamento.

"Aquí nadie es ingenuo, sabemos bien lo que quiere y Cerrón quieren desde el primer día. El objetivo es clausurar el Parlamento porque quieren convertir el país en una nueva Cuba o Venezuela”.

Para Alva, el voto de confianza de la Cámara a los diferentes gabinetes ministeriales presentados por Castillo desde el inicio de su mandato ha estado condicionados a que, de no dársele 'luz verde', "ya no existiría el Congreso".

Ahora, la presidente del Parlamento lamentó que desde el Ejecutivo se esté trasladando la responsabilidad a la Cámara por la situación de "desgobierno". "Nos están echando a nosotros la culpa de su incapacidad", sostuvo Alva, pero recordó que “el pueblo peruano no ingenuo y se da cuenta y sabe que este señor (Pedro Castillo) no está preparado para gobernar”.

La presidenta del Congreso argumentó que, en base a la opinión de varios letrados, la propuesta de Castillo, en caso de materializarse, sería inconstitucional. En este sentido aludió a varios de los ministros del Gabinete para que, en virtud de su profesión como magistrados, no firmen el proyecto de ley.

Insistió en que "cualquier reforma constitucional, total o parcial, pasa por el Congreso; según la Constitución, no existe (la posibilidad de que el Ejecutivo convoque a una) Asamblea Constituyente" y que, si en medio del desconocimiento de Castillo llegase a convocarla, sería objeto de una denuncia ante la justicia.

En el hipotético caso de que el Congreso diera trámite al proyecto de ley presidencial, lo que es altamente inviable e inclusive muchos consideran que no pasará de la Comisión de la Constitución, su aprobación requiere de mayoría absoluta, la que de antemano se descarta porque el partido gobernante no tiene la mayoría en el Parlamento.  De darse tal situación, se procedería al llamado de las urnas. Luego, si gana el sí, el gobierno convocaría a una Asamblea Constituyente, que redactaría la nueva Carta que deberá ser sometida a otro referendo.

Pero, así como la oposición en el Congreso descarta de plano dar cualquier trámite al proyecto de Castillo, hay muchos analistas que consideran que si bien se necesitan cambios estructurales no se necesita escribir una nueva Constitución e instan al Ejecutivo a enviar las propuestas concretas de reforma constitucional, las que tras surtir el respectivo debate necesitarían para aprobarse de 87 votos en dos legislaturas o 66 votos en una legislatura más un referendo.

En el ámbito político se ha calificado la iniciativa del gobierno peruano como un distractor ante las denuncias de presunta corrupción que enfrenta el presidente Castillo y algunos miembros de su gabinete al igual que como un anuncio populista con el que busca ‘ocultar’ su incapacidad de gobernar.

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Analistas como Milagros Campos, magíster en Ciencias Políticas, indican que antes de cambios totales a la Constitución, se requiere que el Gobierno promueva políticas públicas. “Un nuevo marco normativo no soluciona los problemas de gobierno. Para poder solucionarlos hay que gobernar y eso supone dictar medidas que atiendan los problemas. [...] Una Constitución no es un cambio de políticas públicas, el marco normativo no va a generar trabajo y más inversión”, declaró la experta al diario peruano “El Comercio”.

Para el abogado Jorge Lazarte, fundador del movimiento ciudadano “Integridad” que desde hace nueve meses sigue las acciones diarias del gobierno Castillo, la propuesta de referendo para convocar una Asamblea Constituyente ahonda la inestabilidad en un escenario ya, de por sí, en crisis.

Anticipó que “la Comisión de Constitución no va a ver con buenos ojos una reforma constitucional de esta naturaleza. Convocar a una asamblea constituyente es prácticamente crear un nuevo Congreso orientado a elaborar una nueva Constitución. ¿Por qué no podría hacer eso el Congreso actual si lo que necesitamos son cambios puntuales en la Constitución y no una reforma integral? ¿Por qué duplicar una segunda entidad? Lo que va a ocurrir es que va a terminar archivándose”.

Entre tanto, dirigentes de la oposición plantearon que ante la grave situación política que afronta el país lo que se debería plantear, vía Congreso, es el adelanto de elección presidencial porque cada día es más evidente la incapacidad de Pedro Castillo para gobernar, lo que sido un duro golpe tanto para los ciudadanos por la galopante inflación como para los inversionistas que no ven ninguna política pública que les genere confianza.

En esa línea se han conocido varios trinos como el de la legisladora Flor Pablo quien dijo “no es momento de consultas para una nueva Constitución, es momento de plantear adelanto de elecciones, previa reforma política y electoral”.

Lo que dice el Gobierno

En un intento de calmar la indignación parlamentaria y aclarar sus temores, el primer ministro Aníbal Torres aseguró que ni el presidente Castillo, ni ninguno de los ministros redactará una línea de la nueva Constitución.

"Para evitar cualquier incertidumbre en el proyecto, en la cláusula transitoria especial séptima, expresamente se dispone: Durante la elaboración del proyecto de nueva constitución política, todos los organismos constitucionales autónomos, Gobiernos regionales y locales y demás entidades públicas, mantienen plenamente sus funciones, competencias y atribuciones", explicó.

También confirmó que el Gobierno será respetuoso de la decisión que eventualmente pueda tomar la población a través de su voluntad expresada vía referendo cuya pregunta sería "¿Aprueba usted la convocatoria de una Asamblea Constituyente encargada de elaborar una nueva Constitución Política?".

Castillo, su mentor Cerrón y el séquito de un sector de la izquierda consideran que el Congreso debe tramitar, y como reseñamos con urgencia, el proyecto de ley que sería un borrón total a la Constitución. En sus 200 años de vida republicana, Perú ha tenido una docena de Cartas Políticas y, generalmente se ha echado mano a escribir una nueva en momentos de crisis graves. Eso es lo que enfrenta este país desde la llegada al poder del maestro-presidente pero hay consenso mayoritario en que esa no es la solución sino otra salida en falso.