El presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó la ley que permite convocar un plebiscito el domingo 26 de abril para decidir si se cambia la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), tras un histórico acuerdo político en respuesta a la crisis social que estalló hace dos meses.

"Esta reforma abre las puertas y define un camino para lograr un gran acuerdo constitucional", que "no es una vara mágica que resuelve todos los problemas", dijo Piñera, al firmar esta ley aprobada la semana pasada en el Congreso, y que es una de las principales demandas en las manifestaciones sociales que estallaron el 18 de octubre y se saldan con 26 muertos, según datos de la Fiscalía.

La promulgación se realizó en el palacio presidencial de La Moneda, ante la presencia de unos 300 invitados especiales, entre ellos el expresidente socialista Ricardo Lagos, quien hace 15 años introdujo las reformas más significativas a la Constitución aprobada en dictadura, que contenía una serie de enclaves considerados "antidemocráticos".

La reforma a la actual Constitución, señalada como una de las mayores fuentes de desigualdades de la sociedad chilena, al establecer quórum muy altos para cualquier cambio sustancial y no considerar la posibilidad de convocar a un plebiscito para estos fines.

Por esta razón fue necesario un acuerdo político entre la izquierda y los partidos de gobierno, que fue alcanzado el 15 de noviembre, dos días después de una jornada de extrema violencia en el país. 

En el plebiscito del 26 de abril se consultará a los chilenos sobre dos preguntas: si quiere o no una nueva Constitución y qué tipo de órgano debería redactar esa nueva Constitución, si una "comisión mixta constitucional" o una "convención constitucional", similar a una asamblea constituyente donde todos los integrantes sean electos por la ciudadanía.

"Hoy por primera vez tenemos la oportunidad de lograr con total libertad y en plena democracia un gran acuerdo constitucional, con amplia y efectiva participación ciudadana", agregó Piñera, cuya popularidad se desplomó a 11% debido al estallido social, que comenzó por el alza de la tarifa del metro y derivó en un masivo reclamo popular en favor de amplias reformas sociales, con escenas de extrema violencia.

"Este plebiscito, el primero en 30 años, nos debe servir para dejar atrás la violencia y las divisiones que hemos visto resurgir con dolor y tristeza durante estos días", acotó el mandatario.

La "convención mixta constitucional", impulsada por los partidos de la coalición de gobierno derechista, estaría integrada en partes iguales por miembros elegidos para este efecto y parlamentarios en ejercicio.

En la "convención constitucional", promovida por los partidos de la oposición, todos sus integrantes serían elegidos específicamente para esta ocasión, en un fórmula que aún no está definida.

En el Congreso, la cámara de senadores está discutiendo todavía si la eventual Asamblea será paritaria o tendrá cupos reservados para pueblos indígenas e independientes, y si la elección será o no con voto obligatorio. Los diputados ya aprobaron estos puntos el jueves pasado.

Si los chilenos aprueban una nueva Constitución, la elección de los miembros de una u otra instancia se realizará en octubre de 2020, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal y con voto voluntario.

El órgano que redacte la Constitución tendrá un plazo de nueve meses para elaborar el nuevo texto, prorrogable por otros tres meses más.

Los partidos de la coalición oficialista están divididos frente al plebiscito. El ultraconservador partido Unión Demócrata Independiente (UDI), la coalición política de derecha más grande de Chile, firmó el acuerdo para el cambio constitucional, pero llamará a votar por no modificar la carta magna.

"Vamos a hacer campaña por el 'no', porque nosotros creemos que la Constitución se puede perfeccionar; se puede mejorar pero creemos que no reconocer todo lo que habido es un error gigantesco", dijo la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselbergue