La intención del oficialismo, de una vez por todas, es acabar con la dirigencia opositora, levantando la inmunidad parlamentaria y adelantando las elecciones, en una escalada tras las sanciones de EE.UU.

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EN UN PASO más con vistas a establecer un régimen totalmente autocrático, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) chavista, elegida ilegítimamente hace dos años, ordenó abrir nuevas investigaciones en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra cuatro diputados opositores, por los presuntos delitos de “traición a la patria”.

Las investigaciones, viciadas en su forma por la ilegitimidad de los magistrados que solo actúan al servicio del chavismo, pueden derivar, como ha ocurrido en más de 80 ocasiones, en un dictamen que le levante la inmunidad parlamentaria a los cuatro diputados requeridos, acabando, lentamente, con la presencia de diputados opositores en la Asamblea Nacional, sea porque se exilian o son detenidos.

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A la espera de ser confirmado en los próximos días por el TSJ, tras las orden dada por el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, de que “el pueblo pide justicia y habrá cárcel para todo aquel, contra todo aquel que conspire contra la patria”, este golpe a la democracia venezolana puede conllevar al deterioro de la única institución en manos de la dirigencia opositora y, posteriormente, a la convocatoria de elecciones parlamentarias para anular finalmente cualquier representación contraria al régimen.

¿Intenta Maduro, y su círculo, imponer de una vez por todas el modelo cubano? La respuesta, para muchos evidente, es sí. Pero, precisamente por la existencia de la Asamblea Nacional, es que se puede decir que el régimen cubano y el chavista no son iguales, pues aún existe un espacio democrático, la Asamblea, que desde hace 60 años ha dejado de existir en la isla.

Sentencia, casi, final

El modelo de Maduro, a diferencia de muchos regímenes dictatoriales, ha intentado dotar de legitimidad constitucional e institucional todas sus decisiones contra la oposición. Aunque este tipo de medidas tienen como antesala una fuerte carga ideológica, los chavista, sean representantes político o jueces al servicio de Miraflores, citan la Constitución y un compendio de normas para justificar sus movimientos.

En medio de esa metamorfosis legalista, que cada vez es menos efectiva ante la arbitrariedad de las decisiones judiciales y el interés de las instituciones chavistas de imponer un modelo cubano, la Constituyente allanó la inmunidad parlamentaria de José Guerra, Rafael Guzmán, Tomás Guanipa y Juan Pablo García, dirigentes opositores, a quienes culpa de “traición a la patria”.

A pesar de que a la institucionalidad poco o nada le importan los principios democráticos y constitucionales, la figura de la inmunidad parlamentaria está plenamente regulada en la Constitución de 1999, que fue decretada por el líder del socialismo venezolano, Hugo Chávez.

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Para allanar a un parlamentario, el Tribunal debe proferir una sentencia que sirva como base para el levantamiento de la inmunidad. En el caso específico, hay dos elementos que no se han cumplido de manera idónea. El primero, que la única institución conforme a la Carta Magna de 1999 para levantar la inmunidad es la Asamblea Nacional, que no fue en este, como en todos los casos, la encargada de hacerlo. Tampoco el TSJ justificó la “traición a la patria”, una figura disoluta que el chavismo inventó recién inauguró la Constituyente a mediados de 2017.

Tras conocer la decisión, Guanipa la calificó de “ilegal e inconstitucional, no tiene potestad alguna para allanarle la inmunidad parlamentaria a ningún diputado, que el TSJ emita una sentencia exprés para pedirle a la ANC que vaya contra los diputados es una demostración de la dictadura que vivimos en Venezuela”.

El chavismo persigue directamente a Guerra y Guanipa por sus investigaciones sobre el robo del Banco Central de Venezuela (BCV) a manos de directivos chavistas, en una maniobra que ha derivado en un desfalco de enormes proporciones.

Al perder la inmunidad parlamentaria, los cuatro diputados entran al grupo de 18 parlamentarios que han sido objeto de esta medida, una forma de atacar a la oposición. Según la organización Acceso a la Justicia, desde 2015 se han proferido 85 sentencias contra el Legislativo venezolano, de las cuales 16 han tenido como objeto la pérdida de la inmunidad parlamentaria de los diputados.

Este alto número de sentencias se contrapone a la lentitud de la justicia venezolana para resolver procesos y peticiones sobre temas que conciernen al chavismo. En 2016, por ejemplo, el Legislativo interpuso una acción ante las autoridades electorales con el fin de iniciar un proceso revocatorio contra Maduro, el cual fue dilatado por Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) y alfil del chavismo, hasta que perdió vigencia.

¿Elecciones anticipadas?

Por tratarse de un cuerpo elegido popularmente, un elemento viciado en este caso, la Constituyente chavista es la institución más ilegítima en Venezuela. Además de haber sido impuesta arbitrariamente, este cuerpo político del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha sido el encargado de imponer un modelo de terror contra toda la oposición.

Esto se refleja en la opinión de los venezolanos, que en un número muy alto rechaza su gestión; más que la de Maduro y el resto de órganos. Datanálisis, encuestadora venezolana, dio a conocer que el 84% de los ciudadanos tiene una imagen negativa de ella y solo el 12% la apoya.

A pesar del poco apoyo popular, la Constituyente chavista anunció que estudia adelantar las elecciones parlamentarias, que están fijadas en el calendario electoral a finales de este año.

Para Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, esto sería “un desastre” para Maduro, ya que al anticipar los comicios “se van a ahogar en contradicciones, en aislamiento, se van a ahogar”. “Aquí estamos firmes y de pie, ejerciendo nuestras funciones”, añadió.

Tras la imposición de nuevas sanciones por parte de Estados Unidos, que han sido calificadas como “bloqueo” o “embargo”, el chavismo contrataca y busca, de una vez por todas, imponer su modelo cubano. El problema es que no cuenta con el apoyo popular que llegó a tener Fidel Castro cuando cerró el Parlamento.