LUEGO de la no aprobación de los presupuestos para el funcionamiento del gobierno español, el Primer Ministro Pedro Sánchez (1972 - ) –Partido Socialista Obrero Español (PSOE)- se ha visto forzado a convocar elecciones, para el día 28 de abril. 

Esto desata fuerzas que confluyen en un escenario que no era plenamente previsible hasta hace tan sólo dos meses.  Como un primer rasgo, es posible advertir que se hace prácticamente seguro que ninguno de los partidos en lo individual, podrá hacerse con la mayoría, por lo que desde ya, se va imponiendo la dinámica de coaliciones.

Como es de advertirse, Sánchez ha llegado a este extremo forzado por las circunstancias.  Se ha confirmado la debilidad de su gobierno el que depende de los apoyos parlamentarios de otras colectividades.  El sustento político lo tenía a partir de su propia agrupación socialista, además de la izquierda de Podemos y -lo que era crucial- el respaldo de las fuerzas que luchan por lo que sería un logro histórico: el establecimiento de una república en Cataluña.

No obstante, las cosas parecen haberse salido de control. Tanto las posiciones más conservadoras del Partido Popular, Ciudadanos y los extremos de la reacción en Vox, han recalcado las recriminaciones al Ejecutivo del Psoe.  Con ello desde luego, buscaban desgastarlo, ir quemando su imagen en el imaginario del electorado.  Pero no sólo ello, se tenía otra finalidad que ahora se ha logrado: convocar a elecciones lo más pronto posible, antes de 2020.

En todo esto no hay nada nuevo en las contiendas políticas: la lógica de los políticos es mantener y ampliar sus cuotas de poder.  Para ello, un mecanismo esencial es responder a la representación de los que serían los “actores políticos históricos”, por lo general, asociados al gran poder económico y a notables grupos de presión en las diferentes sociedades.

Es evidente que la falta de respaldo de las fuerzas independentistas de Cataluña al Psoe, ha sido un factor clave en todo esto de la elección que se avecina.  Con base en ello, no obstante, es muy posible que los demonios que ahora danzan en la dinámica electoral, terminen dándole el gobierno a las fuerzas más derechistas, con toda su intransigencia facilista y simple, en el dinámico escenario de lo que hasta ahora es España: un país que constituye -más que una cohesión única de Estado- una reunión de colectividades. 

Aunque no son los únicos, entre las mencionadas colectividades regionales más notables, se encuentran el País Vasco y Cataluña.

Uno de los escenarios previsibles en la conformación de la nueva legislatura que resultará del 28 de abril, es que efectivamente el Psoe pueda llegar a ser el partido más votado.  La situación política se perfila como muy dinámica, los números y las tendencias pueden dar vuelta con drasticidad, pero hasta ahora, para fines de febrero, los socialistas se proyectarían ganadores, pero con poco margen.  Lograrían un 28 por ciento de los sufragios.

Entretanto, los partidos más de derecha -PP y Ciudadanos- podrían, de manera conjunta superar al Psoe, y aliándose con la extrema derecha, más genuinamente heredera del franquismo, el partido VOX, podrían llegar a formar gobierno.  Es indudable que estos cálculos ya están siendo realizados por los diferentes partidos y las previsiones sobre la formación de gobierno se concretarían como producto de los votos del próximo abril.  Es a partir de allí que los diferentes grupos de presión verían ampliada o disminuida su representación en el Palacio de la Moncloa, sede del Ejecutivo español.

En medio de todo esto, la “separación” de los independentistas catalanes ha sido el elemento detonador de la dinámica tal y como ahora se presenta en las condiciones de poder político en España.  Al respecto es de recordar que -en términos de la historia inmediata- la última afrenta a Cataluña ocurrió en abril de 2006, tal y como lo documenta el investigador Iosu Perales desde Europa.

Fue en esas fechas cuando Cataluña, con la aprobación previa de su parlamento, presentó en Madrid un Estatuto de Autonomía el cual obtuvo el apoyo del Congreso y el Senado de España.  A continuación, con el fin de continuar con el procedimiento establecido, se sometió tal documento, a referéndum en Cataluña.  Todo fue pacífico, sin estridencias, ni dramas, ni tragedias.  Como se esperaba, la población catalana lo aprobó por el abrumador margen de 74 por ciento. 

Hasta allí las cosas por un cauce civilizado.  Pero saltó el Partido Popular e hizo que el Estatuto pasara al Tribunal Supremo.  En esa instancia, con posiciones más político-sectarias con fuerte aderezo de ideológica intransigencia, se “descuartizó” el Estatuto. 

Los catalanes han enfrentado casi desde entonces  -ha sido una acción psico-social reiterada- por parte de los sectores más pertinaces, a la hostilidad, los insultos, la violencia, y la abierta inequidad en el trato de la justicia.  En una palabra, una tendencia peligrosa de catalanofobia.  Este es el condimento fundamental de lo que estamos presenciando ahora.  Este es uno de los rasgos principales en la España que llega al abril de 2019.

Es evidente que los españoles deben enfrentar una renovación de la representación política; posiblemente una alternancia en la conformación de posiciones de poder. Lo que amenazaría con tener bastante probabilidad, es el establecimiento de la intransigencia por sobre la flexibilidad autonómica y el diálogo.  Ante ello se esgrimiría con mayor énfasis, la aplicación drástica, sin remilgos, como ahora ocurre, de los legalismos. Todo ello en detrimento de las autonomías, llámese catalana, vasca o como se quiera.  Este es el devaneo político de la España actual, la que intenta ser parte de la Europa del Siglo XXI.

*Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard. Profesor, Facultad de Administración de la Universidad del Rosario. El contenido de este artículo es de entera responsabilidad del autor por lo que no compromete a entidad o institución alguna.