Este martes Bolsonaro tomó la primera medida de impacto desde que tomó posesión del cargo el pasado 1 de enero. Cumpliendo la que era una de sus principales promesas de campaña electoral, el presidente brasileño firmó un decreto que facilita el porte de armas de fuego en el país.

El decreto establece que el ciudadano que desea poseer un arma legalmente debe ser mayor de 25 años, tener una ocupación lícita, no responder a ningún proceso criminal ni haber sido condenado, poseer residencia fija, así como tener capacidad técnica y psicológica para usar el arma.

Estos requisitos son los mismos que antes. El principal cambio radica en el criterio para conceder la posesión del aparato. Antes era un agente de la Policía Federal quien hacía la evaluación -la cual era subjetiva, ya que dependía de su valoración personal-, y determinaba si la persona podría o no poseer un arma. Ahora basta con que el interesado cumpla con los requisitos del decreto, ya que no es obligatorio que la Policía dé su autorización. El presidente también modificó el plazo de validez del documento de posesión, que pasó de cinco a 10 años.

Los interesados que tengan sus solicitudes aprobadas podrán comprar hasta cuatro armas de fuego, de acuerdo con el decreto. Esta cantidad puede aumentar siempre que esté justificada, por ejemplo, en caso de que un ciudadano tenga más de una propiedad rural.

Una encuesta del instituto Datafolha, publicada esta semana, muestra que el 68% de la población está en contra del ablandamiento de los requisitos para poseer un arma.

Bolsonaro, por su parte, defiende su posición basado en un referendo realizado en el 2005, cuando el 63% de los brasileños votó a favor de la libre posesión de armas, aunque esta medida no fue llevada a cabo por el Gobierno del momento.

“Como el pueblo decidió de modo soberano, yo, como presidente, usaré esta arma (un bolígrafo)”, dijo el presidente al firmar el decreto.

“La bancada de la legítima defensa es muy grande”, añadió Bolsonaro, refiriéndose a lo que se conoce en el Congreso como la “bancada de la bala”. El presidente asegura que la medida traerá “paz” a los “ciudadanos de bien” en sus casas.

La medida es polémica, por lo que ya se especula que será impugnada judicialmente. Tan pronto se anunció, a finales del año pasado, un grupo de técnicos del Supremo Tribunal Federal comenzó a estudiar la legalidad de ese cambio legislativo. La cuestión legal es si los cambios en las leyes deben ser hechas por medio de un decreto o solo por votación del Congreso Nacional

Organizaciones de la sociedad civil realizan campañas en las redes sociales en contra de esta decisión. Argumentan que el decreto no ayuda a resolver el problema de la seguridad pública en un país en el que se registraron 43.000 homicidios por armas de fuego en 2018, lo que representa el 71% de los casos de asesinatos.

Empresa de armas Taurus

Una de las principales beneficiadas por el decreto de Bolsonaro es la empresa Taurus Armas (antigua Forjas Taurus), la mayor fabricante brasileña de armas de fuego, cuyas ventas representa el 86% de sus ingresos.

Las acciones de la compañía, que se negocian desde hace años sin grandes cambios en la Bolsa de Sao Paulo, ya habían comenzado a dispararse a medida que el ultraderechista se consolidaba en las encuestas electorales.

En el último año, las acciones de Taurus registraron una valorización de más del 250%. El anuncio de Bolsonaro de su intención de firmar el decreto, tres días antes de su toma posesión, dispararon nuevamente las acciones de la compañía.