El gobierno de Bolivia acordó este miércoles con la OEA hacer una auditoría de carácter "vinculante" a las elecciones que dieron un polémico triunfo al presidente Evo Morales, en busca de una salida a las protestas que continúan en las calles del país.
"Hemos concluido los acuerdos a ser firmados entre Bolivia y la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se pueda realizar la auditoria integral a las elecciones generales del 20 de octubre", anunció en rueda de prensa el canciller boliviano, Diego Pary.
Como había solicitado expresamente el candidato opositor Carlos Mesa, que ha denunciado un fraude electoral, "el resultado del informe de auditoría será vinculante para las dos partes", agregó Pary.
El acuerdo con la OEA, garantiza "la verificación de las actas, verificación del proceso, datos estadísticos y cadena de custodia" de los votos, además del "acceso a las instalaciones e información que soliciten" los técnicos que llegarán al país este mismo jueves para dar inicio a la auditoría.
El proceso de revisión, según el pacto, "se concentrará en la jornada electoral y las fases posteriores".
Mesa, un centrista que gobernó Bolivia entre 2003 y 2005, allanó el martes el camino a la auditoría con la esperanza de que esta "va a demostrar, de manera palmaria e inequívoca el fraude".
La auditoría fue planteada la semana pasada por Morales al secretario general de la OEA, Luis Almagro, después de que la oposición denunciara un fraude para garantizar un cuarto mandato de Morales, con complicidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Un primer sistema de conteo rápido de votos del TSE anticipaba, horas después de la votación, una segunda vuelta entre Morales y Mesa.
Pero tras un silencio de más de 20 horas sobre el avance del escrutinio -que despertó sospechas y denuncias-, la tendencia cambió y finalmente fue declarada la victoria de Morales en primera ronda con el 47,08% de los sufragios frente al 36,51% de Mesa.
La ley boliviana atribuye la victoria en primera vuelta con más del 50% de los votos o con el 40% y una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre el segundo.
Grupos radicales se oponen
Pero la decisión de ir a la auditoría no es compartida por algunos grupos civiles que lideran desde hace una semana las protestas en varias ciudades del país.
Contrario a la auditoría de la OEA, el líder del opositor comité cívico de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho, ha propuesto anular los comicios.
"La solución es anular las elecciones e ir a un nuevo proceso (...). Si acepta el gobierno, se suspendería el paro" que se mantiene esa localidad del suroeste boliviano y que se replica parcialmente en otras ciudades como La Paz, dijo Camacho.
En medio de las protestas, esta semana se han registrado duros choques en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba entre leales a Morales y a Mesa, con un saldo preliminar de más de 40 heridos, entre ellos cinco de bala.
Frente a la escalada de violencia, la ONU hizo el martes "un llamado clamoroso y urgente a los actores políticos, a los sectores sociales, y a todas y todos los bolivianos a reducir tensiones y rechazar todo acto de violencia".
Denuncia de "golpe"
Morales, de 60 años y en el poder desde 2006, ha dicho que las protestas forman parte de un plan de "golpe de Estado" en su contra alentado por su rival en las elecciones generales.
Mesa, de 66 años y quien hasta ahora planteaba desconocer los resultados, rechazó esas acusaciones y desafió el lunes al gobierno en una masiva concentración, especialmente de jóvenes universitarios, en un barrio acomodado de La Paz. "Aquí estoy, o voy a la cárcel o voy a la presidencia", dijo entonces.
El gobernante boliviano, de su lado, llamó a acudir a La Paz a agrupaciones de mineros y campesinos oficialistas provenientes de zonas andinas para defender lo que llama su "proceso de cambio".
Sus aliados dijeron haber llegado con la intención de cercar la ciudad, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, aunque de momento se han limitado a marchar por las calles del centro detonando estruendosos artefactos y gritando su apoyo a Morales.