DIPUTADOS y activistas antibrexit lanzaron la batalla, ante los tribunales y en las calles, para impedir al primer ministro Boris Johnson que suspenda las labores parlamentarias hasta dos semanas antes de la fecha de salida de la Unión Europea.

Johnson anunció el miércoles haber pedido a la reina Isabel II la suspensión de la sesión parlamentaria entre la segunda semana de septiembre y el 14 de octubre, a tres días del Consejo Europeo y 17 de la fecha en que prometió sacar al país del bloque con o sin acuerdo.

Esto provocó una ola de indignación y protestas. Diputados opositores se declararon determinados a intentar aprobar una legislación urgente contra un Brexit sin acuerdo y a lanzar una moción de censura contra Johnson.

El primer ministro también sufrió un duro revés cuando la carismática líder de su Partido Conservador en Escocia, Ruth Davidson, contraria a una salida brutal de la UE, anunció su dimisión aduciendo motivos familiares y políticos.

De forma "inteligente", según el constitucionalista Robert Craig, para suspender el parlamento el primer ministro no aludió al Brexit, sino a una práctica habitual que permite a todo nuevo ejecutivo presentar su programa legislativo.

Sin embargo, la empresaria y activista antibrexit Gina Miller impugnó "el efecto y la intención" de la decisión mediante una acción ante la justicia: la medida "fue manifiestamente utilizada (...) para impedir que el parlamento legisle contra un Brexit sin acuerdo", dijo en la BBC.

Miller fue la responsable en 2017 de una victoriosa batalla legal que obligó al gobierno de Theresa May a requerir la aprobación parlamentaria para todo acuerdo con Bruselas.

Esta vez pidió "una audiencia urgente la semana que viene y una orden judicial provisional" contra la decisión de Johnson.

Por otra parte, unos 75 parlamentarios proeuropeos fueron recibidos de urgencia por la más alta instancia civil de Escocia, a la espera de una audiencia completa prevista el 6 de septiembre. Y en Irlanda del Norte el activista Raymond McCord presentó una demanda, que será examinada el viernes, para obligar al primer ministro a revocar su petición a la reina.

Con eslóganes como "Paren el golpe de Estado", miles de personas se manifestaron el miércoles en Londres y otras grandes ciudades y más protestas están previstas el sábado a nivel nacional. 

Se convocó además una gran manifestación para el martes, cuando los diputados vuelven al trabajo.

"Somos miles los que nos uniremos a una ocupación del Parlamento y bloquearemos las carreteras antes de permitir que Johnson cierre las puertas a la democracia", lanzó Laura Parker, una de sus organizadoras. También para el martes se convocó una protesta ante la embajada británica en Dublín.

Mientras tanto, una petición contra la suspensión sumaba 1,5 millones de firmas, aunque basta con 100.000 para provocar la apertura de un debate parlamentario en el Reino Unido.

Johnson se declaró dispuesto a rescatar el acuerdo con los 27 a condición de que supriman del Tratado la "salvaguarda irlandesa", mecanismo destinado a evitar una nueva frontera en la isla de Irlanda que los euroescépticos acusan de mantener al país en las redes de la UE.

De lo contrario amenaza con un Brexit sin acuerdo, que tendría caóticas consecuencias para ambas partes.

Lideradas por el Partido Laborista de Jeremy Corbyn, las fuerzas de la oposición iniciaron una concertación para evitarlo. Esto llevó a Johnson a denunciar un "sabotaje" de su negociación con Bruselas. Y poco después, a anunciar la interrupción parlamentaria. 

Según The Times, Johnson dijo a su gabinete que ahora la UE entendería que la cosa va "realmente en serio" y sería más proclive a aceptar sus condiciones.