El exministro de Gobierno (Interior) y poderoso colaborador del expresidente boliviano Evo Morales, Carlos Romero, fue aprehendido este martes por orden de la fiscalía y conducido a celdas judiciales tras acogerse a su derecho al silencio, informó el Ministerio Público.

Romero debe comparecer ahora ante un juez que determinará si lo detiene en la cárcel, le da arresto domiciliario o se defiende en libertad de los delitos de los que se le acusa.

El exministro de Gobierno fue escoltado previamente por policías desde el hospital donde estaba convaleciente para que fuera a declarar a la fiscalía anticorrupción y respondiera por supuesto "uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes".

La denuncia está relacionada específicamente a supuestos malos manejos en una unidad gubernamental de lucha contra el narcotráfico (Uelicn).

Romero, de 53 años, fue ingresado el sábado a un centro médico de La Paz, con un cuadro de deshidratación, hipertensión y depresión. El exministro denunció haber permanecido "secuestrado" en su casa por civiles contrarios a Morales que le impedían el ingreso de alimentos.

Desde su refugio en Argentina, el expresideente Morales defendió a su excolaborador. 

"Al mando de Carlos Romero denunciamos en nuestro gobierno actos de corrupción de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral contra el Narcotráfico (UELICN), ahora resulta que somos nosotros los acusados", escribió Morales en Twitter.

"Lo que quiere el régimen de facto de (la presidenta interina de derecha Jeanine) Áñez no es justicia, es venganza e impunidad", agregó el exmandatario.

El Ministerio Público había citado a Romero para el lunes, pero el funcionario no pudo asistir por razones de salud. 

La Fiscalía había aclarado a primera hora de la tarde del martes que el exfuncionario no estaba detenido y que había sido trasladado a declarar una vez que obtuvo el "alta médica".

Romero se suma a la lista de exfuncionarios denunciados por el actual gobierno de la derechista  Áñez e investigados por la fiscalía.

Los exministros Juan Ramón Quintana (Presidencia), Vilma Alanoca (Cultura) y Javier Zabaleta (Defensa) están asilados en la residencia de México y sobre ellos pesan cargos por sedición y terrorismo.

Exautoridades del gobierno anterior buscaron asilo o salieron del país, tras la renuncia de Morales al poder el 10 de noviembre pasado, a raíz de una fuerte crisis social.