Santa Cruz de la Sierra, motor del desarrollo boliviano, se paralizó ayer por una huelga que marca el inicio de una serie de protestas regionales escalonadas contra la postulación del presidente Evo Morales a un cuarto mandato en las elecciones generales de octubre.

La huelga de 24 horas es promovida por el opositor Comité Cívico Pro-Santa Cruz, que agrupa a juntas de vecinos, sectores de comercio y transporte público y algunos empresarios. 

Además, cuenta con el apoyo del expresidente Carlos Mesa, principal opositor de Morales según las encuestas, y de otros tres candidatos enfrentados al mandatario.

La protesta incluye un pedido de renuncia al Tribunal Electoral, que la oposición considera funcional al oficialismo. 

Según Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico Pro-Santa Cruz, la huelga intenta "recuperar un árbitro imparcial", pues la corte electoral dio luz verde a una postulación "ilegal" de Morales, que gobierna desde 2006 de manera sucesiva.

De acuerdo con Camacho, el paro "está siendo acatado de forma total". 

El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, dijo el lunes por la noche que la huelga de Santa Cruz está organizada por "gente que está políticamente identificada con la derecha", y que "en el fondo lo que buscan es que se suspendan las elecciones" de octubre. 

"Creemos que le temen a las urnas", señaló. 

Un Comité de Defensa de la Democracia (Conade), que agrupa a personalidades independientes y a comités cívicos de los nueve departamentos, acordó el lunes llevar adelante una serie de huelgas escalonadas regionales hasta llegar a un paro nacional en una fecha aún no fijada.

Anteriormente, la oposición ha intentado impedir la candidatura de Morales a un cuarto mandato alegando que un referendo nacional le negó esa posibilidad en 2016. Sin embargo, un año más tarde el Tribunal Constitucional avaló su participación en los comicios bajo el argumento de que era su derecho humano.

El Tribunal Electoral alega que no puede cambiar un fallo del Tribunal Constitucional, al que la oposición acusa también de estar controlado por el oficialismo.

A tres meses de las elecciones, la oposición todavía está dividida en siete candidaturas -a pesar de que algunos políticos creen que deberían unirse para derrotar a Morales- y ninguna ha dado a conocer un plan concreto de gobierno.

Según sondeos de mayo publicados en los diarios La Razón y Página Siete, Morales es favorito con una intención de voto de entre 34% y 38%; seguido por Mesa, entre el 27% y 28%; y Óscar Ortiz (derecha), con el 8%.