Este año trae consigo la programación de importantes elecciones ya sea generales o presidenciales en el continente.  No sólo se elegirán nuevos gobiernos o actores políticos. También se trata de un año en el cual se van consolidando -como primer año de gobierno- regímenes recién estrenados en Brasil y México, las dos economías que en conjunto dan cuenta de casi el 70 por ciento del producto interno bruto de la región.

Las elecciones tendrán lugar en Bolivia, El Salvador, Guatemala, Argentina, Panamá y Uruguay. Es cierto que los actuales procesos y mecanismos de la globalización han ido erosionando la importancia del estado-nación como unidad de estudio socio-político y económico.  No obstante, para muchas de las disposiciones nacionales así como de vínculos multilaterales y medidas relacionadas con zonas de acuerdos comerciales, las elecciones nacionales resultan claves en el impacto que tienen para los diferentes grupos sociales.

Las elecciones en El Salvador están programadas para el 3 de febrero próximo.  En este caso, el desgaste que conlleva el mando en el gobierno por el FMLN, de tendencia izquierdista, es notorio.  Es probable que las fuerzas más conservadoras, como el partido Arena, puedan regresar a ser oficialismo. Este partido resultó ganador en elecciones parlamentarias del año pasado. 

En este caso, como en el de muchos otros países de la región, más que posiciones ideológicas, se imponen temas y preocupaciones ciudadanas como el crecimiento económico, la generación de empleo y oportunidades para los sectores mayoritarios, seguridad y control a la criminalidad común, además de lucha contra la corrupción e impunidad. 

En el caso de El Salvador, mucha de la violencia se origina en las bandas denominadas “maras”, las que tienen una amplia presencia en el país, con toda su cuota de criminalidad, extorsión y secuestro. En todo caso, y esto es generalizable en muchas situaciones de la región, estas condicionantes se desarrollan en escenarios que tienen débil presencia de las instituciones del Estado.  En medio de esa dinámica, en El Salvador la sorpresa de la victoria podría darla el joven candidato Nayib Bukele, de la agrupación Gana.

En mayo se tendrán elecciones en Panamá.  Se trata de un país que en la última década ha tenido un notable crecimiento económico y apertura de oportunidades para la población mediante la generación de empleo. Sin embargo tiene índices de inequidad altos y los candidatos se han enzarzado en una dinámica persistente de inculpaciones mutuas.

En Guatemala se espera tener elecciones presidenciales el 16 de junio de 2019.  El ambiente se encuentra sumamente enrarecido, luego de que el actual mandatario Jimmy Morales -un ex comediante y pastor evangélico- tratara de evitar el funcionamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).  Fue esta instancia internacional la que ha permitido encontrar al menos 60 casos de gran corrupción en el Estado guatemalteco.  Producto de ello están procesados al menos dos ex presidentes del país.

Morales llegó a la presidencia fortalecido por el impacto del trabajo de la CICIG, pero desde el año pasado, esta misma instancia ha encontrado indicios de notoria corrupción por parte de uno los hijos del gobernante, de un hermano suyo y de la misma presidencia.  La trama parece ser siniestra, criminal y ampliamente extendida, y se relaciona con intereses de fuertes sectores económicos, con dominio político desde la colonia en ese país. 

Las denominadas 8 familias de poder real se podrían ver muy afectadas por el trabajo de la Cicig.  Producto de ello, los grupos del “poder de siempre” en Guatemala, junto a un congreso tildado reiteradamente de corrupto y a integrantes del ejército relacionados con genocidio, respaldan a Morales en su intento por expulsar a la Comisión Internacional.  El pueblo protesta en las calles y al momento de redactar esta nota, continuaba el pulso en las instancias legales del país.  Guatemala se desliza aún más en cuanto a ser un estado fallido, acercándose a las condiciones del sufrido Haití, en el continente latinoamericano. 

Octubre próximo viene programado con elecciones en Argentina, Bolivia y Uruguay.  En el caso de Macri, desde Buenos Aires, las medidas fundamentalistas de los modelos neoliberales no han tenido los resultados previstos por el actual gobierno. Las condiciones sociales han tendido a empeorar para quienes viven en condiciones de marginalidad y la popularidad del partido oficial se habría comprometido de manera significativa.

En Bolivia, Evo Morales insiste en presentar de nuevo su candidatura a pesar de que un referéndum al respecto indicó, por más de 51 por ciento de los votos, que no debería postularse. Morales apeló la decisión, entraron a jugar los abogados y mediante sinuosas interpretaciones, las cortes aprobaron la participación del actual mandatario.

Es cierto que Bolivia ha tenido un notable crecimiento económico, que la pobreza se ha visto disminuida y que los impactos derivados de la baja en los precios de las exportaciones tradicionales no han sido tan lesivos con las variables sociales, como sí ha ocurrido en otros países latinoamericanos.  Sin embargo la terquedad de Morales y del equipo oficial en el poder afecta la legitimidad legal y concreta del régimen.

Finalmente el caso de Uruguay.  En este país, las fuerzas más conservadoras, posiblemente encabezadas por el millonario Juan Sartori, con intereses ligados a los agronegocios, tratarán de arrebatarle el poder al Frente Amplio.

Latinoamérica busca nuevos horizontes, en los cuales el control a la corrupción y a la delincuencia común, se acompañe de una intensa y coherente lucha contra el robo de los recursos del Estado. En donde mayores oportunidades y disminución de la inequidad galopante, promuevan por fin, los siempre pospuestos retos de las agendas del desarrollo.

(*) Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard. Profesor de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario.